En los últimos días, venimos escuchando al presidente del Gobierno repetir de forma insistente que en España “el sistema impositivo va a mejorar hacia la justicia fiscal”. Una afirmación que parece más bien una virtuosa forma de decir a los españoles que se preparen para una subida de impuestos indiscriminada.
La justicia, cuando no se asienta sobre criterios universales, es algo subjetivo y que, por consiguiente, no puede ser percibido por los ciudadanos de igual forma. Por lo que hablar de justicia en materia tributaria y decidir cuándo es justo o no pagar impuestos y cuánto pagar dependerá, entre otras cosas, de la consistencia y la calidad de los servicios y beneficios públicos que perciban los ciudadanos.
La justicia fiscal, cuando se pasa por el tamiz de la ideología, no es más que un eufemismo moldeable a voluntad hasta convertirla en la excusa perfecta para exigir más esfuerzos a los contribuyentes que ya cumplen con sus obligaciones fiscales.
¿Pagamos muchos impuestos en España? ¿Hay todavía margen para subirlos? Son las preguntas que estos días muchos nos hemos hecho en el ejercicio de la Comisión Parlamentaria de Reconstrucción Económica y Social de España.
Tras dejar atrás el pico de la crisis sanitaria, nuestro país se adentra en la mayor crisis económica de su historia moderna, de consecuencias todavía imprevisibles, pero de la que ya podemos anticipar una destrucción de empleos y riqueza como nunca antes, que llevará aparejada una caída de ingresos, un aumento del déficit y un incremento de la deuda pública sin precedentes. Desolador.
Es una opinión generalizada la de que España recauda “poco y mal”. Dicen “poco” porque, cuando nos comparamos con los países de nuestro entorno y utilizamos variables como presión fiscal (ingresos fiscales sobre PIB) o tipos efectivos, vemos que, a pesar de que nuestros tipos nominales estén en algunos casos por encima de nuestros socios europeos, España no es capaz de llegar a los niveles de recaudación por las múltiples deducciones, exenciones, regímenes especiales y otras excepciones que hacen que nuestros tipos efectivos estén lejos de los tipos nominales. Dicen “mal” porque la combinación de lo anterior con una elevada economía sumergida, evasión fiscal y la falta de competitividad de nuestro sistema impositivo respecto a los países de nuestro entorno hace que muchas empresas y ciudadanos opten por la irregularidad de sus ingresos o el traslado del capital a otras jurisdicciones.
Esto no quiere decir que los españoles paguen pocos impuestos, sino que los actuales impuestos tienen agujeros en forma de exenciones, tipos reducidos, regímenes especiales, etc. en muchos casos ineficientes, que convierten nuestro sistema impositivo en un auténtico coladero de recursos tributarios y que, por otro lado, permite artimañas para que aquellos que no quieren pagar impuestos, gracias a la complejidad, ineficiencias y falta de control, puedan no hacerlo.
Siendo conscientes de estas características, la urgencia es doble: ver cómo distribuir el coste social de la crisis -evitando que la paguen los mismos de siempre-, cómo financiar las medidas orientadas a relanzar la recuperación económica con un saneamiento estable y duradero de nuestras finanzas públicas, sentando, a la vez, las bases para un crecimiento sólido y socialmente integrador.
¿Y qué podemos hacer?
Debemos adoptar medidas destinadas a equilibrar de la forma más eficiente posible la brecha estructural entre ingresos y gastos públicos que viene arrastrando España hace décadas. De hecho, en el momento anterior al estallido de la pandemia de la Covid-19, España sufría una situación grave con unos déficit estructurales persistentes, incumpliendo los compromisos de reducción acordados con la Comisión Europea y establecidos en la legislación española de estabilidad presupuestaria: en 2019, aproximadamente un 3,1% del PIB, unos 35.000 millones de euros.
En Ciudadanos tenemos claro, y así lo hemos propuesto en infinidad de ocasiones, que de esta crisis sólo saldremos atrayendo empresas e inversión que creen riqueza y empleo, luchando contra el fraude fiscal y la economía sumergida, reduciendo el gasto público superfluo e ineficiente y reformando de forma íntegra nuestro sistema impositivo.
De igual modo que no exigimos gastar menos (aunque, llegado el caso, esto podría darse si es un gasto improductivo e ineficiente), sino gastar mejor, tampoco se debe tratar de recaudar más subiendo impuestos o creando figuras impositivas nuevas que acabarán pagando los mismos de siempre, sino de recaudar mejor, haciendo eficientes nuestros impuestos.
