Las negociaciones entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur para un acuerdo de libre comercio han estado abiertas durante veinte años. Finalmente, en junio de 2019, se anunció un principio de acuerdo.

Nadie duda de las ventajas del acuerdo. Un mercado común de 780 millones de consumidores que podría incrementar un 1,5% el PIB de países como Brasil o hasta el 10% en el caso de Paraguay a través de la venta de sus productos agrícolas. Para Europa sería igualmente beneficioso, al abrir la puerta a sus productos industriales. Especialmente, coches y maquinaria. Los dos, grandes generadores de empleo.

Asimismo, el acuerdo mejoraría la presencia internacional del Cono Sur de América, invisibilizado a pesar de su extensión geográfica y enorme potencial. Para Europa, que intenta refundar su presencia internacional con una renovada autonomía estratégica, también tiene una importancia fundamental.

En 2019, Anu Bradford popularizó lo que ella denominó el efecto Bruselas: la externalización involuntaria de regulaciones a través de los mecanismos globalizadores del mercado. Esto no es otra cosa que la constatación de que la UE tiene un enorme impacto sobre la toma de decisiones de las empresas, y sobre la vida cotidiana de los ciudadanos de todo el mundo, al constituirse en marco de referencia de las normativas de producción comercial e industrial del mundo.

Este tipo de acuerdos, como el que firmarían la UE y Mercosur, son un potenciador del efecto Bruselas.

El interés europeo por afianzar su autonomía estratégica y la importancia de su poder blando normativo fueron un aliciente para que, en plena reacomodación del sistema internacional, los dos bloques desearan firmar y ratificar el acuerdo en sus respectivos parlamentos.

Sin embargo, casi diez meses después, y tras la euforia que suscitó la noticia del principio de acuerdo, no hay avances relevantes y el enfriamiento de las negociaciones puede ser el inicio de una nueva glaciación que lo congele.

Europa cuenta con opciones para generar alivios a través de sistemas de compensación directa o fiscal

Por supuesto, como todo acuerdo comercial, tiene detractores entre aquellos que temen que se le abra la puerta a productos que compitan con los suyos. Ese ha sido el caso de los productores de lácteos.

Pero la práctica de la compensación en estas situaciones ya esta largamente desarrollada en acuerdos con mucha menor complementariedad productiva y mayor posibilidad de competencia. Europa, además, cuenta con opciones para generar alivios a través de sistemas de compensación directa o fiscal.

Mientras España ha jugado un rol de liderazgo para impulsar la negociación, las principales reticencias provienen de Bélgica, Países Bajos, Austria y, muy especialmente, de Francia. Nuestro país vecino cree que el acuerdo no contiene suficientes cláusulas para proteger el medioambiente ni para garantizar que no haya competencia desleal con los productos importados, ya que estos no están sometidos a los mismos estándares sanitarios.

Cabe entonces preguntarse qué pasaba en 2019 para que la posibilidad de acuerdo se acelerara y qué ha pasado en 2021 para que nuevamente pierda vigor.

La primera pregunta tiene su respuesta en la coyuntura internacional de 2019. Por un lado, la disputa entre los Estados Unidos y China que centraba el interés internacional en 2019 llevó a que otras regiones hicieran un esfuerzo para coordinarse y actuar sin depender de los grandes países en pugna.

Además, el estilo político de Donald Trump y su confrontación abierta con la UE favorecían la búsqueda de otras alternativas. Del lado latinoamericano también se dio una suma de gobiernos favorables al acuerdo.

Mas allá de la salida de Trump, el panorama internacional no ha cambiado mucho en 2021. Sin embargo, parecen fortalecerse las reticencias francesas y el asunto medioambiental se ha convertido en un obstáculo muy difícil de superar.

Bien es cierto que la inclusión de estándares medioambientales y laborales por parte de la UE es un avance que concuerda con su compromiso con la mitigación de los efectos del cambio climático. Compromiso para el que está destinando una fuerte cantidad de recursos en su política interna y que, en consecuencia, debe aplicar a su comercio exterior a través de cláusulas vinculantes. El efecto Bruselas debe ser necesariamente verde.

Francia ha sido uno de los mayores opositores al acuerdo comercial por su impacto sobre sus productores agrícolas

En este sentido, el principal escollo es la falta de compromiso de Brasil, país en el que cada año se destruyen miles de hectáreas de selva amazónica. Jair Bolsonaro y su actitud reacia a la protección ambiental son un escollo para la UE, pero también para el actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que ha retomado la bandera de la aplicación de los compromisos del Acuerdo de París de 2015.

Sin embargo, Bolsonaro ya estaba en el poder en 2019 y pareció proclive a acoger los compromisos. Lo cierto es que, ahora mismo, Francia niega que Brasil esté haciendo suficientes esfuerzos y señala que las metas climáticas anunciadas por el país sudamericano están lejos de los objetivos fijados en París. Si quiere seguir adelante, tendrá que presentar garantías y acciones vinculantes.

Ciertamente, Francia ha sido siempre uno de los mayores opositores al acuerdo comercial por su impacto sobre sus productores agrícolas. Los requerimientos ambientales le dan un margen para endurecer el acuerdo y proteger sus sectores afectados.

La actitud de la contraparte del Cono Sur, en especial Argentina y Brasil, tampoco ha sido especialmente proactiva en la consecución del acuerdo. Los dos países tienen una relación de altibajos que ha minado históricamente la integración regional.

Finalmente, España, activa defensora y promotora del acuerdo, ve sus esfuerzos truncados una vez más. El liderazgo español hacia América Latina choca con la realidad del voluntarismo latinoamericano y poco puede hacer, por ahora, ante la contundencia de los argumentos franceses.

Los consumidores y los ciudadanos de los dos lados del acuerdo obtendrían beneficios de este. Pero, por ahora, tendrán que esperar a que la coyuntura permita de nuevo algún avance. O ver cómo se funde otra oportunidad de la UE y Mercosur para estar a la altura de su potencial.

*** Erika Rodríguez Pinzón es doctora en Relaciones Internacionales, profesora de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid y coordinadora de América Latina en la Fundación Alternativas.