El secretario federal de Laicidad del PSOE (José Manuel Rodríguez Uribes, a la sazón ministro de Cultura) ha enviado una carta a todas sus organizaciones territoriales que se ha hecho pública bajo el título La laicidad, religión de la libertad.
En ella comparte el logro que ha supuesto la aprobación de la Ley de Eutanasia, en el marco de la laicidad que defiende el PSOE, a la vez que comenta las iniciativas en curso y los planes del Gobierno en su relación con las confesiones religiosas. Particularmente, en la que mantiene la vicepresidenta Carmen Calvo con la jerarquía católica en España.
La misiva describe un laicismo de corte filosófico-académico que, en nuestra opinión, deja de lado los ejes fundamentales de la necesaria proyección democrática del laicismo en su vertiente política como norma de convivencia.
Esta descripción ideológica e histórica de los orígenes y fundamentos laicistas, siendo un acervo a tener en cuenta, puede opacar las implicaciones prácticas del laicismo pendiente. Un laicismo a menudo interesadamente desvirtuado y anatemizado, sobre todo desde el lado eclesial, aunque no sólo.
Si bien es cierto, y motivo de satisfacción y reconocimiento, el avance en estos años en derechos civiles relacionados con la libertad de conciencia (como el matrimonio igualitario o la interrupción del embarazo y la eutanasia, potenciados todos ellos por gobiernos socialistas), no es menos cierto que el PSOE mantiene incólume el actual modelo de privilegios, y de simbiosis en muchos casos, en relación, especialmente, con la Iglesia católica.
Y eso sin que la exigencia democrática de separación entre Estado e iglesias y religiones ofrezca un planteamiento claro e inequívoco de acción política y social, sino más bien de mantenimiento del actual estatus.
Es posible que el derecho a la eutanasia sea de los pocos derechos civiles relevantes que estaban pendientes de satisfacerse, al menos en el actual mapa de la modernidad reivindicativa.
Otros derechos relacionados con la libertad de conciencia (y por ende con la laicidad) como el caso del derecho de los menores a la misma, o la supresión de la blasfemia contra los sentimientos religiosos en el Código Penal, o relativos en general a la libertad de expresión y de información, siguen en el debe pendiente.
Pero sean estos u otros, de lo que no cabe duda es de que el siguiente paso, si de verdad se quiere avanzar en la laicidad del Estado, debe servir para entrar de forma firme, y no sólo de puntillas (o ni eso), en el núcleo de las relaciones del Estado con las confesiones religiosas, que siguen como asignatura pendiente desde la Transición. Y ya van más de 40 años. No queda otra.
Es ese marco pendiente (largo tiempo pendiente) donde, satisfechos temas claves de la libertad de conciencia, deberán acometerse los asuntos relacionados con la financiación del clero (que deberá autofinanciarse), con su fiscalidad (ausente de privilegios particulares), con una verdadera educación laica (con la religión fuera de la escuela), así como con otras derivas clericales que siguen incrustadas en el orden jurídico.
Deberá todo ello someterse al criterio de una laicidad y un planteamiento democrático, y de neutralidad confesional del Estado, tratado con mayúsculas.
Es en esos temas clave donde se choca con el núcleo que suponen los Acuerdos de 1979 con la Santa Sede y de 1992 con las confesiones minoritarias, y también con su legislación derivada, que impiden poder avanzar si no existe voluntad política.
El ejemplo más reciente es la Ley de Educación (LOMLOE), que hace equilibrios malabares para sacar la religión confesional de la escuela, pero sin sacarla. O, lo que es lo mismo, dejándola dentro del ámbito escolar, acompañada de la distorsión que suponen los profesores de religión.
O esas conversaciones de mesa camilla (opacas también al Parlamento) que está manteniendo la vicepresidenta Carmen Calvo con la Conferencia Episcopal y con el resto de confesiones (que no con Europa Laica ni otros sectores interesados).
