Según parece, el Gobierno que preside el señor Sánchez va a retirar a la Guardia Civil de la vigilancia del tráfico en las carreteras de Navarra. Una medida más para continuar la desmembración de España ¿Qué diría un navarro ilustre nacido en Pamplona, el fundador de la Benemérita, D. Francisco Javier Girón y Ezpeleta, Duque de Ahumada y Marqués de las Amarillas?
La Guardia Civil, fundada en 1844, con extensión en toda España e incluso en las colonias (Cuba, Puerto Rico, Guinea, etc.) se creó como una gendarmería militar nacional coordinada que sustituyese a las varias fuerzas policiales que actuaban aisladas las unas de las otras en las distintas regiones (alguaciles, corchetes, migueletes, mozos de escuadra, somatenes, miñones, forales, etc.). La Guardia Civil fue el elemento principal en la supresión del bandolerismo derivado de las Guerras Carlistas en el siglo XIX, en la erradicación del maquis derivado de la Guerra Civil en el siglo XX y en la eliminación del terrorismo separatista de ETA entre el final del siglo XX y el principio del presente siglo.
Desde su creación ha destacado su prolongada ejecutoria en la protección de las propiedades, en el auxilio a los ciudadanos, en la custodia y vigilancia de vías de comunicación terrestre, costas, puertos y aeropuertos, y en la vigilancia de las fronteras. Y en todo caso se ha constituido como un elemento imprescindible de la cohesión nacional mediante su cercanía a la población y su conjunción de disciplina, cortesía, tradición y modernidad.
Y ¡mira por dónde! un ministro del Interior que, durante su ejecutoria judicial se hizo querer por todos los miembros del Benemérito Instituto, hace desaparecer a la Agrupación de Tráfico de las carreteras de Navarra. Hay que suponer que cumple órdenes del presidente del Gobierno. Parafraseando no sé si a Metternich, Poincaré, Clemenceau, Churchill o Gladstone, a propósito de la guerra y los militares podría decirse que "la seguridad pública es un asunto demasiado importante para dejársela a los ministros del Interior".
La Policía Foral, la Ertzaintza y los Mozos de Escuadra son guardias pretorianas de los políticos que las dirigen
¿Qué legalidad constitucional o estatutaria exigía esta cesión? El próximo paso puede ser la fusión de la Policía Foral de Navarra con la Ertzaintza, como elemento cimentador de una posible incorporación de Navarra al País Vasco admitida por la Disposición Transitoria 4ª de la Constitución Española, satisfaciendo así los insaciables anhelos del separatismo vasco. Ya hace tiempo que la Ertzaintza absorbió al Cuerpo de Miñones de Álava.
Esa cesión gratuita no es nueva. En 1998 otro Gobierno, el del señor Aznar, entregó la vigilancia del tráfico en las carreteras de Cataluña a la Generalidad, retirando a la Guardia Civil, que fue sustituida por los Mozos de Escuadra.
Muchos de los que votamos la Constitución Española el 6 de diciembre de 1978 no estábamos conformes con su Título VIII que desarrollaba las Comunidades Autónomas, aunque esa disconformidad no nos impidió jurar su acatamiento y defensa, porque el abuso de las posibilidades que da ese Título (concebido para la descentralización administrativa) contiene el germen de la desmembración del Estado y de la Nación, como se está viendo en la actualidad con el proceso separatista catalán.
El artículo 149-29ª de la Constitución Española nunca debió redactarse en el sentido de permitir la creación de Policías Autonómicas con competencia en seguridad pública, porque desde el principio se constituyeron en fuerzas al servicio del poder político regional, carentes de la imparcialidad y la lealtad de la que hacen gala la Guardia Civil y la Policía Nacional. La Policía Foral, la Ertzaintza y los Mozos de Escuadra son guardias pretorianas de los políticos que las dirigen. Véase, si no, la postura de una gran parte de los Mozos, principalmente sus jefes, en el proceso separatista catalán.
Los automovilistas y transportistas, sean del lugar que sean, tienen derecho a verse protegidos y auxiliados por la Guardia Civil
La reticencia a compartir sus informaciones y estadísticas con la Policía Nacional y con la Guardia Civil, y la constante pretensión de rebasar los límites territoriales de las Comunidades Autónomas donde operan (singularmente la Ertzaintza en Cantabria y La Rioja), así como su afán expansivo por estar presentes en instituciones de ámbito nacional e internacional que no les competen (CITCO, Europol, Comisarías Transfronterizas) revelan claramente su deseo de expulsar a la Guardia Civil y a la Policía Nacional de su territorio propio, dejando al Estado sin defensas (y, además, con el consentimiento del propio Estado).
No basta con que la Benemérita mantenga casas cuartel que albergan comandancias, compañías, puestos principales y puestos. Los automovilistas y transportistas que circulan por las autopistas de dichas regiones, sean navarros, catalanes o del resto de España, tienen derecho a verse protegidos y auxiliados por la Guardia Civil. Y si se quiere dar competencia a la Policías Autónomas, que se distribuyan por zonas geográficas o por la clase o categoría de la vía: autopistas, carreteras nacionales, regionales, etc. (en Navarra, la A-10, la A-15, la A-21, la N-111, la N-121, etc.; en Cataluña, A-2, A-7, A-26, N-340, N-420, etc. ). Todo antes de deshacer siglo y medio más tarde y exclusivamente por motivos políticos una de las estructuras más logradas, importantes y útiles para la convivencia y el orden en la nación.
Que el Gobierno, cualquier Gobierno, no tenga que arrepentirse de la decisión tomada cuando ya sea demasiado tarde.
*** Eduardo Fungairiño Bringas es fiscal de Sala del Tribunal Supremo jubilado.