¿El cierre de Muface es una amenaza o una oportunidad?

Los funcionarios, indignados con el plan del Gobierno de quitarles Muface: "Nos están dejando tirados como colillas"

¿Qué es Muface y qué implica su cierre? 

Muface (Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado) es un modelo mixto único en Europa, creado en 1975, que ha permitido a los funcionarios elegir entre recibir atención sanitaria a través del SNS o mediante aseguradoras privadas concertadas.

Este sistema ha sido desde su inicio objeto de debate, con defensores y detractores en igual medida.

Muchos lo han valorado como una solución eficiente, que combinaba la oferta pública y privada, adaptándose a las necesidades específicas de sus beneficiarios.

Sin embargo, otros consideran que discrimina a unos ciudadanos sobre otros, y quita recursos a la sanidad pública.

Ambas posturas tienen su parte de razón. 

"Actualmente, el sistema público atiende a más de 47 millones de ciudadanos, y el aumento del 3% en su cobertura poblacional podría parecer manejable en términos relativos"

Tras años de debate sobre su viabilidad económica y equidad, parte del Gobierno, encabezado por el departamento que dirigen Monica García y su escudero Padilla, trabaja en el cierre definitivo del modelo y la plena integración de estos funcionarios en la sanidad pública.

No es ningún secreto que es la misma parte del Gobierno a la que le salen "ronchones" cuando oye hablar de lo privado. Por tanto, es evidente que la medida tiene un gran peso ideológico.

No obstante, el Ministerio de Función Pública no tira la toalla y sigue intentando dar continuidad al modelo al menos durante un año más, con una nueva revisión al alza de la oferta económica a las compañías aseguradoras.

A la vez, amenaza con mayores cargas fiscales. 

El traspaso de un millón y medio de personas al SNS no es una cuestión menor.

Actualmente, el sistema público atiende a más de 47 millones de ciudadanos, y el aumento del 3% en su cobertura poblacional podría parecer manejable en términos relativos.

Sin embargo, la complejidad radica en la distribución y las demandas específicas de este colectivo, pues al contar con una edad media elevada, son grandes frecuentadores de servicios sanitarios. