La ministra de Igualdad, Irene Montero, durante un acto institucional. EFE
El populismo penal de Irene Montero
Modificar el Código Penal a la ligera y de forma tan irresponsable es una osadía, antesala de respuestas reaccionarias por todos los flancos.
Me aburren las guerras culturales. Pareciéndome simplista la segmentación del debate público entre ejes materiales y ejes culturales, puesto que hay vasos comunicantes siempre en las cuestiones políticas y la frontera de las disociaciones burdas es brumosa, sí es cierto que en los últimos tiempos el debate público se ha inundado de asuntos meramente relativos a los usos y costumbres de la vida de las personas.
La subsecretaria del Ministerio del Interior, Isabel Goicoechea, hace entrega de la Distinción al Mérito de la Protección Internacional a la ministra de Igualdad, Irene Montero. EFE
En muchos casos, el enfoque predominante ha pivotado en torno a las tesis de la representación, sin perjuicio de que muchos de los asuntos que se abordaban tenían implicaciones reales en la vida de las personas: en sus derechos y deberes, en sus posibilidades de emancipación.
Si podemos rastrear un hilo conductor en todas las políticas hegemónicas de las últimas décadas, encontramos un fuerte rasgo identitario.
Pocas palabras más manoseadas y pegajosas que la de identidad. Los fundamentalistas identitarios confieren al significante un significado abiertamente esencialista, abriendo así la caja de Pandora a la hora de ordenar racionalmente el espacio público.
"La política identitaria suele llevar aparejada un componente que acompaña al fundamentalismo y al esencialismo: la degradación emotiva del debate público"
Como si las identidades no fueran múltiples, cambiantes, complejas y, sobre todo, completamente irrelevantes a la hora de reconocernos como ciudadanos iguales y libres dentro de una comunidad política democrática.
Como si no fuéramos una suma de experiencias compartidas, el resultado de múltiples mestizajes, no depositarios de una suerte de esencias inmutables que nos acompañan desde el principio al final de nuestras vidas.
La política identitaria suele llevar aparejada otro componente que acompaña al fundamentalismo y al esencialismo: la degradación emotiva del debate público. Se renuncia a las buenas razones para justificar las leyes que han de guiar la convivencia pública.
El objetivo no es otro que el de volcar en el proceso legislativo una serie de apriorismos emocionales que consigan la aprobación y adhesión inquebrantables de la tribu identitaria de turno. Con frecuencia, las dinámicas emocionales conducen a un terreno fértil para el populismo legislativo, una técnica de trazo grueso con consecuencias nefastas.
No es mi intención sumarme a los análisis técnicos que están surgiendo (algunos de gran prudencia y precisión) para calibrar una reforma disparatada que ha explotado en manos del Gobierno. Tampoco me siento cómodo con los jugadores de ventaja que nos repiten las obviedades más evidentes sobre el Ministerio de Igualdad.
Sí aportaré, sin embargo, la cautela de un simple abogado con algo más de diez años de experiencia procesal que, cada semana, como tantos otros compañeros, trabaja con nuestras leyes en los juzgados y tribunales españoles.
"La correcta tipificación del delito es esencial para no emborronar en un gran cajón de sastre conductas de ningún modo merecedoras del mismo reproche penal"
No hablamos de temas sencillos y la técnica legislativa no puede convertirse en una amalgama de buenas intenciones y burdos brochazos para la algarada popular. No funciona o no debería, al menos, funcionar así. La protección de las víctimas de violencia sobre la mujer (esencial) ha guiado nuestra legislación y la aparición de unos juzgados especializados que, al contrario de lo que se señala desde la propaganda amarillista, funcionan razonablemente bien.
Esa protección es un bien jurídico que merece toda nuestra atención y que debe empezar por escapar de la grosera manipulación de todas las mujeres víctimas de abusos y agresiones sexuales.
Manipulación, sí, cuando se trata de emponzoñar el debate público mintiendo sobre el consentimiento (cuando se afirma que la legislación penal previa a la reforma no lo contemplaba) o filtrando que calificar penalmente como agresión lo que antes se tipificaba como abusos sexuales implica reforzar la protección y castigar las conductas merecedoras de reproche penal.
