El tuit-plantilla de Irene Montero para las 13 mujeres asesinadas

Andrea Fernández, secretaria de Igualdad del PSOE. Europa Press

Por supuesto, algo falla. Necesitamos políticas de igualdad que persigan y erradiquen la violencia sexual y machista. Necesitamos condenas privativas de libertad cuya duración refleje la gravedad de los hechos acaecidos en feminicidios y violaciones.

La lucha contra la violencia de género precisa, además, de más recursos para la vigilancia de los agresores y la asistencia integral a las víctimas, así como para políticas de prevención y sensibilización.

En su lugar, tenemos a una secretaria de Igualdad del PSOE, Andrea Fernández, haciendo las delicias de los negacionistas de la violencia machista al decir que "la violencia de género no es un problema de las mujeres, va de calidad democrática". Consigna luego asumida por el PSOE al completo.

A Andrea Fernández y al PSOE cabe recordarles el artículo 1 de la ley orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género que ellos mismos han aprobado y que dispone lo siguiente:

"La presente ley tiene por objeto actuar contra la violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre estas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia".

Permítanme dudar de la buena intención de las declaraciones cuando tenemos una ley trans recién aprobada en el Congreso (únicamente queda el trámite del Senado) que ampara el borrado jurídico del sexo y que califica como discurso de odio decir que ser mujer es nacer con sexo femenino, o que es precisamente por nuestro sexo por lo que se nos subordina a las mujeres.

[Desde 2007 han sido asesinadas 171 mujeres incluidas en el plan de protección de Interior]

Estos mensajes institucionales no son inocentes. Son la motivación ideológica de las políticas transgeneristas que está aprobando el Gobierno y que amenazan aquellas otras políticas cuya base configurativa es el sexo, incluida la ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género (LIVG). Políticas transgeneristas que defienden que la violencia contra las mujeres y otras cuestiones relativas al sexo femenino ya no son "problemas de las mujeres", sino de los varones que se identifiquen como tales y que de paso redefinan el concepto social y jurídico de mujer.

En lugar de condenas adecuadas para feminicidios y violaciones tenemos rebajas de condenas y excarcelaciones a violadores y pederastas por una ley nefasta, la del 'sólo sí es sí', promulgada por un Gobierno que dice que ha venido a proteger a las mujeres. 

En lugar de recursos para la vigilancia de los agresores y la asistencia integral a las víctimas tenemos un Ministerio de Igualdad que dilapida el dinero público en causas que no sólo le son ajenas, sino que son contraproducentes en la lucha contra la violencia sexual.

Los recursos públicos que deberían ser utilizados para erradicar la violencia de género están siendo destinados a organizaciones transgeneristas. Y, entre ellos, quince millones de euros para esas organizaciones que introducen en las leyes y en las escuelas el nocivo, sexista y anticientífico discurso de "la identidad de género" y de "los niños y niñas que nacen en cuerpos equivocados".

Mientras tanto, las ayudas a las organizaciones que asisten a las víctimas de violencia machista han sido reducidas casi a la nada. Si bien se debe defender un sistema público que asegure la asistencia integral, lo que no hemos conseguido es que las organizaciones feministas no sean desprovistas de recursos.

Por si no fuera suficiente la retirada de recursos económicos, el régimen sancionador de la ley trans ha prohibido conceder ayudas y subvenciones a las organizaciones feministas por su postura crítica con la filfa transgenerista. Por esa crítica se nos impondrán multas de hasta 150.000 euros.

En resumen. El Gobierno "más progresista de la historia" ha institucionalizado la persecución política a las feministas y ha regado de dinero organizaciones que van a por los niños y niñas con el beneplácito de la industria farmacéutica.

Que vienen a por nosotras para señalarnos y enviarnos al ostracismo, porque a la hoguera no pueden.

[Interior dedica el mismo número de policías a proteger a mujeres en peligro que hace 11 años]

En lugar de recursos para políticas de educación, prevención y sensibilización contra la violencia machista tenemos campañas ridículas contra la gordofobia o por el reconocimiento de seres mitológicos como los no-binarios. 

En lugar de políticas concretas que reformen un sistema que está fallando, tenemos un Ministerio de Igualdad declarándose impotente ante el repunte de la violencia, instando a las víctimas que extremen la precaución y hablando de responsabilidad ciudadana.

Para las nocivas causas transgeneristas hay recursos de todo tipo. Para la violencia machista, el tuit plantilla de Irene Montero de "no hemos llegado a tiempo" y condolencias a familiares. Un tuit para las trece mujeres asesinadas.

*** Paula Fraga es abogada especializada en Derecho penal y de familia, y especialista en protección a la infancia.