¡Cuánta falta hace en España una izquierda jacobina!

Se vanaglorió de haber hablado siempre en gallego en las comparecencias públicas como presidente de Galicia, como si tal cosa fuese un síntoma de normalidad democrática en una comunidad autónoma con dos lenguas oficiales. Huelga decir que la invocada normalidad, en esta España paradójica, es la de no utilizar jamás la lengua común cuando se habla en nombre de un poder del Estado.

Feijóo reivindicó también el papel del catalanismo y la figura del recientemente fallecido Josep Piqué, y ante las preguntas, que parecían exigencias, sobre un pacto fiscal para Cataluña, sempiterna reclamación del poder económico y financiero de la burguesía catalana, prometió al menos devolver la competencia autonómica del Impuesto de Patrimonio a las comunidades como antesala para su eliminación.

Una formulación liosa, por cuanto las comunidades ya tienen esta competencia, transferida precisamente en el año 2009 por un gobierno presuntamente socialista. Ya saben las consecuencias: competencia fiscal a la baja y derogación de facto del impuesto.

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El impuesto temporal sobre las grandes fortunas que ha aprobado este gobierno, especialista en los efectismos huecos, supone un solapamiento innecesario con el impuesto de patrimonio y seguramente será declarado inconstitucional por invadir competencias autonómicas. Las mismas que quiere blindar el PP y que son las que impiden un sistema tributario progresivo e igualitario.

Tampoco parece casual que el presidente popular citara al presidente Montilla, allí presente. Otro socialista muy poco socialista. El mismo Montilla que reclamó que "el dinero de los catalanes se quede en Cataluña".

Si lo pensamos fríamente, nada de lo allí planteado es nuevo. Ni por la parte de la burguesía catalana, con su poder económico y financiero, ni por parte del PP. Al revés, más bien parece la vuelta cíclica a la casilla de salida, la de los enjuagues confederales contra la igualdad entre españoles.

Recientemente, las Cámaras de Comercio de Barcelona, Girona y Sabadell, las patronales Pimec y Cecot, las asociaciones FemCAT y Amec y el grupo Economistes pel Benestar presentaron un informe que sostiene que "Cataluña dispondría de 20.000 millones de euros más en su presupuesto si tuviera un sistema como el vasco o el navarro".

"En un documento de 2012, el Círculo de Economía reclamaba revisar el modelo de financiación autonómica"

El informe en cuestión señala también que "Cataluña debe tener la capacidad de recaudar y decidir sobre el destino de los recursos que genera con el objetivo de potenciar la competitividad de su economía y situar el bienestar y el progreso de sus ciudadanos al nivel de su esfuerzo, sin eludir la colaboración razonable en el equilibrio y solidaridad territorial".

Si bien el citado informe no fue suscrito por el Círculo de Economía, esta institución es bien conocida por propuestas similares, aunque matizadas en el tono y a veces eufemísticamente edulcoradas.

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En un documento de 2012, al tiempo que Artur Mas reclamaba un pacto fiscal para Cataluña en forma de un sistema análogo al concierto económico vasco y al convenio navarro, el Círculo de Economía reclamaba revisar el modelo de financiación autonómica: "Sin temor al cambio, debemos avanzar hacia un modelo que responda a nuestras singularidades como ocurre en todos los Estados descentralizados que puedan servirnos de referencia".

Ese mismo documento hablaba expresamente de pacto fiscal y abría la puerta a que fuese confederal (al modo vasco-navarro) o federal ("en el marco legal vigente, sin perjuicio de que el modelo permita concreciones y asimetrías en su aplicación en cada territorio").

"Un nuevo pacto fiscal conceptualmente federal podría transferir a las comunidades amplia capacidad normativa respecto de todos los impuestos directos llegando, incluso, a atribuir a las agencias tributarias autonómicas la competencia de recaudar y gestionar todos los tributos que se generan en su territorio".

