Los Mossos y el jaque a la Democracia

El 9 de octubre, la cúpula del Departamento de Interior de la Generalitat de Cataluña y el comisario jefe de los Mossos d'Esquadra abandonaron el acto de celebración de la Patrona de la Guardia Civil en el acuartelamiento de Sant Andreu de la Barca. Lo hicieron por una supuesta descortesía del general jefe de la 7ª Zona, que pronunció un discurso impecable en fondo y forma en el que dejó claro que la Guardia Civil defiende y defenderá el ordenamiento democrático, siempre dentro del marco constitucional y con escrupuloso respeto al mandato de jueces y tribunales, verdaderos árbitros y garantes de la justa aplicación de la Ley.

Este gesto, y el escándalo generado entre el separatismo en pleno, demuestra que los dirigentes políticos y el máximo responsable policial de los Mossos d'Esquadra tienen la piel muy fina, al darse por directamente aludidos cuando el general jefe hizo su alegato a la plena vigencia y a la defensa del ordenamiento constitucional, al que ellos mismos están personalmente obligados en su condición de autoridades del Estado.

En el ámbito sindical de Mossos d'Esquadra se ha visto con preocupación este incidente, que muestra la tibieza en el compromiso democrático de la cúpula política de Interior y el uso partidista del Cuerpo. Esta preocupación ha estado presente en la acción política de Ciudadanos en el Parlamento de Cataluña durante las cuatro últimas legislaturas y, muy especialmente, desde el golpe a la Democracia perpetrado por el gobierno de Puigdemont en septiembre y octubre de 2017.

Tras la fuga de Puigdemont pudimos constatar que algunos miembros del Cuerpo de Mossos d'Esquadra, entre los que destacaba el sargento Lluís Escolà, ejercían labores de escolta al prófugo. El sargento Escolà faltó siete meses a su puesto de trabajo mientras ejercía, con la connivencia de sus mandos, de guardaespaldas de un prófugo de la Justicia.

El expediente disciplinario elaborado por la División de Asuntos Internos de Mossos d'Esquadra, que constató la existencia de falta grave y recomendó cuatro meses de suspensión de empleo y sueldo, quedó en nada por decisión del director general de la Policía de la Generalitat. A modo de tapadera, el consejero Buch nombró asesor personal al sargento Escolà, que siguió prestando sus servicios al fugado Puigdemont con más y mejor sueldo.

Tras corroborar la veracidad de estos hechos, los pusimos en conocimiento de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que ha presentado querella contra Buch y Escolà por el presunto delito de malversación continuada de fondos públicos.

Aunque puede parecer anecdótico, estamos ante un uso arbitrario y presuntamente delictivo tanto de los recursos públicos como de los instrumentos de control disciplinario con los que cuenta el Departamento de Interior de la Generalitat para gestionar la seguridad pública. Unos instrumentos de control disciplinario con los que se ha desatado una verdadera caza de brujas contra los agentes antidisturbios de la Brigada Móvil y de las Áreas Regionales de Recursos Operativos, para conseguir la impunidad de los autodenominados CDR.

Si a estos hechos añadimos lo que se está viviendo día tras día en Cataluña, con ataques aparentemente impunes al orden público y a la libertad de movimiento de las personas y del transporte de mercancías, podemos hacer un retrato fidedigno de lo que se ha convertido en categoría: el uso (y abuso) de la Policía como herramienta partidista para poner en jaque a la Democracia.

*** Matías Alonso es diputado de Ciudadanos en el Parlamento de Cataluña.