Así, la revisión del sistema impositivo que desde nuestro partido planteamos tiene una perspectiva estructural que va más allá de buscar una solución temporal a la grave situación creada por la pandemia; más bien se trata de que esta situación límite y de excepcionalidad nos sirva para, de una vez por todas, llevar a cabo una de esas profundas reformas que España precisa con urgencia.
La verdadera justicia fiscal no debe ser el subterfugio para una subida de impuestos, sino una gran revisión del sistema tributario en España encaminada a buscar el impacto positivo de los tributos en la creación de empleo, la actividad económica y la economía de las familias. La verdadera justicia fiscal no es que paguen más impuestos los que ya cumplen, sino que todo aquel que debe pagar impuestos no encuentre coladeros para no hacerlo.
La mejora de la equidad debería ir en la línea de revisar en profundidad el Impuesto de Sociedades y el IVA
Esta reforma permitiría a España aumentar el margen fiscal necesario para hacer frente a otros riesgos que puedan surgir en el futuro, aumentar la competitividad de nuestro país y favorecer un crecimiento inclusivo y sostenible, reducir la incertidumbre en la toma de decisiones de los agentes económicos e incrementar la credibilidad de nuestras instituciones en Europa y mejorar las condiciones de financiación de nuestra economía en los mercados internacionales.
Las medidas tributarias que ayudarían a cerrar la brecha entre ingresos y gastos públicos, minimizando los costes de eficiencia para la economía, promoviendo el crecimiento económico y contribuyendo a la mejora de la equidad, deberían ir en la línea de una revisión en profundidad del Impuesto de Sociedades y el IVA, no sólo de los tipos impositivos existentes, sino del régimen de deducciones, exenciones, uso de bases imponibles, regímenes especiales, eliminación de las medidas que desincentivan el crecimiento empresarial de las pequeñas y medianas empresas, etc.
Esta propuesta debería ir acompañada de un esfuerzo en el marco de la Unión Europea para armonizar las bases imponibles del Impuesto de Sociedades, con el fin de evitar que la regulación laxa de algunos países sirva para erosionar el Estado de Bienestar del resto. Esta revisión deberá también venir referida a los mecanismos habidos en la normativa reguladora del IVA que permiten su uso de manera enormemente fraudulenta, como aquellos aspectos de la normativa que favorecen la comisión del llamado “fraude carrusel”, entre otros.
Otra medida necesaria sería la de restringir la posibilidad de acogerse al sistema de Estimación Objetiva por módulos en el IRPF y régimen simplificado del IVA. La norma general de tributación para todos los profesionales debería ser la estimación directa en el IRPF y el régimen general en el IVA, promoviendo la desaparición paulatina de los regímenes modulares e indiciarios de estimación de bases imponibles, como estos. Se estudiará la posibilidad de permanencia en el sistema de módulos cuando resulte indispensable por las características del sector.
También una revisión del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones en todo el territorio nacional a través de una armonización a la baja del impuesto para conseguir, en palabras del Tribunal Constitucional, "un reparto razonable de las cargas públicas" y no perjudicar la unidad de mercado.
Además, se debería impulsar una verdadera estrategia de lucha contra el fraude que valorara al menos la revisión del delito fiscal para hacer cumplir las sentencias, endureciendo las penas y limitando los supuestos en los que se puede rebajar la pena mediante el pago, el refuerzo del Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac), el endurecimiento de las multas a los bancos que cooperen con el blanqueo de capitales y el fraude fiscal, la aprobación de un Estatuto de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y la revisión de su estructura, o la toma de las medidas necesarias para desatascar los Tribunales Económico-Administrativos de pleitos tributarios, dotándolos de más medios humanos y materiales para acabar con las demoras en la resolución de reclamaciones, entre otras.
Por ello, creemos que la verdadera justicia fiscal consistirá en impulsar todas las mejoras técnicas tributarias cuyo fin último sea luchar contra la injustificada pérdida recaudatoria que priva a los ciudadanos de mejores servicios públicos como la educación, la sanidad, los servicios sociales o las infraestructuras, todos ellos imprescindibles para garantizar la verdadera justicia social y la igualdad de oportunidades entre todos los españoles.
*** María Muñoz es diputada nacional de Ciudadanos y portavoz de Asuntos Económicos del grupo parlamentario liberal.