El principio de proporcionalidad y el de tipicidad son esenciales en el derecho penal. La correcta tipificación del delito es esencial para no emborronar en un gran cajón de sastre conductas, todas ellas delictivas, pero de ningún modo merecedoras del mismo reproche penal.
El problema derivado ha sido, como se advirtió, la posibilidad de reajustar las penas conforme a la retroactividad de las normas penales más favorables para el reo, conforme a una horquilla penológica más amplia, tanto en su parte superior como inferior.
La mejor forma de tomarnos en serio a las víctimas es no convertir el Estado de derecho en una asamblea gobernada por eternos peterpanes. Adolescentes que jamás asumirán un error y que, cuando vienen mal dadas, tiran por elevación: ahora son nuestros jueces unos machistas incorregibles.
["Hemos llegado al límite de los disparates de Podemos": clamor en la cúpula del PSOE]
Si así fuera, y semejante apriorismo prejuicioso fuese verdad, cabría preguntarse si también lo eran cuando se confeccionó la ley. ¿Qué sentido tenía vender como solución legislativa a las insuficiencias de la regulación preexistente una ley que, al fin y al cabo, iban a aplicar los juzgados y tribunales que tienen la capacidad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado?
¿Acaso se sugiere que el furor patriarcal ha sido sobrevenido, en una suerte conspiración de nuevo cuño contra el Ministerio de Igualdad?
¿Es también patriarcal nuestra formación pionera en violencia machista o la aparición de juzgados especializados de violencia sobre la mujer?
Algo falla cuando el propio feminismo y las asociaciones de fiscales y jueces (incluso las denominadas progresistas) están denunciando el despropósito. Poniendo de manifiesto con acierto, incluso, que carece de toda lógica obviar décadas de lucha contra ese populismo punitivo que parece olvidarse de los más elementales principios informadores del Derecho penal. No sólo la mínima intervención, el carácter de última ratio, la proporcionalidad o la retroactividad de la ley penal más favorable. También la finalidad no sólo retributiva, sino también resocializadora de las penas.
"Modificar el Código Penal tan a la ligera y de forma tan irresponsable es una osadía, antesala de respuestas reaccionarias por todos los flancos"
Paradójicamente, emborronando la distinción entre abuso y agresión, con la apariencia de agravar el reproche penal, se ha terminado abriendo una ventana de oportunidad para muchos condenados por delitos gravísimos. Una colosal chapuza, en fin.
La imprescindible lucha por la igualdad no solo ha de operar en el ámbito penal, resulta tan necesario como obvio recordarlo.
Claro que ahora, en estos tiempos de posmodernismo identitario en los que incluso se discuten categorías objetivas y materiales como el sexo biológico, tal vez hablar de coeducación o, en definitiva, de una verdadera educación para la ciudadanía (una ciudadanía integral, laica e igualitaria, no configurada fragmentariamente para deleite nacionalista, tribal o identitario) esté pasado de moda.
El cúmulo de contradicciones resulta, incluso para los perpetradores del disparate, imposible de cabalgar.
Como señalaba recientemente el abogado Carlos Cía en redes sociales, resulta muy poco edificante observar "la timidez del Gobierno en reformas laborales" (apelando al diálogo social y a la aceptación de la CEOE de la muy timorata recuperación de derechos salvajemente eliminados con las reformas de 2010 y 2012) "y su promiscuidad en reformas penales".
Modificar el Código Penal, donde se dirime la privación de libertad de los ciudadanos, tan a la ligera y de forma tan irresponsable es una osadía, antesala de respuestas reaccionarias por todos los flancos.
Es precisamente en el ámbito penal, en el que los derechos más fundamentales pueden ser restringidos de forma gravosa y en el que los bienes jurídicos entran en el mayor de los conflictos, donde las ínfulas identitarias y populistas son más peligrosas.
A las víctimas de violencia sobre la mujer les debemos respeto y protección, sin banalizar un Estado de derecho que, con todas sus deficiencias, sigue siendo el mejor baluarte de garantías de los más débiles de la sociedad frente a toda suerte de abusos.
*** Guillermo del Valle es abogado y director de 'El Jacobino'.
