Cómo usa el Kremlin la deportación de niños para rusificar Ucrania

Uno de los objetivos de la invasión rusa desde 2022 ha sido capturar y luego rusificar a un gran número de ciudadanos ucranianos para apuntalar la menguante población de Rusia. Este objetivo puede ser tan importante para Moscú como la anexión del territorio ucraniano.

El desplazamiento y la deportación de niños se vienen produciendo en la Crimea y el Donbás ocupados por Ucrania desde 2014. Sin embargo, no se ha hecho ampliamente conocido hasta 2022, cuando las cifras de estos traslados ilegales aumentaron bruscamente.

Dos menores ucranianas intentan salir del país junto a sus madres el pasado mes de marzo de 2023. Kay Nietfeld Europa Press

Entre el 24 de febrero de 2022 y hoy, Rusia ha desplazado o deportado al menos a 19.546 niños ucranianos no acompañados. Esta es una cifra oficial proporcionada por el portal Niños de la Guerra del Gobierno ucraniano.

Sin embargo, esta estadística sólo incluye a los niños sobre los que familiares, testigos o autoridades locales han proporcionado información acerca de su deportación a Rusia o traslado forzoso dentro de las zonas de Ucrania ocupadas, y cuando dichas pruebas ya están siendo verificadas. Es de suponer que la cifra real es considerablemente mayor.

Esas cifras incluyen a los "niños de la guerra" en un sentido más literal. Es decir, menores o jóvenes que por distintas razones se han quedado solos durante los combates. Los niños no acompañados han sido recogidos por funcionarios y activistas rusos en la línea del frente o en los territorios ucranianos ocupados.

Los padres o familiares de algunos niños han sido persuadidos por agentes rusos (funcionarios, activistas, colaboradores, etcétera) para que envíen a sus vástagos a campamentos de verano rusos u otros centros recreativos. Tras un periodo de recreo acordado, muchos han sido retenidos durante más tiempo y/o transportados a otros lugares.

Según el Centro Regional de Derechos Humanos (RCHR), hasta septiembre de 2023 habían sido deportados o desplazados 3.855 huérfanos menores de edad y otros menores que vivían en hogares infantiles ucranianos. Algunos niños ucranianos han sido separados de sus padres en los llamados "campos de filtración" a lo largo de la línea del frente.

La mayoría de estos niños ucranianos no acompañados trasladados ilegalmente tienen parientes cercanos u otros tutores legales. Algunos de estos últimos viven en las zonas de Ucrania controladas por el Gobierno, mientras que otros son desplazados externos y viven en el extranjero.

En la gran mayoría de los casos, ni los familiares ni las autoridades gubernamentales ucranianas competentes han dado permiso explícito para los traslados permanentes por parte de Rusia de estos niños no acompañados. Algunos campamentos infantiles de Rusia se anuncian como "programas de integración" para niños ucranianos.  

En 2022-2023, Rusia adoptó varias leyes nuevas para facilitar la rusificación y asimilación de los niños ucranianos. Estas revisiones han llevado a una situación en la que, según un informe de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, los niños "prácticamente no tienen voz en todo el proceso [de cambio de ciudadanía] y lo mismo ocurre con sus padres u otros tutores legales [originales] en los casos en que los niños son separados de ellos". 

"Decenas de oficinas federales, regionales y locales rusas ejecutan el programa gubernamental de desplazamiento y rusificación"

La concesión de la nacionalidad rusa da derecho a los niños adoptados a "garantías sociales". Es decir, a acceder a subvenciones gubernamentales. Esto crea incentivos económicos para los posibles adoptantes.

Según el Código de Familia ruso, los niños adoptados tienen el mismo estatus que los hijos propios de sus padres, lo que permite cambiar el nombre, el apellido y la fecha y lugar de nacimiento del niño. Esto dificulta la determinación del estatus de los niños ucranianos adoptados por Rusia y de sus familiares en Ucrania.

En el proceso de deportación y adopción participan diversos organismos gubernamentales rusos, y la comisaria de la Infancia, Maria Lvova-Belova (en busca y captura por la Corte Penal Internacional) desempeña un papel de coordinación.

