En agosto con recortes y sin presupuestos

El vicepresidente de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, compareció el pasado 20 de agosto en el Parlament, obligado a explicar los recortes del 6% en el presupuesto de entes y departamentos de la Generalitat. Lo más sorprendente es que Aragonés, virtual líder de Esquerra Republicana, afirmó que no había comparecido en el Parlament para decir “Espanya ens roba”, sino que animaba a todas las CCAA, salvo el País Vasco y Navarra que no se ven afectadas, a seguir sus pasos, reclamando judicialmente lo que el Estado adeuda “legalmente” a las CCAA. Un par de días después, en la radio, el nuevo consejero de Hacienda de Madrid, Fernández Lasquetty del PP, señalaba que "No reclamaremos financiación de la mano de los que quieren destruir España", pero que ya había enviado una carta reclamando el importe que les correspondía a la Comunidad de Madrid.

Tanto las declaraciones, como el hecho de que hayan empezado los recortes, parece puro surrealismo pero son las consecuencias del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas que tenemos, combinadas con los efectos de no tener presupuestos, ni en el Estado ni en Cataluña, aunque de Cataluña hablaremos otro día. Y aquí da la sensación de que todo esto no se comprende, y difícilmente se puede solucionar lo que no se comprende. Lo peor de todo es que estamos volviendo a asistir a recortes no planificados del gasto público, en los que el nacionalismo le echa la culpa al Estado, que califica de “puro centralismo y jacobinismo”. Y eso no es bueno ni política ni económicamente.

Comencemos por los hechos: el Estado no debe, según las leyes vigentes, 6.452 millones de euros a las Comunidades Autónomas. Ahora bien, éste era el incremento de financiación previsto para las CCAA en el proyecto de presupuestos para 2019. Con estas cifras, esencialmente los 3.959 millones de incrementos de las “entregas a cuenta”, las CCAA elaboraron sus presupuestos. Las CCAA se financian fundamentalmente de la cesta de los impuestos cedidos, 50% del IRPF, 50% del IVA y 58% de los impuestos especiales, que recauda la Agencia Tributaria y luego transfiere a las Comunidades Autónomas.

Según la ley del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas, la actualización de las entregas a cuenta del sistema de financiación se realiza en los presupuestos generales del Estado. Esto quiere decir que, si no hay presupuestos, las entregas a cuenta son las mismas que las del año anterior, de acuerdo con la ley vigente. Ahora bien, si las CCAA tienen que pagar, por ejemplo, incremento de nóminas de los empleados públicos, o un gasto sanitario que se incrementa, y sin embargo no se les incrementa la financiación de acuerdo con lo previsto, evidentemente tienen un problema que puede acabar en recortes y/o en subidas de impuestos en las CCAA. La experiencia dice que, tristemente, estos recortes se acaban cebando en los más débiles, y afectando a servicios esenciales como la sanidad y la educación.

Ahora bien, el Estado no se queda definitivamente con el dinero de las entregas a cuenta por el mero hecho de que no haya presupuestos. En la liquidación definitiva, que se realiza dos años después, se calcula qué importe de los impuestos cedidos corresponde a cada Comunidad Autónoma y se liquida la diferencia. Esto quiere decir que estos 3.959 millones de euros se pagarían a las CCAA en 2021. Esto resulta bastante absurdo hoy en día, cuando estos importes se pueden conocer en muy poco tiempo, pero es lo que hay.

Evidentemente, el sistema de financiación de las CCAA necesita una reforma legal porque la ausencia de apoyo político de unos presupuestos no deberían pagarla los ciudadanos en forma de recortes no planificados del gasto público, o incremento de impuestos. Sobre todo, si estos recortes o este incremento de impuestos no se derivan de razones económicas, sino simplemente porque la Ley del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas estaba basada en dos ideas falsas: que el Estado siempre tiene presupuestos y que los datos para realizar la liquidación no están disponibles hasta dos años después.

Hay un segundo problema: las consecuencias de la implantación del sistema de suministro inmediato de información en el IVA en 2017. El Sistema inmediato de información consiste en que, para la mayor parte de la recaudación de la liquidación del IVA que hacen las empresas que facturan más de 6 millones de euros -es decir, empresas medianas y grandes, más las empresas que voluntariamente se acogen al sistema, más nuestros exportadores-, se envíen con un desfase de solamente cuatro días los datos de las facturas emitidas y recibidas. Esto supone para los contribuyentes españoles honestos, para las empresas, un esfuerzo, una burocracia, y esto hay que compensarlo. Por cierto, el sistema de suministro inmediato de información es un gran avance en la lucha contra el fraude fiscal.

¿Y cómo se ha compensado la imposición de burocracia? Entre otras cuestiones, dándoles diez días más de plazo a las empresas para que ingresen el dinero, pero todo él lo ingresan dentro del año natural. ¿Qué es lo que ocurre? Que los bancos, de acuerdo con el convenio con la Agencia Tributaria, lo ingresan diez días más tarde. Por tanto, en régimen de devengo, que es el que computa a efectos de contabilidad nacional, el que computa a efectos de déficit, no hay ninguna alteración con el Sistema inmediato de información, lo que sí hay, el día 31 de diciembre, es una recaudación menor en la caja, porque no ha llegado el pago de noviembre de las grandes empresas. ¿Cuánto dinero es esto? Aproximadamente 5.000 millones de euros.

De estos 5.000 millones de euros, la mitad corresponden a las Comunidades Autónomas. Sin embargo, el dinero se reparte entre el Estado y las Comunidades Autónomas en función de la recaudación efectiva en caja en el año correspondiente. Esto significó que en 2017 llegaron 5.000 millones menos a la caja, lo que significan 2.500 millones menos para las Comunidades Autónomas. Un retraso en un cobro en 2017 origina para las Administraciones Autonómicas nada menos que 2.500 millones menos en la liquidación definitiva de 2017 que hay que realizar en 2019. Pero de nuevo, es una cuestión legal, no es que el Estado haya incumplido la ley.

Obviamente, todo esto no se soluciona con acusaciones políticas, ni acudiendo a los Tribunales de Justicia, sino modificando la ley del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas. Ya no es una cuestión de una reforma en profundidad, que también es necesaria, sino una simple cuestión de poner un parche. Pero para eso hace falta consenso político, y antes que eso identificar correctamente los problemas. Los ciudadanos no se merecen recortes, subidas de impuestos e ineficiencia económica y presupuestaria que podrían evitarse perfectamente.

Coda: Desde que hace ahora cuatro años empecé a colaborar con EL ESPAÑOL, todos mis artículos estaban firmados como dirigente político de Ciudadanos. Como seguramente el lector ya conoce, pero es importante recordarlo, dimití de todos mis cargos en Cs el pasado 25 de julio, con lo que esta tribuna es una opinión exclusivamente personal.

*** Francisco de la Torre Díaz es economista e inspector de Hacienda.