¿Y ahora qué? México se asoma al abismo autocrático

Pero ¿qué consecuencias puede tener para el país este severo ataque a la separación de poderes? ¿Avanza México hacia una dictablanda?

Los regímenes democráticos modernos, para considerarse como tales, necesitan reunir una serie de requisitos. Entre ellos, la celebración de unas elecciones libres y justas con una normal alternancia entre partidos políticos, así como la protección de los derechos políticos y las libertades civiles de sus ciudadanos y ciudadanas.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Efe

Del mismo modo, expresión indubitada de la salud democrática de un país es la fortaleza e independencia de sus tres poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

La separación de poderes es el cortafuegos más potente frente al abuso de poder y la mejor forma de proteger las libertades individuales. Unos poderes robustos e independientes evitan el uso indebido o arbitrario de las leyes y del poder del Estado, ya que todos los poderes están en constante supervisión mutua.

Por el contrario, la existencia de unos poderes debilitados y dependientes los unos de los otros suelen acarrear abusos de poder (normalmente por parte del Poder Ejecutivo) y una restricción progresiva de derechos y libertades civiles.

Ese es el abismo que enfrenta México tras la modificación que afecta al Poder Judicial.

Lejos de promover la separación de poderes, el gobierno mexicano ha lanzado un mensaje claro al Poder Judicial: os queremos sumisos y dependientes.

"De materializarse hasta las últimas consecuencias la reforma de AMLO, las sentencias en México no las dictarán los jueces, sino los políticos"

No nos engañemos. El Poder Judicial mexicano son personas con nombres y apellidos. Miles de profesionales que, con esta propuesta normativa, no sólo perderán sus empleos, por los que tanto han trabajado en un país donde ser juez, y especialmente jueza, no es nada sencillo, sino que tendrán que vivir sabiendo que no les removieron por falta de valía, sino por negarse a la sumisión.

Que les removieron por defender que todas las personas y todos los poderes son, y deben ser, iguales ante la ley. Por defender que un abuso de poder debe denunciarse hasta las últimas consecuencias.

Por si no fuera grave el mensaje que se manda a los profesionales de la justicia en activo, todavía más grave es el mensaje que se lanza a las generaciones futuras que ven cómo su país enfrenta una deriva autoritaria sin precedentes.

De materializarse esta medida, las sentencias en México no las dictarán los jueces, sino los políticos. Los recursos de amparo frente a decisiones del Gobierno por vulneraciones de derechos se estudiarán en las facultades de Derecho como una mera anécdota sobre la que no merece la pena detenerse.

La carrera judicial no estará basada en méritos y capacidad, sino en amiguismos y clientelismo.

Los recursos electorales estarán controlados por personas sin independencia y capacidad de decisión propia.

¿Y entonces qué? ¿Qué les separará de no secuestrar también el Poder Ejecutivo o de reprimir a la gente en las calles?

El país azteca enfrenta una deriva autoritaria que puede conducirle al mismo destino que actualmente enfrenta su vecino Venezuela.

Claudia Sheinbaum, presidenta electa de México.

Pero todavía hay esperanza.

Por un lado, porque la reforma judicial es una norma que requiere una grandísima concreción, ya que es tremendamente vaga en su articulado. De este modo, los poderes del Estado encargados de "bajar al suelo" esta norma deberán hacer un análisis del impacto económico, social y político de determinadas medidas.

Algunas de estas medidas, como ya hemos explicado, pueden sumir a México en una parálisis judicial absoluta que, sin entrar en las posibles vulneraciones de derechos, puede motivar revueltas, manifestaciones y descontento generalizado.

Por otro lado, porque todavía está por ver el camino que elige la nueva presidenta, Claudia Sheinbaum. Esta reforma ha generado un clima muy adverso para México, especialmente desde el punto de vista económico, con numerosos inversores poniendo en duda la estabilidad de México y la fortaleza de su democracia tras la aprobación de esta medida.

Tal vez la nueva presidenta se vea forzada a rectificar a través de contrarreformas, dado que parece bastante improbable que el Ejecutivo mexicano vaya a dejar esta medida sin efecto a los pocos días de su aprobación.

México está en el alambre. Pero lo peor ya ha pasado. Lo bueno de las democracias es que siempre ofrecen una oportunidad de reivindicarte, de salir adelante. Para ello sólo hace falta una ciudadanía dispuesta a ganarse la democracia (México ha demostrado con creces que cumple esta premisa) y unos poderes del Estado con altura de miras, capaces de pisar el freno, mirarse al espejo y decir que este no es el camino.

Esperemos que Claudia Sheinbaum saque a México del abismo autocrático. Por su pueblo. Por la democracia.

*** Gabriel Rodríguez es abogado y diputado del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid.