Réquiem por la democracia española

Una ley, con independencia de su rango normativo, no puede hacerse para satisfacer el capricho de unos pocos. Las leyes, como manifestaciones de la voluntad del pueblo, se aplican a la colectividad, a toda la ciudadanía. Porque es precisamente esa misma ciudadanía la que las legitima y en quien se agota la legislación como emanación del poder democrático.

El helicóptero con los restos mortales de Francisco Franco, durante la exhumación del cadáver del dictador del Valle de los Caídos, el 24 de octubre de 2019. Efe

Así, aunque el sistema pueda ser representativo en cuanto a su fuente legisladora, será la ley la que, con su aplicación sobre la totalidad, traduzca los efectos democráticos de lo acordado. Lo bello y trágico de la democracia es que nos hace iguales en su principio (la elección de nuestros representantes) y en su final (la ejecución de los mandatos legislativos). 

Lo anterior se ha mantenido entre nosotros sin excepciones desde la aprobación de la Constitución de 1978. De este modo, aunque en ocasiones ha sido precisa la intervención nomofiláctica del Tribunal Constitucional, en parámetros ordinarios podemos afirmar que el Parlamento español ha sido consciente siempre de la importancia de preservar la abstracción y generalidad de las leyes. Y no se ha hecho un uso (al menos no excesivo, y mucho menos exhibicionista) de la legislación para el caso particular.

Y ello ha sido así porque difícilmente puede conciliarse el principio de igualdad con las normativas a la carta que en cuanto tales, y respondiendo al interés concreto de sujetos específicos o grupos determinados, no obedecen al espíritu democrático. Sino más bien al privilegio deseado del poderoso. De aquel que se siente superior al resto y que, desde esa posición de preferencia, subyuga los poderes públicos para escapar de la generalidad y construir su particularidad jurídica. 

"Es imposible defender al mismo tiempo la universalidad del acceso a los recursos y aprobar leyes que circunscriben su uso sólo a quienes poseen una determinada característica identitaria"

¿Siempre han existido señores y siempre existirán vasallos? Hoy, Pedro Sánchez y sus apoyos nacionalistas extienden su pierna sobre la cama de la maltrecha democracia española. Derecho de pernada para corruptos y sediciosos.

La gravedad de lo que está ocurriendo en nuestro país sólo puede explicarse desde la comprensión de una dialéctica más tensa que nunca. La que separa al socialismo (o lo que queda de él) de las identidades rupturistas con la idea nacional.

Si la cohabitación de las fuerzas políticas transversales con el nacionalismo separatista resulta muy compleja en casi todos los escenarios, cuando la correlación de intereses acontece con un partido de izquierda la coherencia ideológica, el discurso, salta por los aires.

Y ocurre así porque es imposible defender al mismo tiempo la universalidad del acceso a los recursos para todos los ciudadanos y aprobar leyes que circunscriben el uso de esos recursos sólo para quienes poseen una determinada característica identitaria. El Gobierno de Sánchez piensa que puede sobrevivir a esta legislatura consintiendo cesiones a las ramificaciones del independentismo catalán (ERC) y vasco (EH Bildu).

Pero, como en la fábula del escorpión y la rana, nada se puede esperar de quienes respiran gracias a su veneno interior y flotan por virtud de otros a los que, tarde o temprano, terminarán regalando la proximidad mortífera de su aguijón.

La reforma penal de los delitos de sedición y malversación, la eliminación del plácet del Tribunal Constitucional a los candidatos del Gobierno o la revisión del sistema de designación para los miembros elegidos por el Consejo General del Poder Judicial no son iniciativas legislativas inocuas con nuestro modelo de convivencia.

"La portada de periódico que España no podrá soportar cada vez está más cerca: Puigdemont aterrizando en Madrid, feliz y sonriente, gracias a un nuevo Código Penal que será su pasaporte"

Son un hachazo sin precedentes a la médula del constitucionalismo de 1978. Un aplauso y carta de bienvenida a quienes pretendieron segregar parte del territorio a través de la insurrección y el alzamiento, y un golpe bajo a una separación de poderes, ya demasiado resentida, que quizá no consiga levantarse del mazazo trapero.

Y lo que es peor. Son medidas adoptadas legislativamente en favor de unos pocos y para dar cobertura exclusiva a sus oscuros y privilegiados intereses. El Congreso de los Diputados y el Senado al servicio del apartheid de socios y no socios del Ejecutivo.

La portada de periódico que España no podrá soportar cada vez está más cerca: Carles Puigdemont aterrizando en Madrid, feliz y sonriente, gracias a un nuevo Código Penal que será su pasaporte. Lo veremos.

Con la retrospectiva que permite el tiempo se comprende la obsesión del Gobierno con la exhumación de Franco. La tierra y sus raíces sólo conceden hueco para un dictador. Uno se ha ido. Ahora la humedad, el barro y los insectos impacientan el depósito del nuevo inquilino.

[Carta del Director: Por exhumar a Franco y no inhumar a Irene]

Sánchez no pasará a la historia (como él desea) por haber conseguido desenterrar a un tirano. Lo hará como el presidente narcisista y ególatra que no dudó en legislar para sus amigos, en romper el consenso de décadas en cuanto a la generalidad e igualdad en la confección legislativa, en depredar sin piedad ni descaro los principios básicos del Estado de derecho o en sustituir los postulados sociales por el privilegio identitario de unos pocos. 

Sánchez fundó su poder en la lucha contra la corrupción. Hoy, algunos años después, cuesta imaginar un país con mayor descomposición moral y orgánica, con un Poder Judicial más desprestigiado, con un Legislativo más servil o con unos medios de comunicación más amenazados que España. 

Bajo la lluvia incesante de invierno, dos figuras casi espectrales aguardan la llegada del féretro, el barro y la hierba sucumben al golpe torrencial que inflige el cielo, la fosa se revuelve ansiosa de conocer su presente. La marcha concluye, la música cesa y el sepulturero adelanta sus pasos sabedores del cometido que espera. 

En el ataúd reposa, ya sin vida, la democracia española. 

*** Álvaro Perea González es letrado de la Administración de Justicia.