Apreciada vicepresidenta Jourová, apreciado comisario Reynders:

1- ¿Puede haber ciudadanos de primera y de segunda en la UE?

2- ¿Tiene alguna competencia la UE y, en concreto, la Comisión Europea en la lucha contra los discursos de odio en la UE?

3- ¿Es compatible con el Estado de derecho la crítica, desde el poder público, a los ciudadanos por manifestar públicamente su desacuerdo con dicho poder público?

Disculpen las preguntas anteriores, que deberían ser retóricas, pero que se convierten en genuinas cuando se sufre la discriminación por razón ideológica, la limitación de derechos y la estigmatización por parte de las autoridades simplemente por no plegarse a los dictados de las mismas.

Me dirijo a ustedes como presidente de Impulso Ciudadano, una entidad que se ha puesto en contacto con la Comisión Europea en varias ocasiones con el fin de transmitirle carencias significativas del Estado de derecho en Cataluña, España; y que no tiene más remedio que volver a dirigirles un mensaje con el fin de informarles sobre una nueva manifestación de esa sistemática (o, si lo prefiere, "sistémica") amenaza a los principios democráticos que vivimos en Cataluña.

Como ustedes saben, Cataluña es una región (Comunidad Autónoma) con un alto grado de autonomía. El gobierno regional (la Generalitat) controla la educación, sanidad, prisiones y policía de la Comunidad Autónoma. El poder público que percibe el ciudadano en Cataluña es el de la Generalitat, no el del Gobierno central español, que limita su presencia al control de las fronteras, la emisión del documento nacional de identidad y los pasaportes, Hacienda, jueces y fiscales.

Lo anterior es relevante porque de lo que queremos informarles es de declaraciones y acciones del gobierno regional; y es necesario tener en cuenta que esas declaraciones

y acciones no lo son de ciudadanos particulares, asociaciones o de un poder puramente testimonial, sino de quien ejerce de manera directa el poder público en Cataluña. El hecho de que sea un gobierno regional y no el gobierno de un país no hace disminuir la responsabilidad de los gobernantes hacia los ciudadanos, de igual manera que la intimidación que éstos pueden sufrir como consecuencia de las actuaciones o declaraciones de los gobernantes no es de menor intensidad porque los autores de tales actuaciones o declaraciones sean los integrantes de un gobierno regional y no los del gobierno central del país.

"Quien habla en nombre del gobierno ha de mantener un respeto exquisito, también por las opiniones discrepantes"

Por otra parte, es necesario tener también en cuenta la profunda división que se vive en la sociedad catalana. Una parte de ella comulga con los planteamientos nacionalistas del gobierno y de la administración; mientras que otra -que, por abreviar, podemos denominar "constitucionalista"- discrepa de tales planteamientos, rechaza la secesión de Cataluña, critica la instrumentalización del poder público por los nacionalistas, se queja de la exclusión del español (lengua materna de la mayoría de la población) en ámbitos como la escuela o la administración y vivió con dolor, angustia y preocupación el intento de derogación de la Constitución en Cataluña que, en 2017, llevaron a cabo las fuerzas políticas nacionalistas, entonces -como ahora- en el gobierno de la Generalitat.

Como ustedes saben, en estos momentos en toda España, pero especialmente en Cataluña, se vive con preocupación la negociación entre el partido socialista y su aliado "Sumar" con varios partidos nacionalistas que podría concluir con la elaboración de una ley de amnistía en relación a los sucesos de 2017 que acaban de ser mencionados. No se descarta que junto con la amnistía se negocie un referéndum de autodeterminación en Cataluña; todo ello con el fin de que el candidato a la presidencia de España del partido socialista, Pedro Sánchez, obtenga los apoyos necesarios en el Congreso de los Diputados para ser investido de nuevo presidente.

No es, sin embargo, esta cuestión la que motiva nuestro mensaje. Sabemos que, en los últimos días, varias asociaciones se han dirigido a ustedes para transmitirles su preocupación por las consecuencias de la amnistía que, parece ser, se está negociando en estos momentos, y nuestra asociación comparte esas preocupaciones; pero ahora lo que queremos denunciar es otra cosa.

En el marco de esa amplia contestación social a la posible amnistía de quienes intentaron la secesión de Cataluña en el año 2017, Societat Civil Catalana, una asociación privada que defiende la continuidad de Cataluña en España, ha convocado una manifestación para el domingo, 8 de octubre con el lema "No en mi nombre. Ni amnistía ni autodeterminación". Varias asociaciones constitucionalistas y críticas con los nacionalistas catalanes han mostrado su apoyo a la manifestación. Entre ellas, la que tengo el honor de presidir, Impulso Ciudadano; pero también la Asamblea por una Escuela Bilingüe de Cataluña, S’ha Acabat! y otras.