Decenas de oficinas federales, regionales y locales rusas ejecutan el programa gubernamental de desplazamiento y rusificación. Se ocupan de la coordinación logística, la recaudación de fondos, el suministro de material, la gestión de los campamentos infantiles y la promoción de la campaña de rusificación en Rusia y en las zonas ocupadas de Ucrania.

Los funcionarios ucranianos han hecho numerosos llamamientos a Rusia. En marzo de 2023, el viceprimer ministro ucraniano, Iryna Vereshchuk, pidió a Moscú "que entregue inmediatamente las listas de todos los huérfanos y niños [ucranianos] privados del cuidado de sus padres" y bajo el control de Moscú.

Desde 2022, las críticas ucranianas se han dirigido cada vez más a las organizaciones internacionales encargadas de prevenir y revertir los traslados forzosos de niños. Curiosamente, en lugar de luchar contra ellos, la Sociedad Bielorrusa de la Cruz Roja, hasta hace poco miembro de la Federación Internacional de la Cruz Roja (CICR), participó en la deportación de niños ucranianos a Bielorrusia.

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Se ha pedido al CICR, a la representante especial del secretario general de las Naciones Unidas para la cuestión de los niños y los conflictos armados y al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) que intensifiquen su labor de identificación y retorno y reunificación de los niños secuestrados.

Como las deportaciones de niños continúan hasta hoy y sólo se ha dado marcha atrás en muy pocas de ellas, el Gobierno ucraniano ha puesto en marcha diversas iniciativas.

Entre ellas, el Centro de Protección de los Derechos del Niño; el programa Bring Kids Back UA; así como el Consejo de Coordinación para la Protección y Seguridad de la Infancia. La Fundación Save Ukraine, Aldeas Infantiles SOS y RCHR son algunas de las ONG ucranianas que defienden o gestionan el retorno de los niños deportados.

Sin embargo, sólo unos cuatrocientos de los casi 20.000 niños desplazados o deportados registrados oficialmente hasta ahora han sido devueltos a territorio controlado por el Gobierno dentro de Ucrania.

La conciencia pública internacional sobre la deportación masiva de niños por parte de Rusia ha aumentado sólo tímidamente.

"Pese a la condena general, miles de menores ucranianos no acompañados permanecen en Rusia o en territorio ocupado sin sus tutores legales"

El 1 de julio de 2022, organizaciones mundiales de derechos humanos pidieron una moratoria de las adopciones internacionales de niños ucranianos, en consonancia tanto con el planteamiento del Gobierno ucraniano como con el derecho internacional. A principios de marzo de 2023, este llamamiento había sido firmado por 43 ONG.

En septiembre de 2022, el Parlamento Europeo adoptó una resolución en la que instaba a Rusia, entre otras cosas, a:

"Cesar inmediatamente [...] todos los traslados forzosos de niños a los territorios ocupados por Rusia y a la Federación Rusa, así como cualquier adopción internacional de niños trasladados de todo el territorio internacionalmente reconocido de Ucrania; [...] derogar toda la legislación que facilite la adopción de niños ucranianos; [...] proporcionar inmediatamente información sobre los nombres, el paradero y el bienestar de todos los ucranianos detenidos o deportados, y permitir y posibilitar el retorno seguro de todos los civiles ucranianos, incluidos los niños".

En una resolución de febrero de 2023, el Parlamento Europeo fue más allá y afirmó que el traslado de niños de un grupo a otro constituye un delito de genocidio. 

El 1 de junio de 2023, Día Internacional de la Infancia, 23 misiones diplomáticas extranjeras en Ucrania emitieron una declaración conjunta sobre la deportación forzosa de niños ucranianos por parte de Rusia en la que concluían: "Haremos que Rusia rinda cuentas por sus acciones ilegales y bárbaras en Ucrania". 

