Una fiscal de la Audiencia Provincial de Valladolid, durante una jornada de huelga en 2018. EFE
Por una Justicia independiente
La presidenta de la principal asociación de fiscales confía en un acuerdo económico que evite "tener que acudir" a la huelga.
La administración de Justicia es un servicio público que debe dar satisfacción en un tiempo razonable a los intereses que ante ella se dirimen, y que debe proporcionar seguridad jurídica con sus resoluciones, generando la confianza de la ciudadanía. Para ello, para dar un servicio de calidad, es preciso que esté servida por jueces y fiscales preparados; dotada adecuadamente de personal y de medios materiales; regulada a través de procedimientos bien estructurados para facilitar su eficacia y agilidad, sin merma alguna de derechos de quienes a ella se someten.
Pilar Llop, ministra de Justicia, en el Congreso de los Diputados.
Pero además, la Justicia no debe estar subordinada a ningún otro poder, debe ser independiente. Y una de las bases para ello es la independencia económica de jueces y fiscales, esto es, que fiscales y jueces estén bien retribuidos. Lo dice la Ley 15/2003 reguladora del régimen retributivo de las carreras judicial y fiscal, refrendado por la Comisión Europea, que prevé además un sistema de revisión de las mismas a través de la convocatoria quinquenal de la llamada “mesa de retribuciones”.
Pues bien, esta última previsión se ha incumplido sistemáticamente durante 20 años. No sólo no ha habido revisión salarial alguna para ajustar los sueldos a las previsiones de esta ley, sino que el Real Decreto ley 8/2010 supuso una drástica reducción de las retribuciones no paliada hasta hoy. Esa reducción salarial supuso a los integrantes de las carreras judicial y fiscal una pérdida de más del 9% del sueldo y del 5 o 6% del complemento de destino. Así, de enero de 2004 a marzo de 2023, el IPC se ha incrementado alrededor del 50%, cifrando la pérdida de poder adquisitivo en un 28%, aproximadamente.
Ante esta situación, la Asociación de Fiscales, junto al resto de asociaciones, instó al ministro del Partido Popular, Rafael Catalá, a convocar la “mesa de retribuciones” tras múltiples reuniones, así como a incrementar los medios materiales y los recursos humanos necesarios para mejorar la Administración de Justicia. Del mismo modo, pedimos suprimir reformas legislativas nefandas sobre los plazos de instrucción, convocando movilizaciones y una huelga ante la negativa a nuestras peticiones.
Posteriormente, tras la moción de censura del PSOE, iniciamos negociaciones con el nuevo equipo ministerial gobernado por Dolores Delgado, que siguió la línea de su inmediato antecesor. Organizamos diversas reuniones para la consecución de acuerdos que supusieran un avance en las materias objeto de reclamación, con nulo éxito. Por lo que de nuevo se convocó una jornada de huelga, derecho este que el Ministerio de Justicia reconoció implícitamente, superando concepciones contrarias a ello, con la consiguiente reducción salarial.
"Llevamos años de espera y de trabajo responsable y leal, buscando acuerdos que nunca llegan"
La llegada del equipo de la ministra Pilar Llop, tras la pandemia, abrió nuevas expectativas. Las asociaciones de fiscales y jueces nos dedicamos a celebrar innumerables sesiones de trabajo con el equipo ministerial para volver a analizar la situación y las mejoras salariales imprescindibles para cumplir con los fines de la Ley de 2003. En especial, nos centramos en reivindicaciones como la mejora de la retribución del servicio de guardia, tan mal pagado que algunos fiscales y jueces reciben como retribución por hora de disponibilidad en una guardia semanal una cantidad que no alcanza los 60 céntimos la hora. Además, abordamos el complemento de destino a la realidad actual y el complemento de antigüedad, entre otros.
Después de no menos que cuatro reuniones de trabajo en el último año, ha mediado un anuncio del Ministerio de Justicia de convocatoria de la “mesa de retribuciones”, inmediatamente anulado sin explicación alguna. Lo que ha obligado a la mayoría de asociaciones, entre las que se encuentra la Asociación de Fiscales, a interponer demanda ante los tribunales para que Justicia cumpla con su obligación legal de convocatoria.
Llevamos, pues, años de espera y de trabajo responsable y leal, buscando acuerdos que nunca llegan por parte de los gobiernos que se han sucedido desde 2008. Esto evidencia la falta de voluntad política de unos y otros para mejorar la Administración de Justicia, lo que pasa necesariamente por un Pacto Nacional y una importante inversión.
Así las cosas, hemos sido invitados por el ministerio para celebrar el día 3 de mayo la “mesa de retribuciones”, convocando a un Ministerio de Hacienda y Función Pública que debe ofrecer soluciones para adecuar, sin excusas y sin campañas de descrédito, nuestras retribuciones. No es nuestra inicial intención acudir a la huelga. Así que apelamos a la responsabilidad de nuestros interlocutores en la mesa para llegar a acuerdos que eviten tener que acudir a esa medida de presión.
*** Cristina Dexeus es presidenta de la Asociación de Fiscales.
