En agosto de 2020, ya como ministra de Igualdad, y en la que fue una célebre entrevista (con el digital Infolibre) por el bochorno causado a las feministas, Irene Montero se preguntaba qué es “ser mujer”.

Montero, circunspecta y profunda, declaró: “¿Cuánta talla de pecho tenemos que tener para ser hombre o mujer? ¿El sexo es sólo los genitales externos o es también el nivel de hormonas tradicionalmente considerado por la biología masculina o femenina? ¿Es el sexo algo genético?”.

Lo de Montero era una retahíla de preguntas acientíficas que evitaba reconocer la realidad material y biológica. Esto es, que ser mujer es nacer con sexo femenino. Un circunloquio para no decir de forma clara que el Ministerio de Igualdad sirve y pone en marcha políticas para el movimiento transgénero, aunque ello suponga la vulneración de los derechos de las mujeres.

He aquí uno de los motivos por los que las feministas exigimos la dimisión de Irene Montero. Y es que el proyecto estrella de su Ministerio de Igualdad (el anteproyecto de Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTB, que se ha obcecado en aprobar a pesar de la oposición del movimiento feminista) contraviene lo establecido en las normas de nuestro ordenamiento jurídico que combaten la desigualdad entre hombres y mujeres, inutiliza las medidas de acción positiva basadas en el sexo y vulnera los derechos de las mujeres y de la infancia.

"Varones autoidentificados como mujeres podrán eludir, en procesos judiciales posteriores al cambio de sexo registral, la aplicación de la Ley integral de violencia de género"

La autodeterminación del sexo, principio vertebrador del anteproyecto, implica que cualquier persona, por su mera declaración de voluntad, pueda hacer un cambio de sexo registral sin el requisito del certificado médico de disforia de género. De esta forma, el anteproyecto suprime el único mecanismo que podía evitar el fraude de ley y las motivaciones espurias en los cambios de sexo.

Así, varones autoidentificados como mujeres podrán eludir, en procesos judiciales posteriores al cambio de sexo registral, la aplicación de la Ley integral de violencia de género, o participar en categorías deportivas femeninas, o acceder a espacios exclusivos de mujeres (como vestuarios frecuentados por niñas), o cumplir sus condenas, incluso por delitos de agresión sexual u otros relativos a violencia machista, en módulos de prisiones de mujeres. Realidades estas que han sucedido ya en los países donde se han aprobado leyes trans o de identidad de género y que comportan una clara y efectiva vulneración del derecho a la integridad física y moral de las mujeres y niñas.

Explicar las nocivas implicaciones jurídicas y prácticas de las leyes de autodeterminación de sexo nos acarrea a las feministas amenazas de todo tipo y constantes campañas de cancelación, difamación y acoso. Campañas en las que gustosamente participan integrantes del Ministerio de Igualdad y conocidos representantes de Unidas Podemos.

Sirvan de ejemplo los reiterados insultos (TERF, las siglas en inglés de feminista radical transexcluyente, es el principal de ellos) y las falsas acusaciones de transfobia que Ángela Rodríguez, secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, dirige a las feministas que criticamos las políticas identitarias del Ministerio de Igualdad.

Cierto es que no se puede esperar respuesta sensata ni fundamentada de una secretaria de Igualdad que asegura que existen “bolleras con pene”. Tampoco se pueden esperar políticas a favor de los derechos de las mujeres cuando ni ella ni la ministra saben a quiénes han de ir de dirigidas estas.

Desde aquí les doy a ambas una pista: los seres humanos con pene son hombres y en ningún caso mujeres.

"Insultos y desprecios es todo lo que recibimos las feministas críticas que llevamos meses pidiendo audiencia al Ministerio de Igualdad"

La propia ministra contribuye también al linchamiento público a feministas. Recordemos su participación en un vergonzoso acto de la organización LGTB COGAM en el que se entregó el Premio Ladrillo a Tránsfoba del Año a la escritora Lucía Etxebarria por criticar de forma legítima las leyes de identidad de género.

Y qué decir de la insolente descalificación de Pablo Echenique, que llamó “basura transfoba” a los miles de mujeres que el 23 de octubre, convocadas por la plataforma La fuerza de las mujeres es el futuro de todas, nos manifestamos en Madrid para exigir el cumplimiento de las reivindicaciones feministas y la dimisión de Irene Montero.

Insultos y desprecios es todo lo que recibimos las feministas críticas y organizaciones como la Alianza contra el borrado de las mujeres que llevamos meses pidiendo audiencia al Ministerio de Igualdad para tratar las implicaciones jurídicas de la mal llamada ley trans. Pero Montero prefiere reunirse, como hemos visto en las últimas semanas, con organizaciones de personas no binarias que se presentan con emblemas de unicornios y cuya lucha política consiste en conseguir que se dirijan a ellos como persones.

Ya habrán caído en la cuenta de que tenemos un Ministerio de Igualdad centrado en lo importante.

Es asimismo preocupante la instrumentalización que el Ministerio de Igualdad hace de las infancias trans (no existen las infancias trans, sino niños y niñas que no se ajustan a estereotipos sexistas) y de las agresiones a personas LGTB (algunas de ellas falsas) para justificar la aprobación de la ley. El Ministerio manipula socialmente con la política del sentimiento y la lástima porque es incapaz de responder a las críticas jurídicas y feministas a su ley. Críticas a las que falazmente califica de discurso de odio.

"Exigir la dimisión de Irene Montero es un imperativo ético y feminista"

La reacción de la ministra ante agresiones LGTBIfóbicas es contundente. Contrasta, desde luego, con la respuesta institucional a las agresiones machistas. Hace dos días se conoció la brutal violación y paliza a una niña de 16 años en Igualada (Cataluña). La niña apareció inconsciente, con desgarros anales y vaginales, y fueron necesarios diez especialistas para salvarle la vida. Hoy sigue recuperándose en una unidad de cuidados intensivos.

Ante una agresión de estas características, la ministra declaró lo siguiente: “A la mujer de 16 años a quien han violado en Igualada: tienes todo nuestro apoyo. Esperamos su pronta recuperación con el acompañamiento y la reparación necesaria. Que la calle, la noche y la fiesta también sean nuestras”.

Ni hay condena; ni compromiso con la adopción de medidas que, por tratarse de su trabajo, ya debiera haber puesto en marcha; ni reuniones urgentes como las que Montero convoca ante otro tipo de agresiones. Se limita a dar, en un tuit, lo que ella interpreta como apoyo y a pronunciar un ridículo eslogan.

Es ofensivo. Una muestra más de incapacidad profesional e inacción institucional.

Una ministra que no sabe quiénes somos las mujeres, que participa del linchamiento público a feministas, que desoye nuestras críticas, que vive por y para aprobar políticas y leyes sexistas e identitarias, y que destroza o inutiliza lo conseguido por el movimiento feminista no sólo es una ministra incapaz de realizar el trabajo que le fue encomendado, sino también una amenaza para los derechos de las mujeres.

Exigir su dimisión es un imperativo ético y feminista.

*** Paula Fraga es abogada especializada en Derecho penal y de familia.