1. Que recorten ellos

El Parlamento autonómico catalán aprobó este viernes los primeros presupuestos de la Generalidad desde 2017. Los presupuestos son sin embargo inútiles puesto que fueron elaborados antes del estallido de la pandemia de Covid-19 y sus partidas de gasto nacen desfasadas.

Antes de su aprobación, Ciudadanos propuso recortar gastos relacionados con el procés –embajadas, Plataforma per la Llengua, TV3, Òmnium Cultural–, pero los partidos nacionalistas se negaron a ello. En Cataluña, la prioridad sigue siendo el procés, incluso con más de 4.000 muertos y 45.000 infectados en los cementerios y los hospitales catalanes. 

2. Doblemente sepultados

Más de dos meses después del derrumbe del vertedero de Zaldibar, los cuerpos de Alberto Sololuze y Joaquín Beltrán continúan sepultados bajo una montaña de basura tóxica. Son ya 80 días desde que el vertedero colapsara el pasado 6 de febrero sin que ellos pudieran ponerse a salvo. El estallido de la epidemia de Covid-19 ha permitido al gobierno vasco, formado por el PNV y el PSOE, obviar uno de los mayores escándalos de los últimos años en la región.

Sólo sus familias y algunos políticos de la oposición se siguen acordando a día de hoy de Sololuze y Beltrán, víctimas de la incapacidad del gobierno vasco para recuperar sus cuerpos y de la epidemia de Covid-19, que les ha hecho caer en el olvido. 

3. Intérpretes para los nacionalistas

PNV, ERC y JxCAT se han negado a utilizar el español en la Comisión General de Comunidades Autónomas que se celebrará el 30 de abril. Su berrinche obligará a desplazar hasta el Senado a siete intérpretes en plena epidemia de Covid-19. Dado el riesgo que eso supone, el socialista Manuel Cruz, el presidente de la comisión, propuso utilizar el idioma común de todos los senadores. Los partidos nacionalistas lo rechazaron con contundencia. 

El hecho de que los nacionalistas jamás hayan necesitado intérprete alguno en las reuniones en las que negocian transferencias o inversiones con el Gobierno central hace pensar que su actitud en esta ocasión no es sólo irresponsable, sino también una provocación. Provocación cuyo coste correrá a cargo de los intérpretes que deberán desplazarse hasta el Senado en pleno confinamiento, con el riesgo de infección que eso conlleva. 

4. Ofendido por el himno

Pocas dudas caben acerca del nulo compromiso con la democracia constitucional de los periodistas de las televisiones públicas catalanas y vascas. Pero Xabier Lapitz, presentador del programa En Jake de la EITB, llevó esta semana la confrontación hasta nuevos niveles al burlarse de la ceremonia de homenaje a los muertos que políticos del PSOE y del PP, y entre ellos Margarita Robles, José Luis Martínez-Almeida e Isabel Díaz Ayuso, celebraron en el Palacio de Hielo de Madrid.

Lapitz comparó a los presentes con una "alineación de hockey" y cuestionó el uso del himno nacional. "Fíjate lo que ha pasado en Madrid: tuvieron que habilitar una morgue especial en el Palacio de Hielo porque no les cabían los muertos en las morgues oficiales que tenían. ¿Hay que hacer un acto para clausurar la morgue de este pelo?" dijo el presentador. 

5. ¿Muertos? ¿Qué muertos? 

La pandemia de Covid-19 no ha desplazado al procés del primer lugar en la lista de preocupaciones del nacionalismo catalán. En el mejor de los casos, se ha limitado a colocarse en un meritorio segundo lugar. Prueba de ello es la petición que el republicano Gabriel Rufián hizo a Pedro Sánchez el pasado miércoles en el Congreso de los Diputados: sin mesa de diálogo, el Gobierno ya puede irse olvidando del apoyo de ERC. 

De acuerdo al nacionalismo catalán, los pactos de reconstrucción no deberían limitarse a los terrenos sanitario y económico, sino abordar también el conflicto territorial. Es decir, la secesión de Cataluña. El nacionalismo catalán ha puesto incluso una fecha limite a ese "diálogo" con el Gobierno: el próximo mes de junio, con pandemia o sin pandemia. ¿A quién le importan los muertos cuando la patria catalana está en juego? 

6. Aquí mandamos nosotros

Sergi Sabrià, portavoz de ERC en el Parlamento regional catalán, ha pedido a los catalanes que obedezcan únicamente las órdenes de la Generalidad y hagan caso omiso de las del Gobierno central en relación a las salidas de los niños. "Que no sufran, que no se encontrarán a ningún guardia civil poniendo multas" dijo Sabrià. 

El republicano también dijo estar convencido de que Cataluña está liderando la crisis y marcando el paso al Gobierno central. "El Consejo de Ministros, como ha pasado otras veces, va a remolque de la decisión de Cataluña. Cataluña decide y ellos se ven obligados a decidir porque no aguantan la presión del resto de comunidades autónomas" añadió Sabrià, que también habló de "una manera catalana" de enfrentarse al Covid-19. 

7. En la Cataluña independiente los ciudadanos son inmortales

Según la portavoz del gobierno autonómico catalán y número dos de Torra, Meritxell Budó, en una Cataluña independiente "no hubiera habido ni tantos muertos ni tantos infectados". "No sé si nos habríamos defendido mejor o peor" añadió Budó. "Pero lo que está claro es que habríamos tomado medidas de manera diferente".

La cuestión, ya se ve, es hacer las cosas "de manera diferente" al Gobierno central aunque no se tenga la menor idea de si esa "manera diferente" habría conducido a unos mejores resultados. Nada extraño en un Gobierno catalán cuyas tesis sobre la epidemia han sido, de forma sistemática, las opuestas a las del Gobierno central. 

Como en el caso de Podemos, que es al mismo tiempo Gobierno y oposición, el gobierno catalán ha aspirado durante esta crisis a defender una posición y su contraria. Cuando Sánchez desestimaba el cierre de localidades concretas, la Generalidad lo defendía. Cuando el Gobierno se resistía a dejar salir a los niños de sus casas, la Generalidad defendía la medida.

8. Promoción del valenciano

El nacionalismo no sólo ha corrompido la convivencia en Cataluña y el País Vasco. En Valencia, donde el PSOE gobierna con el apoyo de Podemos y Compromís, es decir el populismo de extrema izquierda nacionalista valenciano, la promoción del valenciano ha detraído recursos –diez millones de euros– que, en plena epidemia, habrían estado con total seguridad mejor invertidos en ayudas a las pymes y los autónomos.