Por una reconstrucción saludable del sistema circulatorio de las ciudades

Este virus ha puesto en jaque nuestros estilos de vida. En pocos lugares este impacto es tan evidente como en las ciudades. El distanciamiento social ataca la esencia de las ciudades, desconectando sus órganos –comercios, parques y espacios públicos– y debilitando su principal sistema circulatorio, el transporte público.

La Covid-19 se transmite más fácilmente en espacios cerrados, mal ventilados y en los que se congrega un gran número de personas. Estos factores pueden incrementar los riesgos para la salud de moverse en transporte público, con consecuencias que, en ausencia de medidas efectivas para mitigar y revertir dichos riesgos, podrían ser funestas para las ciudades. Si no conseguimos pronto soluciones concretas a la crisis que se cierne sobre nuestro sistema público de movilidad urbano, saldremos de esta crisis con ciudades más contaminadas, más desiguales y con agravados problemas financieros.

En primer lugar, si quien antes usaba el transporte público prefiere sustituirlo por el vehículo privado, el aire limpio que empezábamos a disfrutar en muchas ciudades antes contaminadas irá desapareciendo, afectando a la salud y a la esperanza de vida de los ciudadanos, cuyos sistemas inmunitarios y respiratorios perderían capacidad de resistencia para afrontar nuevas enfermedades. El tráfico dominaría también el espacio público, reduciendo el necesario para otros usos y para permitir los movimientos seguros de la ciudadanía.

En segundo lugar, los mencionados factores y riesgos pueden agravar las consecuencias de la crisis económica y social a la que ya nos enfrentamos. Determinados sectores de la población con menos ingresos y cuyos empleos requieren frecuentemente la presencia física dependen más del transporte público y estarán más dispuestos, o forzados, a asumir los potenciales riesgos para su salud de utilizar el transporte colectivo para acceder a sus puestos de trabajo.

En tercer lugar, la caída generalizada en el uso transporte público está impactando ya los ingresos de las empresas públicas de transporte, agudizando la crisis fiscal que vendrá con la resaca de la crisis sanitaria. Cuadrar las cuentas del transporte público va a ser una tarea muy compleja. Las administraciones tendrán que inyectar recursos presupuestarios en el sistema de transporte público procedentes de otras partidas presupuestarias menos prioritarias, explorar la posibilidad de destinar a ese fin parte del superávit con el cuentan algunos entes locales, u obtener nuevas fuentes de financiación.

Hay que evitar que la sensación de aglomeración pueda desincentivar el uso del transporte colectivo

¿Qué pueden hacer las ciudades para evitar este escenario tan dañino para su funcionamiento? Por suerte, no todo son malas noticias. La crisis sanitaria y el confinamiento han abierto algunas ventanas de oportunidad y han puesto en valor soluciones que, aunque en parte ya estaban planteadas, encuentran ahora el momento y la necesidad de ser activadas. Son medidas que permiten no solo dar respuesta al reto que plantea el contexto actual, sino crear las bases para una movilidad urbana más sostenible, saludable y equitativa que se proyecte hacia el futuro.

Algunas propuestas concretas para ello son:

-Laminar la curva de demanda: evitando la concentración de un elevado número de usuarios en las horas punta, para que no se llegue a comprometer la capacidad del transporte público conforme a los aforos (de aproximadamente el 45%) marcados en esta etapa, así como para evitar que la sensación de aglomeración pueda desincentivar el uso del transporte colectivo.

Ello requiere una concertación de actores (empresas, centros de trabajo y distribución, administraciones públicas, sindicatos, etc.) para organizar planes de teletrabajo y de flexibilidad horaria que reduzcan las necesidades de desplazamiento a la vez que favorezcan la productividad y conciliación familiar. También es necesario potenciar soluciones tecnológicas que permitan a los ciudadanos planificar mejor sus horarios y rutas.

-Reducir los riesgos sanitarios del uso del transporte público: desinfectando con regularidad los vehículos, asegurando el cumplimiento riguroso de los aforos marcados por las autoridades sanitarias, garantizando la disponibilidad de mascarillas para todos los usuarios, y promoviendo medidas y soluciones innovadoras que permitan mejorar la ventilación y reducir con ello los riesgos de contagio.

-Proporcionar infraestructura de movilidad activa: nuevas zonas peatonales, ampliación de las aceras existentes, creación de carriles bici y apuesta por la micro-movilidad segura, todo ello asociado también a un modelo de proximidad en la configuración de la ciudad.

Si la recesión de 2008 fue la crisis del sistema financiero, la actual es la de la movilidad e incluye el reto de su rediseño

-Desincentivar el uso del coche: limitando las zonas de aparcamiento para no residentes, que podrían transformarse en espacio para los peatones o terrazas, aumentando el precio del aparcamiento subterráneo y en superficie (especialmente en el centro de las ciudades), fomentando la movilidad compartida y el alquiler de vehículos frente a su propiedad, evitando la inversión en nuevas infraestructuras destinadas específicamente a los turismos, y proporcionando un conjunto amplio y robusto de alternativas de movilidad.

Si la recesión de 2008 fue la crisis del sistema financiero y su reconfiguración posterior, la actual es la crisis de la movilidad e incluye el reto de su rediseño. Provocada por la emergencia sanitaria, la inmovilización forzada está dañando nuestra economía y nuestro tejido social, con un impacto particularmente grave en nuestras ciudades. Desde este confinamiento hay que transitar a la recuperación y la reconfiguración de la movilidad y de las ciudades para fomentar la salud de las personas y apoyar una salida justa a la crisis económica y social.

El sistema sanitario fue el elemento central de la respuesta al golpe del virus a nuestra salud. Ahora, el sistema de movilidad urbana es sostén clave de nuestra respuesta a las consecuencias sanitarias, económicas y sociales.

El reto planteado, y las soluciones al mismo, requieren de la colaboración y suma de esfuerzos entre organizaciones del ámbito privado, público y social, porque esto ya no es una cuestión solo medioambiental, o solo social, o solo sanitaria o solo económica. Es un reto que nos atañe a todos y que entre todos hay que abordar. Necesitamos una visión en la que el bienestar de las personas defina el futuro de la movilidad. Nuestra salud –ambiental, física, económica y social– depende de ello.

*** Fernando Fernández-Monge es senior associate, Bloomberg Harvard City Leadership Initiative, y Santiago Saura es concejal del Área Delegada de Internacionalización y Cooperación del Ayuntamiento de Madrid. (Con la firma adicional de Antonio Lucio, Julio Lumbreras, Carlos Mataix, Carolyn Daher, Valentín Alfaya y Esperanza Caro. Impulsores de la comunidad de ciudades de la iniciativa 'El Día Después').