La sentencia del procés se daba a conocer el lunes 14 de octubre a primera hora de la mañana. Todos conocen su contenido. Los medios de comunicación la recibieron a las 9.30 horas. Ese mismo día, concretamente a las 10.23, la comunidad universitaria de Cataluña recibía un correo electrónico dando a conocer un comunicado de los rectores de las universidades públicas catalanas. En el mismo se posicionaban sobre la sentencia judicial. Hay que reconocer la habilidad que tuvieron los rectores para leer las 500 páginas de la misma y además consensuar un texto que suscribieron colegiadamente todos ellos en menos de una hora.
Desde entonces los catalanes hemos sufrido una semana negra por culpa de la violencia en las calles de nuestras ciudades. Pero me voy a detener de nuevo en otra anécdota. A los tres días de la sentencia se convocaba al claustro de la Universitat de Lleida (UdL) en convocatoria extraordinaria y aprobaba por mayoría absoluta una Declaración contra nuestro Estado de Derecho y en favor de los políticos condenados por sedición.
El documento, según explicó la propia Universidad, sometido a votación secreta obtuvo 115 votos a favor, 12 en contra, 12 abstenciones y un voto declarado nulo. En la misma, además solicitaba la reprobación de varias personas, entre ellas la delegada del Gobierno, el Rey Felipe VI, el juez Marchena, etc. Así, a primera vista, la Universidad de Lleida por amplísima mayoría aprueba un comunicado que suscribiría cualquier partido separatista.
Ahora bien, ahondando un poco encontramos que dicho claustro está formado por 230 personas de las que casi la mitad -desconozco los motivos aunque los imagino- no acudieron. Por tanto la realidad es que fueron solo la mitad de sus miembros quienes suscribieron la misma, algo que ya se aproxima a lo que luego sucede en las urnas democráticas.
El nacionalismo ha potenciado a personalidades de su ideología en los órganos de gobierno universitario
¿Alguien se pregunta por qué tantos miembros claustrales no fueron a votar? La respuesta, conociendo un poco cómo funciona el nacionalismo, es sencilla de explicar. Son excepcionales los universitarios que se han quejado de que la Universidad se posicionara en nombre de todos en un tema que es político, recordando que sus miembros no han sido elegidos por su ideología, sino por su capacidad académica y con esa finalidad.
Lo interpreto apoyándome en Churchill: "Todo el mundo está a favor de la libertad de expresión. Apenas pasa un día sin que ésta sea exaltada. Pero para algunas personas, la idea de libertad de expresión es que ellos son libres de decir lo que quieren, pero si otro les responde, eso es un atropello". Cuando alguien muestra sus dudas en público el resto de mensajes que le siguen disuaden al resto de cuestionar el pensamiento imperante. No recuerdo de mi época de vicedecano en la Facultad de Medicina situaciones así o quizá por aquella época si las hubo no fui consciente.
Manifiestos similares han sido aprobados en otras universidades vulnerando de la misma forma el derecho fundamental a la libertad ideológica de profesores, alumnos y PAS. Los hemos visto en la Universidad Autónoma (UAB) y también en la Universidad de Barcelona. Coincide por supuesto con aquel plan 2000 de Pujol en el que dejó por escrito que había que potenciar personalidades de ideología nacionalista en los órganos de gobierno universitario. La intención es sencilla, hacer pasar siempre la parte por el todo. Se llama nacionalismo.
En la UAB se aprobó también la declaración instando a liberar a los presos con 111 votos a favor y 24 en contra, lo que es una mayoría abrumadora. Impresionante. Sin embargo, rebuscando un poco vemos que ese claustro tiene unos 280 miembros. Lo mismo ocurrió en la Universitat de Barcelona. Tampoco fue una excepción la Rovira i Virgili que lo aprobó con 58 votos a favor, 18 en contra, 2 en blanco y 1 abstención. Mayoría abrumadora nuevamente. Espectacular; aunque una rápida búsqueda en su página Web constataba que el claustro lo forman 201 miembros. No es necesario detenerse en calcular los porcentajes porque son evidentes.
