Los presos políticos de Sánchez no son españoles

Los presos políticos de Pedro Sánchez no están en Cataluña, donde los recién sentenciados dirigentes fueron juzgados en el marco de un Estado de derecho. Se puede estar a favor o en contra de esta decisión judicial, pero la misma ocurrió de acuerdo a los principios de la ley y a los estándares internacionales. Luego, la decisión de incendiar toda una región se circunscribe netamente a intereses políticos, no a la defensa de derechos humanos.

Donde sí tiene presos políticos el Gobierno de Sánchez es en Venezuela y en Cuba, porque cuando se es firmante de la Declaración Universal de los Derechos Humanos es para defenderlos en cualquier rincón del universo, como dice el nombre oficial del tratado. La defensa de los derechos humanos no puede ser algo de la boca para afuera. Es un compromiso, y Pedro Sánchez no lo está cumpliendo cuando permite que el dinero del chavismo consiga refugio en España. Tampoco lo está cumpliendo cuando pacta una visita de Estado de Felipe VI a La Habana, fríamente calculada para el día después de las elecciones presidenciales españolas.

En este momento, según cifras de la ONG especializada Foro Penal que han sido certificadas por la Secretaría general de la Organización de Estados Americanos, hay en Venezuela 399 presos políticos. En junio, la macabra cifra alcanzó los 850. Es lo que llaman el efecto puerta giratoria: Maduro utiliza a estos secuestrados como ficha de cambio, soltando y apresando según le convenga. En este momento juega al diálogo con un sector minoritario opositor elegido a dedo por él mismo, por lo que le conviene aparentar que se suaviza.

Mientras transcurre este juego digno de película de terror, la Casa Blanca maneja información de que Sánchez permite al chavismo evadir las sanciones a través de una cuenta del Gobierno venezolano en el Banco de España. Las autoridades españolas no han desmentido oficialmente esto.

Que el chavismo utiliza a España como refugio es vox pópuli. Los escándalos de corrupción se han sucedido uno tras otro, inclusive algunos de ellos con dirigentes de la oposición radical venezolana involucrados. Las inversiones de los jerarcas del régimen venezolano y de empresarios que se enriquecieron gracias a operaciones con ellos han llegado a inflar el mercado inmobiliario de las zonas más pudientes de Madrid. Quienes son perseguidos en Estados Unidos por haber desfalcado las arcas venezolanas para posteriormente lavar ese dinero en el país norteamericano hoy forman parte del la jet-set española, donde nadie les recrimina que se paseen en enormes castillos, cotos de caza y demás.

Pero, ¿cómo ha sido eso posible? Lo cierto es que no es solamente responsabilidad del gobierno de Pedro Sánchez. La trama lleva años. La mayor cantidad de dinero chavista ingresó en España durante las dos administraciones anteriores. Lo que se ha mantenido estable son los grandes aliados del chavismo en las más altas esferas del poder político y económico español, entre ellos José Luis Rodríguez Zapatero, quien se ha convertido en una especie de representante en América de las grandes transnacionales españolas, casi las únicas empresas extranjeras que siguen haciendo negocios en la Venezuela de la mayor inflación del mundo, de las peores estadísticas de condiciones para emprender y de los más altos índices de criminalidad.

Y en Cuba. En la isla dirigida por un régimen que lleva 60 años sin otorgar a sus ciudadanos ninguna libertad, ni siquiera la más elemental que es la del voto. El régimen castro-comunista tiene ahora en su poder a 127 ciudadanos, enjaulados por tener ideas políticas distintas a las de quienes detentan de facto el poder.

Esto no es una opinión personal, porque los presos políticos cubanos, al igual que ocurre con los venezolanos, no tienen las más mínimas garantías judiciales. Pueden pasar años tras las rejas sin ni siquiera tener una audiencia ante un juez, sin saber de qué se les acusa, sin recibir visitas ni de sus familiares ni de sus abogados, conviviendo en condiciones paupérrimas y, en muchos casos, siendo civiles bajo la justicia militar. Y, por supuesto, son torturados bajo el más horripilante manual estalinista.

A esas joyas de la democracia y de los derechos humanos es a las que el Gobierno de Sánchez les facilita los negocios. Y hasta les hace visitas de Estado. Los buenos oficios de Madrid para lograr una transición pacífica en Venezuela, como lo hizo Caracas cuando tocó hacer lo mismo en la España del 75, no deben incluir hacer de alcahueta de regímenes que causan muertes a diario, bien sea en las mazmorras en donde torturan a los presos políticos, en los hospitales donde no hay medicinas o en las casas donde las neveras están vacías porque el salario mínimo mensual es equivalente a 2 dólares (1,8 euros) gracias a la hiperinflación.

*** Francisco Poleo es un analista especializado en Iberoamérica y Estados Unidos.