¿Por qué es imposible erradicar la corrupción en España?

Porque el estado de partidos en que ha degenerado nuestra monarquía parlamentaria carece de mecanismos de control eficaces.

No se trata de nuevas leyes o de más burocracia, comités, agencias, observatorios y demás inventos.

El control más efectivo de la corrupción depende de los subordinados o de los aspirantes independientes a posiciones en la administración. También de los cargos políticos que vigilan a su inmediato superior.

Voy a poner un ejemplo de la República Federal de Alemania, pero vale igualmente para el resto de monarquías y repúblicas europeas.

A la señora Angela Merkel, delfín del canciller Helmut Khol, no le tembló el pulso cuando a finales de 1999 le exigió revelar los nombres de los donantes anónimos de sus campañas electorales. Khol se negó a desvelar dichos nombres y dejó el partido, la CDU, en manos de la señora Merkel.

Tanto en el Reino Unido como en Francia, los aspirantes a sustituir a los ministros y a los diputados están rodeados de colaboradores que vigilan a su superior para denunciar cualquier desvío de fondos o práctica irregular. Y a fe que ese sistema funciona.

Inversamente, los responsables políticos eligen con gran cuidado a sus colaboradores. Así evitan que, por su negligencia en la elección de sus asesores o de sus cargos subordinados, estos les arrastren, por torpeza o por corrupción, a la dimisión o al cese.

"¿Cómo se puede mejorar la representación política? Mediante la democracia interna de los partidos"

Por el contrario, en España, salvo que la prensa o la justicia inicien un procedimiento, el entourage del político corrupto espera y prefiere una participación en el reparto de la tarta antes que arriesgarse a los beneficios de una denuncia desde las propias filas. El subordinado enterado de sucios manejos se convierte en un cómplice silencioso porque su carrera política depende de que su padrino político no caiga en desgracia.

¿A qué se debe esta singularidad española?

Al peculiar régimen partitocrático construido desde 1978 y en el que los aspirantes a puestos de responsabilidad responden sólo, y de forma inmediata, a su superior respectivo, hasta llegar al presidente del partido o del Gobierno.

La corrupción política en España es un síntoma. La enfermedad es la nula democracia interna de los partidos políticos y la deficiente representación política, derivada del creciente cesarismo de los cinco presidentes de gobierno desde 1982. Todos ellos han intentado (y conseguido) convertir el Congreso de los Diputados en un órgano supeditado al Poder Ejecutivo y controlar, en lo posible, el Poder Judicial.

¿Cómo se puede mejorar la representación política? Mediante la democracia interna de los partidos y haciendo que el diputado o concejal responda ante los electores, y no ante el presidente o superior que le incluye en las listas electorales.

La preponderancia de la estabilidad o de la gobernabilidad sobre la representación fue una decisión de la época de la Transición ante los temores que suscitaba la democracia.

Pero lo que pudo ser una precaución inicial ha evolucionado con los años, según el modelo instaurado por Felipe González, hacia la intensificación del poder abusivo del presidente del Gobierno.

La estabilidad y la gobernabilidad ha entrado en crisis desde 2015, con la desafección de un tercio del electorado respecto a los dos grandes partidos. El resultado es que sigue la corrupción, y que ha disminuido alarmantemente la estabilidad.

La reiteración de casos de corrupción desde los años iniciales del felipismo, en 1982, pasando por todos y cada uno de los gobiernos del PP y del PSOE, así como de las autoridades regionales (CiU, PNV) y municipales, sugiere que el mal es extendido, sistémico, y que requiere una reflexión que vaya más allá de la represión de los casos concretos conocidos.

Mucho me temo que, de no actuar de ese modo, en el presente y durante los próximos años (sea quien sea el que esté en el gobierno y en la mayoría parlamentaria), los casos de corrupción continuarán desvelándose, día tras día, en los juzgados y en los medios de comunicación.

Ninguno de los cinco presidentes desde 1982 ha sido capaz de erradicar la corrupción. Mi tesis es que, aunque quieran, no pueden. Y no pueden porque el Estado de partidos que han creado, en el que la división de poderes y la democracia interna brillan por su ausencia, genera amplias posibilidades de enriquecimiento fuera de todo control.

Para resolver la actual situación de corrupción sistémica se precisaría la voluntad de alterar, de cambiar comportamientos y normas políticas que suponen una disminución del poder del presidente del Gobierno o del jefe del partido.

Y esto es algo que ninguno ha deseado en absoluto.

El presidente del Gobierno y demás responsables políticos prefieren conllevar, convivir con la corrupción antes que disminuir el control desde arriba del partido y la administración.

"Hasta ahora, ningún presidente del Gobierno se ha visto obligado a reducir sus amplísimas y crecientes atribuciones"

Los líderes no desean ser fiscalizados desde abajo y para ello organizan un sistema de silencio obligatorio y generalizado.

El ejemplo más acabado fue el sometimiento del Grupo Parlamentario Popular en la crisis de los papeles de Bárcenas. Ni una sola voz cuestionó la continuidad de Mariano Rajoy, con el resultado conocido.

Hasta ahora, ningún presidente del Gobierno se ha visto obligado a reducir sus amplísimas y crecientes atribuciones. Tampoco ha tenido voluntad alguna de rectificación.

En 1994, Javier Pradera, editorialista de El País y gurú tolstoiano de la izquierda española, escribió un espléndido libro, Corrupción y política. Los costes de la democracia, en el que retrataba todos y cada uno de los elementos que gravitan sobre un fenómeno (la partitocracia y la corrupción) que el autor percibía como un coste insufrible de la democracia inaugurada en 1977.

El libro de Pradera se publicó a la manera de las memorias de Chateaubriand, postmortem, en 2013, quizá para sentirse más libre y no recibir quejas de sus numerosos amigos. El preocupante diagnóstico de Javier Pradera y todo lo que ha pasado después se ha cumplido y ampliado ad nauseam, con el resultado de desvirtuar la monarquía parlamentaria y sustituirla por un acabado ejemplo de Estado de partidos.

Mientras no se reforme el Estado de partidos en la dirección del espíritu de la Constitución de una monarquía parlamentaria con partidos con democracia interna y una efectiva división de poderes, la corrupción en España será una lacra permanente.

*** Guillermo Gortázar es historiador. Su último libro es 'El secreto de Franco. La Transición revisitada'.