Marlaska

Por exigencias de una elemental supervivencia de nuestra fe en el género humano, tendemos a olvidar los detalles de los días en que aquella se vio seriamente comprometida. Como ocurrió el pasado 6 de julio, Día del Orgullo. De ahí la necesidad de acudir a la hemeroteca para poder reconstruir la sucesión cronológica de los hechos:

1º) Marlaska reclama públicamente "consecuencias" para Ciudadanos por "pactar de forma obscena con quien limita derechos LGTBI". El ministro responsable de la seguridad de todos no especifica los pactos a los que alude. Tampoco concreta a qué tipo de consecuencias se refiere, pero definitivamente el tono no sugiere nada amable.

2º) Dirigentes y simpatizantes de Ciudadanos asisten al Día del Orgullo e inician la marcha solos, sin ningún dispositivo policial de protección.

3º) Los miembros de Ciudadanos son cercados en el desfile por un grupo numeroso y organizado de participantes, que les agrede y somete a todo tipo de vejaciones, impidiéndoles continuar, hasta obligarles a abandonar la marcha escoltados por los policías que finalmente lograron llegar hasta ellos para evacuarlos.

4º) Ciudadanos acusa a Marlaska de alentar su hostigamiento, azuzando a la masa contra los miembros del partido que allí se habían congregado.

5º) Ciudadanos denuncia ante la Fiscalía General del Estado el acoso recibido, describiendo las amenazas, insultos, empujones, escupitajos y lanzamientos de objetos que tuvieron que sufrir, así como la nula protección policial con la que contaron. La denuncia se presenta por amenazas, injurias y delitos de odio.

6º) El Ministerio de Marlaska, según sospecha generalizada, filtra a medios afines un supuesto Informe de la Jefatura Superior de Policía de Madrid en el que se asegura que "no hay constancia" de que se produjeran "agresiones físicas", rebajando lo ocurrido a simples insultos y lanzamientos de agua, salvo el lanzamiento "aislado" de algún objeto "no peligroso", en referencia a una botella de plástico vacía.

El informe subraya que los dirigentes de Ciudadanos siempre estuvieron acompañados por agentes de paisano, y denuncia que lo ocurrido se debió a que los naranjas "en ningún momento siguieron las instrucciones policiales ni sus consejos". Finalmente, termina acusando a la formación de "maniobrar para catalizar la acción mediática y publicitaria". El informe carece de firma y tampoco identifica a la unidad responsable de su emisión.

7º) La Fiscalía de Madrid presenta un escrito en las diligencias incoadas por estos sucesos en el que contradice radicalmente la versión del Ministerio de Marlaska, ya que considera probado que sí existieron "las coacciones" denunciadas por Ciudadanos, aunque termina pidiendo el archivo de la causa porque la Policía de Marlaska no ha podido identificar a los autores de las agresiones.

8º) Ciudadanos pone en duda la autenticidad del informe policial que niega el acoso sufrido por sus representantes, y hace públicas sus sospechas de que se trate de un informe fake, fabricado ad hoc por orden de Marlaska para encubrir su responsabilidad. Pide por ello explicaciones al Gobierno, exigiendo la identificación tanto de quién lo pidió como de quien lo redactó, pero no obtiene respuesta.

9º) El director general de la Policía resuelve no admitir a trámite la solicitud de información presentada a través del Portal de Transparencia, en la que se pedía una copia de dicho informe.

El alto cargo de Marlaska niega al solicitante su derecho a conocerlo, alegando que es "un informe de carácter interno" y que su divulgación supondría "un perjuicio para la seguridad pública", puesto que "en este tipo de informes se contienen datos y análisis que afectan, entre otras cuestiones, a las medidas necesarias para garantizar la seguridad ciudadana, para prevenir las actuaciones terroristas que pudieran producirse en una concentración de una gran cantidad de ciudadanos y para evitar actividad de delincuentes en general. Por ello, resulta evidente que este tipo de análisis y actuaciones afectan a la seguridad y no pueden difundirse".

Este último hecho, digno colofón de todos los anteriores, se ha conocido esta misma semana.

La explicación de lo que significa es muy sencilla: el Poder acusa a unos ciudadanos de haber simulado ser víctimas de unos delitos que jamás se perpetraron, es decir, de denuncia falsa. Y cuando los ciudadanos acusados piden que se les concrete qué autoridad les acusa y con qué fundamento, el Poder se niega alegando razones de "seguridad pública".

Más allá de la burla que encierra la redacción de la resolución (aquello de que el conocimiento público de un membrete puede favorecer la comisión de atentados terroristas), lo sucedido consigue alcanzar la categoría de episodio kafkiano en estado puro. Es más, sustitúyase "seguridad pública" por "seguridad nacional" y ya tendríamos las primeras escenas del guion de una de esas típicas películas-denuncia de la era Bush con su Ley Patriótica. O la versión doméstica de los Procesos de Moscú.

"Pura exageración", podrían pensar algunos, argumentando que lo ocurrido no ha tenido consecuencias graves para nadie: la putativa película de Oliver Stone pronto habría evolucionado hacía un entretenido blockbuster castizo de enredo, y el drama soviético se habría quedado en un indoloro documental sobre la administración de justicia en las Juntas de Vecinos.

Pero las apariencias no deben llevarnos al error de subestimar lo ocurrido. Aunque por ahora el terreno de juego sea adolescente, cobardón e incruento, el ucase dictado por el subordinado de Marlaska sí tiene consecuencias. Y graves, al menos en una inicial vía administrativa (aunque reconozcamos que el reino que habita Conde-Pumpido tampoco permite abrigar grandes esperanzas).

La primera consecuencia, para el honor de los propios afectados, que son tachados públicamente de mentirosos, a la vez que privados de la posibilidad de obtener los datos que les permitirían defenderse.

Y la segunda, para los derechos de todos los ciudadanos, que ven como la decisión adoptada garantiza la impunidad de un ministro para causar la primera consecuencia, sin tener absolutamente nada que temer.

Aunque, en realidad, no se sabe bien qué es lo que inquieta más: si el atropello al Estado de Derecho que supone esa decisión, o la aparente indiferencia con que ha sido recibida por casi todos.

*** Marcial Martelo de la Maza es abogado y doctor en Derecho.