La Ley de Vivienda no solucionará el problema del alquiler en España

El Gobierno anunció el pasado martes 26 de octubre por trámite de urgencia la nueva Ley de Vivienda. Se trata de una cuestión incluida en el pacto de gobierno entre PSOE y Unidas Podemos y que había sido convertida hace semanas en bandera de los segundos en la negociación de los Presupuestos Generales del Estado.

De su nulo componente pacífico, y gran carga competitiva entre los partidos que aspiran a representar los valores de la izquierda, da cuenta la rebeldía de Ione Belarra, que retransmitió por redes sociales su propia rueda de prensa en paralelo a la de la ministra socialista competente. Si para un gobierno de aritmética variable la superación del trámite parlamentario ya es compleja, las voluntades de conflicto expresadas y los juegos de las mayorías y las minorías que ejercerán presión en las Cortes anuncian una imposible llegada a buen puerto de la ley. 

13 años después de la gran recesión de 2008 sigue viva la huella emocional y traumática del mayor conflicto social y político de nuestra generación. La década de excesos de los primeros años del 2000 ha dejado una herencia de sospechas cruzadas sobre cualquier medida, empresa o actividad del sector inmobiliario. El juego ideológico enfrenta a la opinión pública con aquellas políticas que funcionan, mientras suscitan aplausos aquellas, tan justicieras como ineficaces, que miran a un pasado que no volverá.

Como etapa volante de la polarización actual, los medios nos relataron hace más de una década las dramáticas consecuencias de la crisis del ladrillo: el paro de amigos y familiares, el fin del milagro económico español, una juventud con enormes problemas para emanciparse, el sobreendeudamiento de las familias, los desahucios mediatizados y la desaparición de las entidades financieras públicas sobreexpuestas a los activos inmobiliarios. 

"La cuestión de la vivienda fue una puerta de acceso de los jóvenes activistas a los liderazgos de aquello que bautizamos como la nueva política"

Cajas de ahorro, constructoras, inmobiliarias, fondos de inversión: la toxicidad de 2007 generó un trauma social por la paralización abrupta de una actividad económica que representaba el 14% de nuestro PIB. Aquellas emociones siguen generando efectos en la sociedad de 2021, tanto en nuestros representantes como en los discursos, las percepciones y los proyectos legislativos.

A nivel político, la cuestión de la vivienda fue una puerta de acceso de los jóvenes activistas a los liderazgos de aquello que bautizamos como la nueva política. Si bien en primera instancia el tema de la vivienda se definió como una cuestión más generacional que ideológica, en aquel dinámico espacio a la izquierda del PSOE se juntaron con el tiempo ministrables juventudes sin futuro, sindicatos de llogaters y futuras alcaldesas de Barcelona. Subidos al tigre de la indignación, apuntando contra todo y contra todos, aterrizaron en la representación institucional. Aún hoy, cuando ya ejercen sus responsabilidades en gobiernos y parlamentos, se ven en la obligación de revivir sus viejos discursos, aunque la situación de hoy diste mucho de aquella que los vio nacer.

Lo que sigue vivo es aquel trauma. Trauma que, si bien derribó con carácter permanente la confianza de las familias españolas en el poder casi mágico de la revalorización de las inversiones inmobiliarias, no anuló un ápice la voluntad mayoritaria en nuestro país de poseer una vivienda en propiedad. España sigue siendo ese país de pequeños propietarios sin un mercado de alquiler análogo al europeo. 

Es posible reconocer en la ley presentada los prejuicios contra las soluciones que provengan de las empresas. Quienes construyen dañan el medioambiente, quienes alquilan explotan a los inquilinos y quienes esperan una rentabilidad al arriesgar su capital están especulando, viene a decir el texto. Con estos mimbres es difícil tener conversaciones públicas productivas sobre el tema, y nos van a quedar aún más lejos las posibles soluciones. Poca profundidad en un país en el que coexisten al mismo tiempo tanto Madrid y Barcelona como ese tercio de provincias que perderán población durante la próxima década. 

