Colombia en llamas

El colombiano no fue el único Gobierno que se enfrentó al enfado de sus ciudadanos. Tampoco fue el único en aplicarse más en la represión violenta de las manifestaciones que en la negociación de las demandas. De hecho, la acción de la policía, con flagrantes violaciones de los derechos humanos, se convirtió en uno más de los problemas.

La pandemia de 2020 detuvo al mundo y también la expresión publica de la protesta. Sin embargo, no significó el final de esta. Más aún, las medidas de gestión de la pandemia se convirtieron en otra fuente de malestar.

Los confinamientos, los toques de queda y el cierre de la actividad comercial han dejado un enorme saldo social. Según datos de BBVA Research, los ocupados han disminuido en 1,4 millones. Hay mayor informalidad (en un país en el que ya era alta) y, como en todas partes, las mujeres han sentido de forma más acusada la crisis.

La fatiga pandémica es más grave en un país en el que la primera ola se extendió durante varios meses. La segunda llegó a principios de 2021. La tercera lo azota en la actualidad, con una mayor cantidad de contagios y el consiguiente colapso hospitalario.

Las restricciones a la actividad social en manos de los gobiernos locales parecen erráticas y más diseñadas para el papel que para la práctica.

Urge una reforma policial que el Gobierno no ha querido asumir

Por ejemplo: los bogotanos no pueden entrar más que en días alternos a los locales comerciales y están confinados de viernes a lunes. Sin embargo, los autobuses circulan atestados de trabajadores que no pueden ejercer desde sus hogares, donde sus hijos siguen asistiendo telemáticamente a la escuela un año después.

El incumplimiento de las medidas le costó la vida a un ciudadano por violencia policial. Una victima más que se suma a otros emblemáticos asesinatos a manos de las fuerzas del orden, como el de Dylan Cruz en 2019 o el de diez personas durante las protestas de los últimos días en Cali. Urge una reforma policial que el Gobierno no ha querido asumir. Una negativa que genera un enorme enfado popular. La violencia y el vandalismo asociados a la protesta son inaceptables. Pero no pueden ocultar el hartazgo legítimo.

La reforma que sí hizo el Gobierno fue la tributaria. La necesidad de financiar las medidas de contención de la pandemia y resistir las dificultades económicas de la crisis previa le llevó a intentar una segunda reforma tributaria tras la que hizo en 2019. Una reforma llena de exenciones.

En un país con un nivel de pobreza monetaria del 42,5%, la pandemia tiene un impacto agravado. Las transferencias del Gobierno han ayudado a paliar la situación. Sin embargo, no todas las familias necesitadas tienen acceso a las mismas y los sistemas de focalización de ayudas dejan fuera a personas en situación de vulnerabilidad por variables como su lugar de residencia.

La oposición a la nueva reforma fue el movilizador de las protestas de la última semana y obligó al Gobierno a retirarla. Sin embargo, el país sí necesita una reforma.

La incertidumbre y la pérdida de ingresos dificultan su recuperación y evidencian la necesidad de una solución a largo plazo

En primer lugar, porque necesita recursos. En segundo lugar, porque necesita herramientas anticíclicas. En tercer lugar, porque el sistema tributario requiere progresividad y necesita reparar los numerosos agujeros de las exenciones y las dádivas para unos pocos.

Aumentar tributos a una ciudadanía enfadada, cansada, empobrecida y en la mitad de la tercera ola es una opción política que revela la necesidad extrema del Gobierno de buscar financiación y resarcir la pérdida de ingresos causada por su propia política de exenciones. El crédito internacional es insuficiente e inútil a largo plazo.

A pesar de la buena reputación macroeconómica de Colombia, la incertidumbre y la pérdida de ingresos generada por la primera reforma dificultan su recuperación y evidencian la necesidad de una solución a largo plazo. Un crédito del Banco de la República parecía descartado por sus efectos secundarios.

La reforma propuesta por Iván Duque tenía ventajas, como la de ampliar la base de declarantes y contribuyentes, recortar algunas exenciones o gravar las pensiones más altas y los dividendos, así como crear impuestos verdes. Aunque insuficiente, iba en la línea de mejorar la fiscalidad colombiana.

Las medidas con impacto social deberán tomarse con mayor cautela. Hasta ahora, se proponía aumentar el IVA a los alimentos y a los servicios públicos para luego compensarlo con transferencias directas a los más pobres.

Sin embargo, Colombia tiene un sistema de focalización que necesita mejoras. Se ha abierto un gran debate sobre la clase media, tan difícil de definir, pero que por la vía del IVA sentiría los efectos de la reforma y no recibiría compensación.

El gobierno de Duque no ha sido proclive al diálogo y generado la idea de que gobierna para las minorías

Más allá de las consideraciones técnicas, el problema es el nulo capital político del presidente para forzar una reforma. La ciudadanía la rechazó y hasta su propio partido marcó distancias. Las ventajas de la reforma eran inciertas frente a los temores sobre la capacidad y voluntad del Gobierno de ejecutar un gasto social transparente. El desgaste de la relación entre ciudadanía y Gobierno ha llegado a un punto cumbre.

El gobierno Duque ha cumplido mal con la implementación del Acuerdo de Paz. Ha sido incapaz de proteger a los líderes sociales. Ha militarizado la respuesta a todas las protestas y sigue sin poner coto a los desmanes policiales. A pesar de la situación, no ha sido proclive al diálogo y la concertación, y ha generado la idea de que gobierna para las minorías.

A un año de las elecciones, y con la pandemia en sus peores momentos, la situación de Colombia es preocupante. Pero más preocupante es que el Gobierno no sea capaz de prever mecanismos de concertación conociendo el contexto.

Contribuir a la degradación de la confianza de los ciudadanos es una vía abierta a los populismos de todos los colores.

*** Erika Rodríguez Pinzón es doctora en Relaciones Internacionales, profesora de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid y coordinadora de América Latina en la Fundación Alternativas.