Presidente sin imperativo legal

A diferencia de otras constituciones, la española no define ningún límite material a su propia reforma. La francesa establece por ejemplo como invariante “la forma republicana de gobierno” y la alemana configura una democracia militante donde se limita la actividad asociativa y partidista “hostil a la Constitución”.

Nuestra Carta Magna, sin embargo, reconoce absoluta libertad a cualquier iniciativa política que pretenda cambiar el ordenamiento. En otras palabras, la Constitución es la fuente primera y la mejor garantía del diálogo político tanto como de la ley y la justicia.

Por eso, quienes contraponen justicia y diálogo es porque no creen lo suficiente en uno de los dos, e intentan convertir la Constitución o en justiciera o en papel mojado. La primera inclinación es la que encarna Vox con sus exaltadas proclamas tan alejadas de la tolerancia y la solidaridad que recoge nuestro actual modelo constitucional. Y el desvío en sentido opuesto –obviar la Constitución como garantía del diálogo democrático– es el marco defendido por el independentismo golpista y que ha acabado aceptando como propio el partido socialista.

Hablar de “independentismo golpista” no pretende decir que todo independentismo sea golpista, sino precisamente referirse a la parte (creciente) del mismo que sí lo es. El que en 2017 se decidió a atacar abiertamente el orden constitucional con el secuestro del Parlamento catalán y el subsiguiente referendo ilegal aunque no se atrevieran a proclamar la independencia más que durante unos segundos.

Lo nuevo es que sea el propio Gobierno de España el que participe del vaciamiento de la Constitución. Cuando Pedro Sánchez afirma que no irá contra la Constitución surgen dos motivos de alerta. El más evidente es la falta de valor de su palabra. Pero el otro más sutil es que estrictamente la Constitución no impide explorar ninguna vía política, ya que con las mayorías adecuadas se podrían hacer realidad recortes al amplio catálogo de derechos fundamentales hoy vigentes.

No hay más que ver el pacto de investidura entre PSOE y ERC. Lo que prevé sería ilegal, puesto que no se puede someter a referendo solo de los catalanes un “acuerdo” que no sea precisamente una reforma de su Estatuto de Autonomía, que debería haber emanado del correspondiente proceso de aprobación por el Parlamento catalán y las Cortes Generales, y no de una mesa de negociación fuera de las instituciones. Pero no se puede decir que sea inconstitucional pues cabría imaginar una reforma de la Carta Magna donde el conjunto de los españoles aceptasen trocear la soberanía nacional y establecer un derecho de autodeterminación para Cataluña…

Obviamente esa segunda parte la obvian los firmantes del pacto porque en realidad no creen que todos los españoles tengan nada que decir al respecto: los de ERC porque antes preferirían volver a intentar otro golpe (para el que estarán mejor preparados tras las cesiones que vengan en los próximos años) y los socialistas porque les vale con ganar unos años en la Moncloa y si acaso confiar en que la sociedad y las instituciones serán lo bastante fuertes para aguantar otra embestida.

Mientras tanto, que millones de catalanes no independentistas se sientan desamparados les debe parecer un precio menor o quizá incluso confían en que se acaben rindiendo desesperados y aceptando las condiciones que les imponen los independentistas.

Pero hay otra constante en la acción de Pedro Sánchez, junto a la mentira y a la falta de defensa sustantiva de los valores constitucionales, que es incluso más inquietante: el sistemático descrédito al que somete a las instituciones. Hace un año nos escandalizábamos de que convirtiera al CIS en un comisariado político y hoy nos parecería un pecado venial cuando es ya un órgano constitucional como la Fiscalía General la que se encuentra en solfa.

Por el camino, se daña la Jefatura del Estado (sometida a repetidos desplantes: hacerles visitar a los dictadores cubanos mientras en España se celebraban las elecciones generales, una Pascua Militar en la que aún resonaba el eco de los insultos de Bildu al Rey que el candidato a presidente del gobierno no refutó, comunicación indirecta de los ministros a nombrar…) y hasta su propio Gobierno, condenado a la inoperatividad a base de saturarlo de vicepresidencias y ministerios para contraprogramar a Pablo Iglesias.

El nombramiento como fiscal general de una ministra de Justicia saliente, diputada electa en las listas del PSOE (no como independiente, aunque así lo repita quien era y seguirá siendo su jefe) y activa amenaza de la independencia judicial (baste recordar el amparo que negó al juez Llarena cuando fue denunciado por Puigdemont en los tribunales belgas o el cese que provocó del abogado del Estado que instruía la causa del procés) es un escándalo de Estado. Tan mayúsculo que ya hasta pasan desapercibidos otras decisiones que merecerían un escrutinio formal.

Es el caso de José Luis Escrivá, cuyo indudable crédito profesional no debería llevarle a soslayar los problemas que surgen de su condición de presidente saliente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. No solo cabe una valoración política de si esta promoción afecta a la imagen de independencia de la institución, sino que además existen dudas jurídicas.

En efecto, el nombramiento de un ministro es una decisión discrecional del presidente, pero la Ley del Gobierno fija condiciones para optar al puesto como son la nacionalidad española, la mayoría de edad y las demás marcadas por legislación relativa a altos cargos de la Administración.

Esta norma exige una idoneidad que no es meramente subjetiva, sino que incluye requisitos como son las limitaciones que el Estatuto de la AIREF determina para el presidente saliente para ejercer actividades profesionales en lo relacionado con las funciones de evaluación del organismo.

Difícilmente puede entenderse aquí que profesional se refiere al ámbito privado cuando lo único que evalúa la AIREF es el sector público, así que Escrivá quizá podrá ser ministro en cuanto al papel de representación política, pero podría verse obligado a abstenerse para no contaminar por conflicto de interés casi todas las decisiones regladas que corresponden a su cartera. Veremos si este riesgo importa algo a Sánchez o si lo redondeará incluso nombrando como presidenta de la AIREF a la ministra de la Seguridad Social que acaba de dejar en el paro.

A falta de poder alzarse por su visión y el resultado de su acción política, Sánchez lo que intenta es quedar a mayor altura relativa a base de someter a derribo todo lo que tiene alrededor. Porque efectivamente nuestro sistema constitucional concede un poder extensísimo al presidente del Gobierno, cuyo mayor contrapoder es la ética que a sí mismo se imponga.

La Corona parece la institución más estable, pero de poco le puede valer si la Constitución le impone neutralidad incluso cuando la atacan. Sin embargo, el jefe del Ejecutivo se puede permitir toda iniciativa política sin que sea imaginable oponerle una moción de censura efectiva, dado que requiere mayoría absoluta, mientras que para su investidura bastó una mayoría simple apoyada precisamente en quienes declaraban “importarles un comino” la gobernabilidad de España.

Nadie debe cuestionar la legitimidad de la investidura de Pedro Sánchez porque no emana de su valía sino de su proceso de elección. Pero quienes creemos que arranca el peor gobierno –salvo para los que quieren dejar de ser españoles– debemos vigilar su ejercicio desde el primer día para oponernos a sus excesos con todos los medios que ofrece la Constitución y desde la concordia civil. Coraje y esperanza, España resistirá.

*** Víctor Gómez Frías es afiliado de Ciudadanos y consejero de EL ESPAÑOL.