¿Y si en España profesionalizamos a los jueces? Por extraño que pudiera parecer no constituyen un cuerpo profesional en el que la promoción hasta los puestos más altos esté regida por su capacidad objetiva ni por sus méritos previamente demostrados.

Son seleccionados por un tribunal de oposición como los mejores juristas de cada convocatoria y serán jueces hasta la jubilación.

Sin embargo, los jueces tienen un grave problema. Mejor dicho, dos: a veces no pueden abstraerse al influjo externo; y los partidos políticos no quieren dejar de ejercer esa influencia.

Los partidos políticos colonizan las facultades de nombramiento discrecional de más de trescientos altos cargos judiciales, entre ellos los ochenta magistrados del Tribunal Supremo.

Todos los jueces tienen una ideología, y algunos hasta la exhiben sin ambages en platós de televisión; por lo que los partidos premian a los jueces de su cuerda ideológica con uno de esos puestos. Bien retribuidos si se compara con la media, y con proyección frente al plano horizonte que espera a los 5.000 jueces restantes, se les pide a cambio coherencia ideológica en la interpretación y aplicación de la ley.

Aunque la mayor parte de las veces la aplicación literal impide que el juez pueda verter su conocimiento enciclopédico del mundo, y de paso un conjunto de ideas, en ocasiones la interpretación de sentido lo permite. Como daño colateral, la calidad de las sentencias de los altos tribunales se resiente tanto como la apariencia de imparcialidad.

La sentencia del procés pudo parecer conveniente a muchos, pero otros consideran que tanto las resoluciones como el enfoque de los magistrados instructores del Tribunal Supremo eran de mayor calidad técnica. La decisión del presidente de la Sala III del Tribunal Supremo de avocar a Sala para modificar el criterio de una de sus secciones sobre el pago del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados en los préstamos hipotecarios hizo recordar que llegó a presidente aupado por su leal amigo Carlos Lesmes, presidente del Consejo General del Poder Judical (CGPJ), pese a ser catedrático de derecho constitucional y no de derecho administrativo.

En Italia todos los jueces pueden promocionar gracias a su esfuerzo, dedicación y formación continua

Las sentencias de casación sobre delitos de violencia sobre la mujer muestran entusiasmo ferviente en la aplicación de la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, con un resultado discutible. El último nombramiento de una magistrada de la Sala III evidencia que las ternas finales de elección se elaboran ad hoc para elegir a quien es de antemano el candidato preferido, como demuestra el informe del Observatorio de Nombramientos de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial publicado en enero de 2020; ¿serán mejores sus sentencias que las de los candidatos preteridos?

En el resto de los casos, ¿se puede evitar que los españoles crean que otra sentencia hubiera sido posible?

Actualmente no, pero hay margen de cambio. No hace mucho hemos tenido oportunidad de comprobar que en la vecina Portugal las consecuencias de la pandemia por el Covid-19 han sido graves, pero mucho menos que en España, porque han sido muy bien gestionadas por directivos sanitarios profesionalizados. Estos directivos no han sido elegidos por motivaciones políticas, sino de forma objetiva participando en un concurso público en el que hubo de evaluarse su currículum mediante puntuación preestablecida, realizar un test de competencias y superar una entrevista efectuada por el propio organismo sanitario cuya dirección debía cubrirse. El juicio público ha sido muy positivo.

Eso mismo puede hacerse con los jueces mediante su profesionalización en forma de carrera horizontal. La carrera horizontal existe ya en la Administración pública de algunas Comunidades Autónomas y en algunos colectivos, como la Ertzaintza, así como en cierta manera en la docencia universitaria.

La experiencia entre jueces la encontramos en Italia. Allí todos los jueces pueden promocionar gracias a su esfuerzo, dedicación, formación continua, calidad de sus sentencias y buena gestión procesal y personal de los tiempos y espacios comunes con funcionarios, abogados y otros profesionales del Derecho.

Sin necesidad de moverse de un pueblo de provincias el juez italiano puede llegar a tener el mismo reconocimiento que un juez de la Corte Suprema di Cassazione con sede en Roma. Necesitan una evaluación que efectúa el equivalente al CGPJ —allí no tan politizado—, que en España podría evacuar un organismo autónomo creado ad hoc, o bien el propio CGPJ a través de su Servicio de Inspección, siempre que se libere de la influencia de los partidos políticos, en particular del que gobierne.

La evaluación del desempeño en Italia se hace cada cuatro años y permite superar unos escalones o niveles que abarcan la totalidad de la vida profesional del juez, de manera que solo llegan a los últimos escalones los jueces que han estado en constante formación y actualización de sus competencias y en permanente esfuerzo de promoción a lo largo de su carrera, evaluados hasta diez veces.

La mejora de la Justicia debe empezar por la profesionalización de los vocales del CGPJ

Esta sería una solución. Pensemos que, si solo estos jueces del último grado pudieran ser elegidos en España como magistrados del Tribunal Supremo o presidentes de las Audiencias Provinciales, solo llegarían a la cúspide judicial los mejores de verdad, por méritos exclusivamente jurídicos, y no por padrinazgo. Y no deberían favores.

Sus sentencias, la doctrina jurisprudencial contenida en ellas y extendida como faro e inspiración del trabajo cotidiano de los restantes jueces, elevaría la calidad de las sentencias en general y daría a los ciudadanos la certeza de que la justicia emana del pueblo y se realiza a través de jueces imparciales. Los jueces serían buenos, malos o regulares, pero no de derechas o de izquierdas.

La mejora de la Justicia debe empezar por la profesionalización de los vocales del CGPJ, seguir con una verdadera carrera profesional de los jueces, continuar con el incremento del número de jueces para ajustarlo a la ratio europea, consolidarse con algunas reformas procesales y terminar con la implantación del trabajo en remoto de toda la Administración prestacional de Justicia.

El orden de los factores es indiferente o puede ser incluso simultáneo, pero no debemos esperar más, pues la crisis derivada de la gestión de la pandemia exige que este plan de choque se acometa con urgencia.

Es el momento de asegurar que los ciudadanos van a ver resuelto el número ingente de asuntos que se avecina con rapidez, calidad y sin sospechas de parcialidad; pero, sobre todo, es el momento de garantizar que, con nuestra constante evaluación, los jueces rendimos cuentas de nuestro trabajo a los ciudadanos, nunca al Gobierno.

*** Rosa Esperanza Sánchez Ruiz-Tello es magistrada del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Vitoria y miembro de la directiva de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial.