Menores: ni del Estado ni de sus padres

El pin parental fue una de las propuestas de Vox en la campaña electoral del pasado abril. Durante la campaña no generó demasiado revuelo hasta que el pasado martes el partido de Abascal lo exigió como una de las condiciones para apoyar los presupuestos que PP y Ciudadanos tienen que sacar adelante en la Región de Murcia, y en las otras autonomías en las que gobiernan en coalición.

Por el momento parece que únicamente el PP ha salido en defensa de esa medida, y mientras que la coalición gobernante se ha erigido beligerantemente en contra (ha amenazado con recurrir cualquier medida en esa línea), Ciudadanos se ha mostrado (lamentablemente) titubeante.

La polémica sobre la educación en valores y la capacidad de veto de los padres no es la primera vez que sale a la luz en nuestro país. En 2006 el Gobierno de Zapatero introdujo una nueva asignatura obligatoria de educación en valores, llamada Educación para la ciudadanía, que se impartió en algunos cursos de educación primaria, secundaria y bachillerato.

Aunque no fueron pocas las voces de padres que se alzaron contra su obligatoriedad recurriendo incluso a los tribunales, la polémica fue zanjada por el Tribunal Supremo que estableció que los padres no tenían derecho a apelar a la objeción de conciencia para negarse a que sus hijos cursaran dicha materia.

Catorce años después, en aras de proteger a los menores del “evidente adoctrinamiento en ideología de género que sufren en los centros educativos en contra de la voluntad y contra los principios morales de los padres” Vox reaviva la polémica.

Más allá de que pueda estar más o menos de acuerdo acerca de los motivos que llevan a la formación de derechas a hacer esta propuesta, se trata de una forma de asegurar la capacidad de decisión de los padres sobre la educación en valores de sus hijos.

La libertad es el derecho más básico de toda persona y presupone que los individuos tienen garantizada una esfera privada dentro de la cual pueden desarrollar sus facultades, su personalidad y perseguir sus proyectos de vida y en la que el resto no pueden intervenir.

Los niños son seres humanos incapaces de ejercer de forma libre y responsable todas sus facultades, motivo por el cual y mientras dura su etapa de maduración, esa limitación la suplen los padres en el ejercicio de la patria potestad.

Este régimen de guarda les confiere la obligación de alimentar, vestir, educar y cuidar de sus hijos y, por lo tanto, les otorga un derecho superior al del Estado a hacerlo, teniendo en cuenta el mayor interés del menor, como crean más conveniente. Además, existe una probabilidad más alta de que ellos, que conocen a sus hijos, puedan hacerlo mejor.

Siempre que no se pueda probar que la forma en la que educan unos padres afecta seriamente algunas facultades relevantes del desarrollo del menor, no existe motivo alguno para obligar a estos a participar de actividades curriculares o extracurriculares con contenido moral. Los que se alarman con propuestas como esta parecen más bien alarmados por su falta de capacidad para moldear a la sociedad a su antojo que por el bienestar de los menores.

La libertad educativa ejercida por los padres es precisamente una de las herramientas que garantiza el derecho fundamental a la libertad de conciencia, imprescindible en cualquier sociedad plural y democrática. Parte de la base de que los individuos somos diferentes y tenemos visiones del mundo distintas que pueden y deben convivir en paz. El control estatal de la educación, sobre todo cuando se aleja de la instrucción y se complementa con contenido moral, cercena esa libertad.

Los que acusan a los padres de querer adoctrinar a sus hijos parecen asumir que eso nunca sucede en las escuelas, lo cual es eminentemente falso. De hecho, es la escuela la que es instrumentalizada por parte de minorías organizadas con capacidad para imponer sus preferencias, para moldear a la sociedad y llevar a cabo los cambios sociales que no son capaces de conseguir con la persuasión. En detrimento, por supuesto, de aquellos que no pueden permitirse el lujo de huir del sistema público.

Y cuantas más decisiones gubernamentales reemplacen la toma de decisiones privada más numerosos serán los grupos enfrentados para que las decisiones se tomen en base a sus deseos.

Como ya defendí aquí en otro artículo, el Estado debe mantenerse cada vez más al margen del diseño de los currículos educativos y otorgar mayor libertad a los padres y mayor autonomía a los centros educativos.

*** Irune Ariño es subdirectora del Instituto Juan de Mariana.