Con los tractores invadiendo las carreteras, el vice Iglesias también se hizo cargo de este desafío y tomó las decisiones propias de un hombre preparado para la acción. En primer lugar, citó a las reuniones con el sector a Cañamero, un líder forjado en la ocupación de fincas de la duquesa de Alba. Después, empujó a los camaradas campesinos a la lucha: “Apretad”. Lenin en su salsa.

El otro líder del Gobierno, el compañero Sánchez, tampoco se durmió. Los colegas de la UPA-UGT le dieron la clave: los supermercados “tienen que hacer una autocrítica”. Y dio instrucciones al ministro del ramo, Luis Planas, para “hacer algo con los precios”. Lo que hay que hacer cuando no sabes qué hacer. Un “ministro, saque esos tractores de ahí como sea”.

Ya tenemos instalado el camping completo en la Moncloa. Dos gobiernos en uno que compiten por ganar la calle, dos storytelling en combate, dos fábricas de narrativa para la distracción, para aparentar gobernanza desde la nada. Y no te engañes, no se trata de un gobierno populista de Podemos y otro profesional del PSOE; ambos pelean en la misma liga, la de la demagogia. Véase el comercio con el feminismo: Irene Montero y Carmen Calvo, con sus equipos de “intelectuales” disciplinados, disputan por la misma pieza electoral –“esto es nuestro, bonita”-.

Están más interesados en la calle que en el gobierno. Decididos a ignorar que no se puede asumir la responsabilidad de gobernar y a la vez querer liderar la respuesta social contra el poder político, ahí les tienen, dispuestos a seguir prorrogando el presupuesto, ahora a la espera del momento que convenga al socio Junqueras en su disputa con Puigdemont. España debe esperar. Y en el Gobierno se ha instalado la chapuza.

Como muestra, el Real Decreto sobre la cadena alimentaria aprobado en el Consejo de Ministros del pasado 25 de febrero, en el que, para alegrar los oídos de los agricultores, se dice que el precio de los contratos “no podrá ser inferior al coste de producción”. ¡Qué mal lo habrán pasado los buenos técnicos del ministerio!

Como todos saben –el ministro también, supongo–, la ley vigente ya estaba en los límites de lo que permite el ordenamiento jurídico español, en lo que a las reglas de competencia se refiere. De hecho, ya se rechazó en 2013 la reivindicación de una regulación de “precios mínimos”.

La urgencia está en definir y ejecutar una política nacional: más una política agroalimentaria que una política agraria

Además, en un país en el que gran parte de la producción agroalimentaria se exporta, ¿qué hacemos con la imposibilidad de aplicar los procedimientos de este Real Decreto chapuza a operadores de otros países? Es un simple placebo, una argucia para retirar tractores de las carreteras.

Esto, en un país que es una de las principales potencias en exportación agroalimentaria. El mundo al revés: quien más depende del comercio, pone en circulación normas contra los principios básicos de la competencia. En 2018 exportamos bienes agroalimentarios por un valor de 50.000 millones de euros, pero el gobierno dual se enreda en eso de “controlar los precios”. Pero, “es la productividad, estúpido”, que le dirían a Clinton.

La urgencia está en definir y ejecutar una política nacional, en este caso, más una política agroalimentaria que una política agraria, que mejore nuestra capacidad competitiva en todos los niveles de la cadena. En la agricultura y ganadería, apostando por un modelo de granja inteligente, familiar o no, que ya tenemos en muchos casos, y en la industria agroalimentaria, por mejorar niveles de competitividad.

En ese terreno se juega la renta agraria. Salvo que estemos pensando en hacernos proteccionistas, o en romper acuerdos comerciales que, como el de Canadá, no tienen en contra a Podemos. ¿Atacamos las importaciones de tomates de Marruecos, con quien tenemos un saldo comercial tan favorable? Pero, conocer qué política agroalimentaria tiene este gobierno es un imposible, más allá del “apretad y el “contróleme esos precios”.

Para contrastar, es útil seguir la pista de Países Bajos que, con muchos menos agricultores –170.000 por 750.000 españoles–, exportó en 2018 el doble que nosotros. Pero, atentos a este dato: los holandeses invirtieron en innovación agroalimentaria el 2,2% del VAB generado y nosotros el 0,5%.

Se trata de la productividad y de una política agraria que responda al desafío de fortalecer la oferta de la producción en origen, de agricultores y ganaderos. Pero para eso hay que asumir las obligaciones de gobernar y dejarle la pancarta a quien corresponda.

El sector agroalimentario español debería contar decisivamente en la política económica del país, si se tiene en cuenta que su peso relativo es el 5,8% del VAB, mientras en la UE es del 3,8%. En el comercio exterior representa un 17% del total de nuestras exportaciones.

Los agricultores beneficiarios españoles son más del doble que en Francia, que tiene un potencial agrario que casi nos dobla

No, no nos conviene el proteccionismo. Por cierto, la que sí debería haber dicho algo es la ministra Calviño, inédita también en esto.

Nos queda la PAC. Un problema: esa política europea está en fase terminal. Ha fracasado en los objetivos declarados de mantener población rural, lograr equilibrios territoriales o mejoras medioambientales. Así no hay política de gasto que aguante.

Además, el reparto de las ayudas no puede ser más ineficiente. Los agricultores beneficiarios españoles son más del doble que en Francia, que tiene un potencial agrario que casi nos dobla y muchos más fondos a repartir. ¿Quiénes cobran la PAC en España y con qué resultados para la eficiencia?

Insostenible, como se ve con el “pago verde”, una ayuda a agricultores para supuestas acciones con beneficios medioambientales, que, como ha dictaminado el Tribunal de Cuentas Europeo, se ha pervertido en “una modalidad enmascarada de apoyo a la renta”. ¿Cuánto queda para que los contribuyentes que soportan la PAC digan basta?

Ahora, el Gobierno dirá que se va a dejar la piel en la defensa de nuestro “sobre nacional”, pero, ni caso; es sobreactuación para que no nos enteremos de lo que importa: no tienen una política agraria nacional que merezca ese nombre.

Así, cuando es una evidencia que la reducción de ocupados es inevitable en los países con agriculturas competitivas –a más productividad, menos empleo agrario–, el ministro dice que el crecimiento de la población de los pueblos depende de la agricultura y la ganadería. La realidad económica y geográfica nos demuestra que eso es una bobada, una confusión de parvulario entre lo agrario y lo rural. Pero, a quien solo le preocupa la próxima manifestación, eso no le quita el sueño.

*** Jesús Cuadrado Bausela es geógrafo y ha sido diputado nacional del PSOE en tres legislaturas.