Ecuador, votos y balas

Ecuador se convierte así en uno más de los países en los que el poder de los actores violentos es capaz de medirse al Estado, las instituciones y la sociedad civil y amedrentarlos. Un club que por muchos años estuvo restringido a aquellos donde la producción y tráfico de narcóticos había encontrado las ventajas competitivas licitas e ilícitas que necesitaba para maximizar sus beneficios por la fuerza. Colombia llegó a ver el asesinato de cuatro candidatos presidenciales en los años 90.  

Ecuador era un país secundario para el narcotráfico. Puerto de salida hacia el mercado americano, se había mantenido al margen del contagio de la violencia de su vecino del norte. En su proceso de degradación han intervenido dos actores. Grupos criminales herederos o vinculados con la subversión colombiana remanente tras los Acuerdos de Paz del 2016 en este país, y los carteles mexicanos.

Simpatizantes del presidente electo Daniel Noboa se congregan hoy para celebrar frente al Palacio de Gobierno. EFE

Desde 2018, con el asesinato de tres periodistas del diario El Comercio, era evidente un deterioro de la capacidad para contener la presencia de actores violentos, en este caso disidentes colombianos. Los motines en las cárceles fueron un síntoma más de que el poder estaba pasando a otras manos y de que el Estado iba perdiendo sus capacidades mientras se creaban lazos de connivencia y corrupción con mafias que ya no eran necesariamente extranjeras.

El magnicidio de Fernando Villavicencio y el posterior asesinato de los sospechosos en la cárcel levantan grandes interrogantes sobre las intrincadas conexiones entre actores criminales y otros sectores. La otra cara de la historia, la de los mercenarios contratados en las barriadas de Cali, muestra otra conexión entre Colombia y Ecuador. La de los jóvenes sin esperanza que, generación tras generación, se convierten en mano de obra de usar y tirar para el crimen. La tragedia que Ecuador debe evitar a toda costa.

La tasa de homicidios en Ecuador se ha cuadruplicado en los últimos cuatro años. Algunas autoridades señalan que la inseguridad y la presencia criminal se concentran en algunas regiones. Sin embargo, todo el país acusa el aumento de la violencia. Pero la violencia es un síntoma. Por debajo de la superficie se van engrosando las raíces de las fuentes de sustento del crimen, las legales e ilegales, y su poder.

"Si se ha perdido el control de las cárceles fue porque el sistema carcelario se fue vendiendo al mejor postor y delegando el control efectivo"

Por supuesto, Ecuador necesita respuestas y el recién electo Daniel Noboa ha propuesto varias. Por un lado, contempla la necesidad de implementar propuestas sociales, un punto en el que coincidía con su contrincante a la presidencia Luisa González. Su programa incluye el fortalecimiento del control de las cárceles, enviar a cárceles "flotantes" a los presos más peligrosos, y endurecer las medidas contra el consumo personal de drogas, entre otras.

Es inevitable la comparación con las medidas que ha ejecutado el presidente salvadoreño Nayib Bukele controlando las cárceles. Una medida necesaria, vista la situación. Pero si se ha perdido el control fue porque el sistema carcelario se fue vendiendo al mejor postor y delegando el control efectivo. La cuestión es cómo retomar el control sin que haya una matanza. Cómo garantizar una nueva gestión incorruptible. Y si el presidente electo tiene la tentación de utilizar al ejército para esta cuestión.

Por otro lado, el endurecimiento de penas sobre el consumo ha mostrado no sólo ser ineficaz, sino también contraproducente. Porque fortalece los monopolios dentro de los mercados ilícitos, criminaliza a los más vulnerables, dificulta el acceso a tratamiento para los que lo quieren, desvía recursos que son necesarios para la atención social y psicosanitaria, indispensable para atender la situación, y limita el tiempo que la policía y los jueces pueden utilizar en luchar contra los verdaderos criminales. Además, los efectos en la disminución del consumo son nulos.

Noboa ganó las elecciones para un gobierno de solo 15 meses, un tiempo insuficiente para llevar a cabo sus propuestas, tal y como están formuladas. Su gobierno se convertirá así en una larga campaña para revalidar el resultado. Para ello necesitaría mostrar resultados rápidos. Pero la evidencia demuestra que, en materia de seguridad, el precio de conseguir resultados en un corto periodo de tiempo es la limitación de las garantías del Estado de derecho y de la libertad.

Una formula peligrosa, atractiva para populistas y autoritarios, que parece exitosa a corto plazo, pero que a largo plazo termina por hacerle el juego a los violentos poniendo a la ciudadanía en la encrucijada de elegir entre seguridad o libertad, cuando la obligación del Estado es garantizar ambas.

Resolver esta encrucijada, con tantas limitaciones temporales y presupuestarias, es uno de los grandes retos de un presidente que llega muy joven a la presidencia de un país atemorizado.

*** Érika Rodríguez Pinzón es profesora de la Universidad Complutense, investigadora del ICEI y Special Advisor del Alto Representante de la Unión Europea.