Las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) son una medida crucial para la movilidad sostenible. Limitar la circulación en el centro de las grandes ciudades es fundamental para mejorar la calidad de vida de la población. Por un lado, porque mejora la calidad del aire (algo que también mitiga el cambio climático). Por el otro, porque reduce la contaminación acústica.
Con las ZBE, el patrón de movilidad de gran parte de la ciudadanía se verá alterado, sobre todo en áreas de alta densidad poblacional y mucha actividad económica. En concreto, tres de cada cuatro coches verán limitada su libre circulación. Esto provocará un desplazamiento de la demanda hacia nuevas formas de movilidad sostenible, como la del transporte público.
Las ZBE son así tanto un desafío como una oportunidad para reforzar el papel del transporte público. En primer lugar, porque obliga a ampliar su capacidad para ofrecer una alternativa a la movilidad en automóvil.
En segundo lugar, porque dicha sustitución ha de realizarse en favor del planeta. Es decir, con vehículos de bajas emisiones y con ocupaciones suficientes para que sus rendimientos ambientales y energéticos sean mejores que los del tráfico motorizado privado.
El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) vincula cambio modal y zonas de bajas emisiones para alcanzar una reducción del 23% de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) respecto a los niveles de 1990. Ese objetivo pasa por impulsar los desplazamientos en transporte colectivo.
Cerca del 50% de los españoles experimentarán un cambio de hábitos en sus desplazamientos diarios. Por ello, es necesario ofrecer soluciones de movilidad bien planificadas, inteligentes, prácticas y adaptadas a las nuevas necesidades de la población. Las ZBE deben ir acompañadas por planes de movilidad ambiciosos que garanticen que la mayoría de los trayectos comunes sean más cómodos y rápidos si se realizan con medios diferentes al vehículo privado.
En los municipios, la limitación de la circulación obligará a revaluar los nuevos patrones de movilidad y ajustar el transporte público a dichos cambios. Eso significa adaptar horarios, reordenar líneas, rediseñar zonas de embarque y desembarque universalmente accesibles o ajustar la configuración de vehículos y frecuencias de paso. También es clave mejorar los sistemas de información y promoción.
En paralelo, debe tenerse en cuenta la intermodalidad en las ZBE y en las áreas de influencia. El nuevo paradigma requiere de nodos dotados de intercambiadores multimodales para que cualquier ciudadano que llegue a uno de ellos en un modo de transporte pueda utilizar otro distinto para llegar a su destino final.
Es también necesaria una autoridad supramunicipal que coordine la implementación de las distintas ZBE y que garantice una estrecha cooperación entre los municipios de una misma área metropolitana para evitar problemas en las zonas aledañas.
Es finalmente necesario un incremento en los presupuestos destinado a adaptar y mejorar el transporte público para que este sea una solución de movilidad atractiva y de calidad. La omisión de este detalle en los documentos sobre la implementación de las ZBE debe enmendarse para garantizar que la demanda queda cubierta con un aumento de la oferta sustentado por una financiación adecuada.
Las ZBE son una oportunidad para impulsar la salud y el bienestar en las ciudades y alcanzar los objetivos medioambientales. Las ZBE deben restringir la entrada a la ciudad de un gran número de vehículos. Pero, sobre todo, deben fomentar alternativas de transporte sin emisiones o con menos emisiones, como el transporte activo (caminar y pedalear) y el transporte colectivo.
*** Miguel Ruiz es presidente de la Asociación de Transporte Público Urbano y Metropolitano (ATUC).