Recomiendo aquí, para los despistados defensores de un federalismo de izquierdas, el estudio del Instituto Juan de Mariana Federalismo Fiscal, firmado por Francisco Cabrillo y Santiago Calvo, donde se defiende de manera cristalina el marco de competencia fiscal autonómica y la transferencia de las capacidades normativas tributarias a las comunidades como el mejor modelo para garantizar "la libertad económica".

"Si no sorprende que desde el Círculo de Economía se pregunte por el pacto fiscal, tampoco supone novedad alguna la comprensión del PP con las peticiones de este tipo"

Es decir, traduciendo los eufemismos de los apóstoles de la desregulación, la competencia fiscal y las transferencias autonómicas son una vía segura para degradar la redistribución dentro de la comunidad política.

Si no sorprende que desde el Círculo de Economía se pregunte una vez más por el pacto fiscal, por la necesidad de garantizar la competencia autonómica sobre el impuesto de patrimonio (o el de sucesiones y donaciones) para derogarlo, o que se reclame una mejor financiación para Cataluña, tampoco supone novedad alguna la comprensión del PP con las peticiones de este tipo de foros representativos del poder económico.

Los pactos del Majestic fueron la concreción programática de toda esa lógica. El botín del nacionalismo no fue precisamente menor.

Vayamos a la letra de aquel enjuague para entender el actual estado de cosas.

Se incluía el respaldo de los populares al gobierno autonómico en Cataluña, un nuevo sistema de financiación autonómica (con la cesión a las comunidades del 33% de la recaudación del IRPF, el 35% del IVA y el 40% de los impuestos especiales), la eliminación del servicio militar, la supresión de la figura del gobernador civil, el compromiso de importantes inversiones en Cataluña y la transferencia de una batería de competencias a la Generalitat (en tráfico, educación, sanidad, justicia, agricultura, cultura, empleo, medioambiente y vivienda).

En 1998 salió adelante la Ley de política lingüística pactada por PSC y CiU, que sentó las bases del modelo iniciado en 1982 y que contó con la aquiescencia de Aznar, al no recurrirla ante el Tribunal Constitucional y presionar al Defensor del Pueblo para que tampoco lo hiciera. Con esa ley se procedió al blindaje de la llamada "inmersión lingüística".

En definitiva, ni el Círculo ni el PP innovan al explicitar sus intenciones sobre las singularidades, los encajes y los tratos de favor. No son nuevos los cantos de sirena para tender puentes entre élites y privilegiados, ni los intentos de edulcorar con llamamientos a la concordia lo que en el fondo es una política insolidaria. 

"Las cuentas del Círculo son las de siempre. Las de una oligarquía económica que anhela que sus representantes políticos oficien como auxiliares de sus intereses de clase"

Política insolidaria que combina ortodoxia económica (la que se despreocupa de la precariedad y los recortes sociales que han condenado a la exclusión social a cientos de miles de trabajadores) con parcelación nacional-identitaria de la comunidad política a través de una descentralización competitiva presuntamente orientada a encajar las singularidades culturales y que termina concretándose en el blindaje de los privilegios de los potentados en detrimento de los derechos de todos.

Las cuentas del Círculo son, en el fondo, las de siempre. Las de una oligarquía económica que anhela que sus representantes políticos oficien como auxiliares de sus intereses de clase. Siguen soñando con un Estado confederal que garantice exclusivamente la libertad económica de unos pocos y la seguridad jurídica de sus negocios, pero nunca la libertad o la seguridad jurídica de los trabajadores explotados por esa oligarquía económica.

En el caso de Cataluña, los perdedores del sistema no sólo sufren los embates de los recortes sociales, sino también la segregación etnolingüística de unas élites empeñadas en la extranjerización explícita y/o la indirecta muerte civil de tantos.

A la vista de lo que algunos proponen para recomponer una comunidad política deteriorada por la izquierda reaccionaria y su subordinación a la agenda de la desigualdad de sus socios nacionalistas, convendría preguntarse si el remedio no puede ser incluso peor que la enfermedad.

¡Cuánta falta hace en España una izquierda jacobina!

*** Guillermo del Valle es abogado y director de 'El Jacobino'.