Sobre el Centro Estatal de Salud Pública y Calidad Asistencial

Hasta el momento, la pandemia asociada a la Covid-19 ha dejado la friolera de casi 90.000 muertos oficiales durante los últimos 18 meses. Pero, sobre todo, nos ha dejado la ingrata sensación de que no éramos tan buenos (en lo sanitario) como nos creíamos. Si hubiéramos realizado previamente las tareas pendientes desde hace mucho tiempo, algo mejor parados podríamos haber salido de nuestro enfrentamiento con el virus.

Una de esas tareas pendientes (por lo menos desde 2011, cuando se aprobó la Ley General de Salud Pública) era la creación de un Centro Estatal de Salud Pública adscrito al Ministerio de Sanidad. Centro que desempeñaría las funciones de “asesoramiento técnico, evaluación de las políticas y las estrategias de salud pública y la coordinación de los diferentes centros dedicados a este objetivo”.

Además, y atendiendo a las nuevas exigencias que demanda la sociedad, este objetivo se vio reiterado por la Comisión de Reconstrucción Social y Económica del Congreso de los Diputados, que en su dictamen del 29 de julio de 2020 recordó la necesidad de crear un Centro Estatal de Salud Pública y Calidad Asistencial “para una mejor gobernanza del Sistema Nacional de Salud y para fomentar mecanismos de cooperación entre los servicios asistenciales y de salud publica de las Comunidades Autónomas”.

"En el siglo XXI, cuando la esperanza de vida ya no depende del control de las aguas residuales, no se puede entender la salud pública sin extenderla al control de los resultados y la eficiencia de los sistemas sanitarios"

La posibilidad de poner en marcha un organismo con estas características desapareció con el Consejo de Ministros del pasado 5 de octubre, cuando se aprobó el real decreto que desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Sanidad y que crea, dependiendo de la Dirección General de Salud Pública, una Subdirección General específica de Calidad Asistencial y otra Subdirección General de Promoción de la Salud y Prevención.

A priori, el hecho de que se refuercen esas estructuras en el Ministerio es una buena noticia. Salvo por el hecho de que se pierde la independencia política que debe esperarse de un órgano en el que deberían predominar los criterios científicos y sanitarios.

También por el hecho de que haya salido a consulta pública previa un anteproyecto de ley de para la creación de un Centro Estatal de Salud Pública por parte del Ministerio de Sanidad. Centro cuya finalidad será la coordinación y preparación del Estado frente a situaciones de emergencia sanitaria.

Es decir, se separa nuevamente la salud pública de la calidad asistencial y la prevención.

Allá por el siglo XVIII, cuando los Estados empezaron a gestionar la salud pública para controlar la transmisión de enfermedades infecto-contagiosas, podía tener sentido el circunscribir estos controles a cuestiones medioambientales o puramente epidemiológicas.

En el siglo XXI, cuando la esperanza de vida en los países desarrollados ya no depende del control de las aguas residuales (un problema superado), no se puede entender la salud pública sin extenderla al control de los resultados y la eficiencia de los sistemas sanitarios, que es lo único que puede mejorar hoy nuestra esperanza de vida y la calidad de la misma.

Por tanto, no se puede entender la salud pública sin integrar el control de la calidad asistencial con las políticas de prevención (y las consecuencias que tienen estas en la salud de los ciudadanos).

"Imaginemos que durante los días anteriores al estallido del volcán de La Palma los vulcanólogos encargados de su vigilancia hubieran animado a la población a subir a su cumbre para ver los fuegos artificiales"

Es más que evidente que, desde que se inició la pandemia, la respuesta que hemos obtenido por parte del Centro de Alertas y Emergencias sanitarias ha sido claramente errónea y fallida tanto en sus predicciones como en la forma de trasladarlas a la población general.

Todo el mundo se puede equivocar, pero en una cuestión tan seria y con tanta repercusión sobre el comportamiento de los ciudadanos no sólo se han cometido errores o entrado en contradicciones, sino que ha habido fallos muy gruesos en las estimaciones de lo que iba a ocurrir. Estimaciones erróneas que han contribuido, sin ninguna duda, a que la gente se comportara en contra de lo que necesitaban las circunstancias, alentándola, por ejemplo, a acudir a manifestaciones cuando no se debía, con las consiguientes consecuencias en la salud de la población. Algo así como si durante los días anteriores al estallido del volcán de La Palma los vulcanólogos encargados de su vigilancia hubieran animado a la población a subir a su cumbre para ver los fuegos artificiales.

Podemos no querer recordar o intentar olvidar lo que pasó. Pero allá por la primavera del año 2020, esos hechos ocurrieron. Ahí esta la hemeroteca para recordarlo.

La pandemia es una oportunidad histórica. Un revulsivo para empezar a poner los cimientos de lo que debe ser un verdadero sistema de control y coordinación de los servicios de salud desde el Ministerio de Sanidad y en coordinación con los encargados de ejecutar esas competencias, que son las Comunidades Autónomas.

"Si se han reforzado estas estructuras en el Ministerio bajo la Dirección General de Salud Pública, bienvenido sea y apostemos por ello"

Haber pasado lo que hemos pasado y no poner en marcha una verdadera estructura independiente (es decir, no sometida al cambio de Gobierno de turno) que controle y coordine tanto las estructuras dedicadas a la salud pública como aquellas que deben velar por la calidad y las políticas de prevención de nuestro sistema sanitario en coordinación con las Comunidades Autónomas supone, en mi opinión, una oportunidad pérdida para construir los cimientos sobre los que se debería operar en el futuro.

Por eso, y sea cual sea la forma que adopte la institución que actúe de faro, referencia y guía para el resto de instituciones sanitarias, esta debe de hacerlo teniendo en cuenta los factores que de una u otra forma influyen en la salud y la calidad de vida de los españoles.

Por tanto, si se han reforzado estas estructuras en el Ministerio bajo la Dirección General de Salud Pública, bienvenido sea y apostemos por ello. Segregar ahora parte de las competencias para generar un esbozo de lo que debería haber sido ese Centro Estatal de Salud Pública y Calidad Asistencial, pero sin los recursos que pueden proporcionar el Ministerio y las instituciones dependientes de él (entre ellas el Instituto Carlos III), me parece una vuelta a la casilla de salida.

O peor: un remedio mal concebido desde el principio.

*** Juan Abarca Cidón es presidente de HM Hospitales.