Conversaciones en las que se fragua a favor de la Iglesia católica una salida en falso sobre los bienes inmatriculados a cambio de, por ejemplo, que la Iglesia admita algunos retoques fiscales en los bienes mercantiles que administra, siendo que ello no sería tal concesión, sino una obligación derivada de la legislación de la Unión Europea.
Lo mismo ocurrió cuando José Luis Rodríguez Zapatero subió el IRPF de la Iglesia al 0,7% y esto se vendió como una contraprestación gubernamental al hecho de que esta aceptara pagar un IVA al que venía obligada. Ahora, todo apunta a más de lo mismo.
Por tanto, está bien que el PSOE ilustre a sus militantes con filosofía e historia laicista. Siempre es bien recibido conocer de dónde venimos. Y está bien que anote para el PSOE, con merecimiento, medallas en el avance en los derechos civiles.
Pero también estaría bien reconocer la lucha de la sociedad civil por arrastrar a la clase política a la inclusión de tales temas en la agenda.
Está bien que se enorgullezca, algo que felicitamos, de dos eventos simbólicos: la toma de posesión y el funeral de Estado laicos.
Pero que no olvide mirar más allá para ver la tropelía de la invasión de simbología religiosa por doquier en las instituciones y en el comportamiento de los cargos públicos, incluidos los del PSOE a nivel estatal y municipal, sin que siquiera se vislumbre en el horizonte un reglamento o un estatuto de laicidad que ponga coto a tal despropósito generalizado.
Porque la anunciada Ley de Libertad de Conciencia (comprometida en el programa del Gobierno de coalición) que garantice “la laicidad del Estado y su neutralidad frente a todas las confesiones religiosas” viene marcada de origen por la supremacía de trato de la que ya disfrutan las creencias confesionales por la actual Ley de Libertad Religiosa (a la que es de suponer deberá sustituir), los Acuerdos de 1979 con la Santa Sede y la legislación derivada.
El problema de fondo, por tanto, es el marco laicista en el que el PSOE ha decidido instalarse, manteniendo los Acuerdos en el frontispicio del modelo de Estado.
Ya sea con ligeros retoques, permaneciendo con ello la cobertura legislativa, ideológica y mediática del actual estatus.
Ya sea articulando una laicidad del Estado muy restringida a los límites que el propio PSOE se impone: los de una laicidad abierta (de influencia y cooperación confesional en intereses que no son generales) y los de una multiconfesionalidad (que extiende privilegios a las confesiones religiosas minoritarias, en lugar de eliminarlos para todas). Sin que se plantee la derogación, y ni siquiera la revisión a fondo, de tales Acuerdos.
Cuando no una reforma de, al menos, los artículos 16 y 27 de la Constitución.
Por tanto, esa carta a la militancia socialista, bien escrita y que describe los avances (ciertos) en derechos, constata por otra parte unos planteamientos políticos explícitos o de silencio implícito sobre esos límites a la laicidad estatal que el PSOE defiende con su acción de gobierno.
Tampoco eso es algo nuevo, siendo notorios los incumplimientos del PSOE en el asunto concreto e inexcusable de la derogación de los Acuerdos de 1979. Y eso a pesar de que ello figure en sus documentos internos y en sus programas electorales, y a pesar de que fuera aprobado con su voto, en sede parlamentaria, en 2018, cuando estaba en la oposición.
Todo esto es algo que Europa Laica ya sabía de antes, pero que debemos recordar. No podemos bajar la guardia ni quedar obnubilados por pronunciamientos que reconocemos como avances, pero que no llegan a la raíz del asunto.
Por ello, como asociación que tiene como objetivo una real laicidad del Estado como principio democrático de organización y funcionamiento, debemos estar vigilantes y mantener la acción política y social en la lucha por este modelo de Estado, para una democracia más plena.
*** Juanjo Picó es miembro de la Junta Directiva de Europa Laica.