Los diputados del PP abandonan el Parlamento regional catalán antes de la votación del 7 de septiembre de 2017. EFE
Así empezó realmente el golpe de Estado del 'procés'
Fue Montilla quien abrió de par en par las puertas al populismo cuestionando la legitimidad del Constitucional para decidir sobre la legalidad del nuevo Estatut catalán.
Se cumplen cinco años de las funestas jornadas del 6 y 7 de septiembre de 2017 en el Parlamento de Cataluña, cuando el separatismo cruzó el Rubicón que separa la política basada en el enfrentamiento y la división social de lo que, en la práctica, habría de ser un golpe de Estado en toda regla.
El insigne jurista austríaco Hans Kelsen lo deja claro:
"Una revolución, en el sentido amplio de la palabra, que abarca también el golpe de Estado, es toda modificación no legítima de la Constitución (es decir, no efectuada conforme a las disposiciones constitucionales) o su reemplazo por otra. Desde un punto de vista jurídico, es indiferente que esa modificación se cumpla mediante un acto de fuerza dirigido contra el Gobierno legítimo, o efectuado por miembros del mismo Gobierno, o que se trate de un movimiento de masas populares, o sea cumplido por un pequeño grupo de individuos. Lo decisivo es que la Constitución válida sea modificada o reemplazada enteramente por una nueva Constitución, que no se encuentra prevista en la Constitución hasta entonces válida".
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De acuerdo con Kelsen, por tanto, no hay duda de que lo que ocurrió en el Parlament los días 6 y 7 de septiembre fue el inicio oficial de un golpe de Estado, pues lo que pretendía el separatismo era subvertir el orden constitucional para imponer una "nueva legalidad" basada en la fuerza de una exigua mayoría parlamentaria, que no social, que pisotea sin contemplaciones derechos individuales y de las minorías.
La sombra de otro jurista ilustre aunque de infausto recuerdo político por su influencia en la ascensión del nazismo, Carl Schmitt, sobrevolaba de nuevo Cataluña. El decisionismo schmittiano dice que el soberano es "quien decide sobre el estado de excepción", y el separatismo lleva años apelando a la excepcionalidad del momento que vive Cataluña.
"Con su ignominiosa presencia en una manifestación contra el Constitucional, Montilla enterró a Kelsen y desempolvó a Schmitt para mayor gloria del separatismo"
De hecho, para el separatismo, Cataluña vive sumida en una excepcionalidad histórica permanente, y ello justifica todos los desmanes que vienen sucediéndose en nuestra vida pública, sobre todo a partir del 10 de julio de 2010. Aquel día tuvo lugar en Barcelona la ominosa manifestación contra la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre el Estatut, encabezada por el entonces presidente de la Generalitat, José Montilla.
Montilla abrió de par en par las puertas de la Generalitat al decisionismo populista, cuestionando la legitimidad del Tribunal Constitucional para decidir sobre la constitucionalidad, esto es, sobre la legalidad del Estatut aprobado en referéndum por los ciudadanos de Cataluña. Con su ignominiosa presencia en una manifestación contra el TC, Montilla enterró a Kelsen, acaso para siempre en Cataluña, y desempolvó a Schmitt para mayor gloria del separatismo.
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Som una nació: nosaltres decidim [Somos una nación: nosotros decidimos] rezaba la cabecera de la manifestación abanderada por Montilla, que a pesar de su pusilanimidad complaciente tuvo que salir de allí por piernas ante la vesania de sus compañeros de marcha.
En esa manifestación está el origen del mal. Y, sobre todo, en el hecho de que, con su presencia, el PSC-PSOE, un partido supuestamente de Estado, abrazara las tesis decisionistas para deslegitimar las instituciones de nuestro Estado de derecho y socavar las bases de la democracia liberal.
De aquellos polvos, estos lodos.
Si el PSC hubiera estado entonces a la altura, probablemente nada de lo que vino después hubiera ocurrido. La imagen de Montilla y Pasqual Maragall junto a Jordi Pujol, Artur Mas y Heribert Barrera entre otros, despreciando la autoridad del TC, es el preludio de los días 6 y 7 de septiembre. El PSC incubó el huevo de la serpiente que acabó provocando, en 2017, la mayor crisis de nuestro Estado constitucional desde el 23-F.
Siete años después, Carles Puigdemont recogía el testigo de Montilla y posaba ufano con cinco resoluciones del TC (que declaraban la inconstitucionalidad del referéndum del 1 de octubre) como si fueran trofeos de la Champions. Puro decisionismo peronista.
"Resulta desalentador constatar que PSC y PSOE parecen nuevamente empeñados en allanar el camino para el próximo golpe, indultando a los autores del anterior"
Sentadas las bases de una democracia iliberal en Cataluña, era cuestión de tiempo que un líder mesiánico se echara al monte y, autoerigido en la encarnación de la voluntad del pueblo, pusiera en marcha un proceso para abolir la democracia liberal en Cataluña.
Y ese fue, precisamente, el lema de Artur Mas para las elecciones de 2012: La voluntat d'un poble [La voluntad de un pueblo]. El procés había empezado con la manifestación contra el TC encabezada por Montilla y alcanzó el paroxismo los días 6 y 7 de septiembre, ya con Puigdemont al frente de la Generalitat.
Ahora que se cumplen cinco años de aquellas jornadas aciagas cabe preguntarse qué hubiera pasado si, en lugar de Ciudadanos con Inés Arrimadas y Carlos Carrizosa al frente, la oposición parlamentaria en Cataluña hubiera estado en manos del PSC de Miquel Iceta. Estremece sólo de pensarlo.
Resulta desalentador constatar que PSC y PSOE parecen nuevamente empeñados en allanar el camino para el próximo golpe, indultando a los autores del anterior, promoviendo la reforma del delito de sedición y aliándose con los partidos nacionalistas para burlar sentencias judiciales como la del 25% de español en la educación.
Así, es sólo cuestión de tiempo que el separatismo vuelva a perpetrar otras jornadas como las del 6 y 7 de septiembre de 2017.
*** Nacho Martín Blanco es portavoz de Ciudadanos en el Parlamento de Cataluña.