A pesar de la condena general, miles de menores ucranianos no acompañados permanecen en Rusia o en territorio ocupado por Rusia sin sus tutores legales. Cuanto más tiempo permanezcan lejos de sus hogares y familias, más dolorosa, complicada y cuestionable será su futura repatriación.

Hasta que lleguen al poder gobiernos más responsables en Rusia y Bielorrusia, es necesaria una acción multilateral y multidireccional masiva para lograr un cambio rápido y tangible. 

Los actores nacionales y transnacionales deben pasar de las intervenciones verbales a la acción orientada a los resultados. El RCHR ha sugerido que, en lugar de limitarse a mencionar la deportación masiva de niños por parte de Rusia en declaraciones humanitarias o políticas genéricas, se adopten y difundan documentos oficiales ad hoc que exijan específicamente la repatriación de los niños ucranianos.

La Asamblea General de la ONU, otras asambleas internacionales y tantos parlamentos nacionales como sea posible deberían hacerlo. 

Además, el RCHR ha sugerido que se alcancen acuerdos entre Ucrania y los socios dispuestos a cooperar en la repatriación; que se amplíe la lista de personas rusas actualmente sancionadas implicadas en deportaciones y que se amplíen los medios para influir en las figuras ya sancionadas; que la CPI emita nuevas órdenes de arresto siguiendo el modelo de las emitidas contra Putin y Lvova-Belova; que se añadan nuevos delitos a los enumerados en las órdenes existentes; y que se confisquen los activos rusos congelados y se vuelvan a destinar a las necesidades de los niños que han sido víctimas de deportaciones ilegales y desplazamientos forzosos.

"Un reto es cómo alertar a la comunidad internacional que ignora en gran medida la escala y la gravedad de las políticas rusas de expulsión de niños"

Las limitaciones a los funcionarios rusos implicados en la deportación y asimilación de niños ucranianos deberían convertirse en una característica destacada de los paquetes de sanciones de la UE. Las relacionadas con la deportación y asimilación de niños ucranianos deberían ampliarse a las ONG, empresas, escuelas, universidades, organizaciones profesionales y demás entidades rusas que participan (a menudo de forma abierta) en los esfuerzos de deportación y rusificación.

Otras sugerencias del RCHR incluyen: ampliar las listas de niños confirmados y presuntamente deportados; transferir estas listas para su verificación a Rusia a través de las organizaciones internacionales pertinentes o terceros Estados; identificar lugares dentro y fuera de Ucrania para la colocación temporal de los niños devueltos a Ucrania con sus familiares u otros cuidadores autorizados. 

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Un reto complicado es cómo alertar a las partes de la comunidad internacional que aún ignoran en gran medida la escala, la gravedad y la tragedia de las políticas rusas de expulsión de niños.

Aunque muchos académicos, políticos y diplomáticos occidentales interesados están bien informados, el conocimiento de esta escandalosa situación entre los ciudadanos de a pie de Europa y otros países sigue siendo limitado.

Es necesario colmar esta laguna, prestando especial atención a las naciones del Sur Global, donde son populares los relatos del Kremlin sobre la guerra ruso-ucraniana. Becas especiales, premios, concursos, giras, reuniones o talleres para periodistas, redactores, blogueros, editores, expertos y artistas deberían conducir a la producción de textos analíticos, periodísticos y artísticos adecuados, podcasts y material de vídeo de más fácil acceso y difusión para el público en general.

La agresiva política de Moscú de expulsión de niños es un aspecto importante de la agresión rusa contra Ucrania que ilustra su carácter de conquista demográfica y no sólo geográfica. La llamada "operación militar especial" del Kremlin es un proyecto nacional-cultural y no sólo militar-político.

Divulgar los detalles de los horrendos desplazamientos de niños y las políticas de deportación de Moscú en Ucrania desde 2014 no es sólo una tarea moral. También puede ayudar a comprender mejor la naturaleza del ataque genocida de Rusia y por qué es necesario detenerlo lo antes posible. 

*** Andreas Umland es analista del Centro de Estudios de Europa Oriental de Estocolmo (SCEEUS) en el Instituto Sueco de Asuntos Internacionales (UI).