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El martes día 3 de este mes, la portavoz del gobierno regional de Cataluña criticó de manera abierta y pública la convocatoria de la manifestación, añadiendo que era una manifestación "en contra de los catalanes", a lo que siguió, en referencia a los organizadores de la manifestación que eran personas que "lo que tienen es catalanofobia". En este enlace puede verse el vídeo de la intervención.

No se les escapará la gravedad de que la portavoz de un gobierno, en relación a una asociación cívica, diga que es "catalanófoba" y que la manifestación que convoca es

"en contra de los catalanes". Quien habla en nombre del gobierno ha de mantener un respeto exquisito, también por las opiniones discrepantes y la obvia discrepancia con quienes cuestionan los planteamientos del propio gobierno no puede convertirse en insulto y, mucho menos, en acusaciones que tienen como resultado el señalamiento de quienes no comparten los planteamientos del gobierno.

Es obvio que una acusación como la de catalanofobia, dirigida a un colectivo claramente identificado por su ideología supone una manifestación del discurso del odio que la Unión Europea y, en concreto, la Comisión Europea, se han comprometido a combatir.

Es un discurso que puede tener como consecuencia el hostigamiento a quienes son señalados de esta forma, pues el vínculo entre discurso del odio y violencia está claramente identificado en la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo que acaba de ser citada; y en el caso de Cataluña se ha constatado de manera fehaciente; puesto que esta continua estigmatización de los colectivos constitucionalistas ha llevado también a un constante acoso a los mismos. Ayer mismo, coincidiendo con las palabras de la portavoz del gobierno de la Generalitat, se producía el hostigamiento al colectivo constitucionalista S’ha Acabat! en el campus de la Universidad Autónoma de Barcelona, un hostigamiento que exigió la intervención de la policía para defender a los constitucionalistas.

Este señalamiento por parte del Gobierno de la Generalitat a los colectivos constitucionalistas no es un hecho aislado. También en los últimos días hemos visto como el presidente de ERC, el partido que ostenta la presidencia del gobierno de la Generalitat calificaba como "manifestaciones pacíficas" los ataques a S’ha Acabat! en los campus universitarios. 

Anteriormente, la que entonces era Consejera de Universidades en el gobierno regional también mostró su apoyo a quienes hostigaban a los constitucionalistas. Esta misma Consejera, había tildado de "fascista" a la asociación "Asamblea por una Escuela Bilingüe de Cataluña" por oponerse a la discriminación del castellano en los exámenes de acceso a las universidades en Cataluña.

Vistas en su conjunto estas declaraciones, que aún podrían extenderse más, pues son una constante en las autoridades públicas de la Generalitat, es difícil no concluir que forman parte de una campaña orientada a deslegitimar y estigmatizar a quienes discrepan del nacionalismo. La atribución de cualidades indeseables (fascistas, catalanófobos), a la vez que se apoya la reacción violenta contra ellos es un mecanismo claro de la retroalimentación entre discurso del odio, violencia y exclusión del debate público determinados planteamientos críticos con el poder.

¿Le resulta lo anterior indiferente a la Unión Europea y, en concreto, a la Comisión Europea?

Si la lucha contra el discurso del odio es una prioridad para la Comisión Europea, ¿no lo ha de ser especialmente cuando quien practica ese discurso son autoridades públicas en el ejercicio de sus funciones? Si en el caso de los particulares la lucha contra el discurso del odio ha de hacerse siempre teniendo en cuenta que la libertad de expresión es un elemento esencial para el debate público en las sociedades democráticas, cuando se trata de autoridades públicas o la administración la exigencia de respeto hacia los ciudadanos y sus ideas, la prohibición de la denigración y de la estigmatización no puede tener matices.

Y cuando la autoridad pública apoya directamente la utilización de la violencia contra el discrepante ¿qué tendrán que hacer las instituciones europeas que dicen velar por el respeto al Estado de derecho y a los principios democráticos en el conjunto de la Unión?

Somos conscientes del tono de lamento de esta carta; porque los avisos que venimos lanzando desde hace tiempo no han conseguido todavía una acción decisiva de las instituciones de la Unión Europea y el resultado es que la vulneración de los principios democráticos básicos continúa. Si no se toman medidas ahora, más adelante puede ser ya tarde.

En la Unión Europea no debería haber ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Las instituciones europeas deberían luchar de manera decisiva contra los discursos del odio. Y cuando esos discursos son obra del poder público no debería haber dudas ni matices en la respuesta, que debería ser clara, contundente, inequívoca.

*** José Domingo Domingo es presidente de Impulso Ciudadano