Se han inventado la "evaluación alternativa" para que los alumnos tengan tiempo libre para cortar carreteras
En estas últimas dos semanas que llevamos de caos y miedo en Cataluña hemos tenido episodios de violencia como los vividos tantas veces durante el procés. Por ejemplo, hemos visto a personajes con la cara tapada exigiendo a la rectora de la Rovira i Virgili que cerrara el Campus el día del paro ideológico. El que llevaba la voz cantante, a gritos, evidenciaba con sus palabras que estaba muy necesitado de entrar a la clase que pretendía impedir. En la Universidad de Lleida unos pocos alumnos se encerraron en el edificio central y bloquearon los accesos durante unos días. Nadie pudo entrar durante el encierro.
También esta semana vimos cómo los radicales impedían la docencia en la Universidad de Barcelona. Por ejemplo, cuatro encapuchados -repito, cuatro- se pusieron en la puerta de la facultad de Derecho de la UB y con coacciones impidieron la entrada al edificio a los alumnos. ¿Creen que acudieron los guardias de seguridad o la Policía? La respuesta es no. En ningún caso.
Con el mantra de que la Policía no puede aparecer si no es tras la llamada del rector, allí no solo no acudió nadie a defender la libertad de los alumnos y profesores que tenían derecho a un día docente convencional, sino que la Facultad emitió un tuit diciendo: “Dada la situación que se ha producido esta madrugada y mañana en la Facultad de Derecho, las clases se suspenden el día de hoy”. Y se quedaron tan anchos.
Al día siguiente los alumnos universitarios se rebelaron y al grito de “las clases son de todos” se enfrentaron a los encapuchados y, a empujones y codazos, se hicieron hueco a través de las barricadas y accedieron. Por supuesto no hubo nadie de seguridad garantizando tampoco sus libertades y derechos. No se pierdan si tienen ocasión el aspecto de la Facultad de Económicas de la UB con alumnos empujando las vallas que cuatro encapuchados aguantaban desde dentro para impedir la entrada. Puro vandalismo.
Ya el colmo final ha sido que varias universidades, entre ellas la Universitat de Barcelona o la de Girona, han aceptado que los estudiantes puedan abandonar la evaluación continua y acogerse a una evaluación final. Así, durante un tiempo no habrá ni actividad académica obligatoria, ni prácticas, ni exámenes puntuables. El nuevo modelo docente inventado en una tarde de caos lo han denominado “evaluación alternativa”. Un buen neologismo.
No es admisible el acoso ideológico al que se somete a los alumnos para coartar su derecho al pensamiento libre
Todo apunta a que la próxima semana las presiones conseguirán en otras universidades implementar esos forzados modelos docentes tan opuestos a lo que supuso Bolonia para que los alumnos tengan tiempo libre para poder seguir cortando carreteras o lo que les indiquen.
Los que nos dedicamos a la política catalana, y en especial los que nos encargamos de los temas de las Universidades, conocemos bien cómo desde hace tiempo los rectores reclaman una mejor financiación porque están al borde del colapso. De igual forma los partidos políticos hemos solicitado que bajen las tasas que son las más caras de España, pero el separatismo las mantiene. Y así me podría alargar con un sinfín de propuestas que estamos trabajando todos los partidos para mejorar la Universidad en su conjunto, facilitando más la internacionalización, más becas, la mejora de la calidad, potenciando la docencia en inglés, una mejor transferencia del conocimiento y tecnológica, etc.
Desde la oposición seguiremos haciendo propuestas de mejora, realizando preguntas parlamentarias para obligar al gobierno a dar explicaciones y trabajando con firmeza para que se garanticen los derechos y las libertades de todos los catalanes, también en los campus universitarios, en los que resulta decepcionante ver que en lugar de centrar los esfuerzos en su ámbito competencial destinan horas y horas a posicionarse políticamente como si fueran políticos.
No es admisible el acoso ideológico al que someten a ciertos alumnos en algunos campus para coartar su derecho al pensamiento libre y a la libertad de expresión. Llevamos demasiados años denunciando que es una vergüenza democrática.
El Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans ha convocado un paro ideológico indefinido en las universidades catalanas desde mañana martes 29 de octubre. Esperemos que respeten los derechos y libertades de la mayoría de alumnos que no la secundarán.
Parafraseando nuevamente al siempre socorrido Churchill, es infructuoso llevarnos a un lodazal manteniendo una crónica discusión entre el pasado y el presente, porque estamos perdiendo el futuro y sus oportunidades. Eso es lo que está imponiendo el nacionalismo.
*** Jorge Soler es diputado de Ciudadanos en el Parlamento de Cataluña.