"La promesa de intervención centralizada por parte del gobierno no parece que vaya a ser recibida de forma amistosa por los apoyos externos de la coalición, muy sensibles a las cuestiones competenciales"

Se suman además otras dificultades a la tramitación, ya que el proyecto legislativo quiere avanzar desde el nivel nacional sobre las competencias municipales en vivienda. En buena lógica de nuestro sistema, y por la misma razón que las necesidades de tejados y aislamientos en las edificaciones de un pueblo de la montaña asturiana no son las mismas que en las de un pueblo del Mar Menor, siempre se ha defendido que el urbanismo y la vivienda deben ser regulados por la administración de proximidad, que son los ayuntamientos. La promesa de intervención centralizada por parte del Gobierno no parece que vaya a ser recibida de forma amistosa por los apoyos externos de la coalición, muy sensibles a las cuestiones competenciales. 

El texto recupera el fetiche diocleciano del control de precios, proponiendo complejas fórmulas de laboratorio que generan enormes dudas sobre su eficacia en un mercado de caseros privados. Si muchos propietarios ya alegan dificultades a la hora de ejercer con normalidad su actividad, la norma promete todavía más litigiosidad. También se vuelve a señalar a los grandes tenedores de vivienda, que, con una presencia menor al 5% en el mercado del alquiler, no pueden siquiera ser definidos como grandes.

La norma se compromete a fijar calificaciones de domicilios a tres décadas vista y anuncia el bloqueo de la enajenación de viviendas públicas en favor de los fondos inmobiliarios. Todo parece más dirigido a enmendar el pasado que a gestionar el futuro de un parque de vivienda pública en España o a aumentar la oferta disponible. Sin consenso entre las fuerzas que se puedan alternar en la Moncloa, todas esas prevenciones serán normas en permanente mutación ante el ascenso de una mayoría simple parlamentaria y de una orientación gubernamental apoyada en criterios diferentes. 

El Gobierno no parece muy esperanzado en el resultado y trata de aumentar las posibilidades de aprobación de la ley por parte de los grupos del Congreso programando la puesta en marcha de los controles de precios para 2023 y 2024. Es decir, que las medidas arrancarían en la próxima legislatura y con una mayoría parlamentaria diferente a la de su aprobación. 

"Con ley o sin ley, volverán a nuestro país las noticias sobre cómo los pagos asociados a la vivienda y a la energía ponen en peligro las rentas familiares"

Una última indicación sobre la confianza que el Gobierno pone en la Ley de Vivienda se observa en la inclusión en el anteproyecto de Ley de Calidad de la Arquitectura de numerosos compromisos europeos vinculados al marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. La edificabilidad, la eficiencia energética y la sostenibilidad se incorporan a un texto que muestra una redacción más técnica y menos ideológica, lo que de manera previsible permitirá rebajar las dificultades durante su tramitación apelando a una norma ya clásica en la política española por la cual se facilita la aprobación parlamentaria de regulaciones que partan de compromisos con Europa. 

Por último, la valoración de la actitud de Unidas Podemos. Hasta ahora, Yolanda Díaz nunca ha renunciado a echar pulsos y a hacerse fuerte en aquellas políticas en las que anticipa una victoria. Ejemplo de ello son las dificultades de José Luis Escrivá y Nadia Calviño en los pulsos por el empleo, los ERTE, los acuerdos con sindicatos y patronal o la reforma laboral. En vivienda, Díaz ha dejado que sean otros miembros de su formación los que acudan a la confrontación. La política siempre es mutable, pero no parece que haya unas medidas claras sobre las que capitalizar apoyos.   

Sin embargo, sí hay urgencias en la sociedad. Durante los próximos meses, la vuelta a la normalidad, el retorno a la ciudad tras la epidemia de Covid-19 y el vaciamiento del stock inmobiliario de vivienda en alquiler en las grandes ciudades españolas traerá consigo un nuevo ciclo de noticias sobre cómo las familias, y especialmente los jóvenes, los trabajadores precarios y la población más vulnerable, empiezan a sufrir dificultades económicas para pagar sus alquileres.

Con ley o sin ley, volverán a nuestro país las noticias sobre cómo los pagos asociados a la vivienda y a la energía ponen en peligro las rentas familiares. España seguirá sin construir las viviendas necesarias para sostener la demanda de las familias. Seguirá sin desplegar las herramientas, los instrumentos y las empresas que servirían para atender a los mercados más sensibles de nuestra sociedad. Y por culpa de las huellas emocionales de nuestro pasado reciente, señalar estas cuestiones elementales en el espacio público seguirá convirtiéndonos en sospechosos, hasta transformarnos a todos en estatuas de sal. 

*** Pedro Herrero es director de Asuntos Públicos de la agencia Public.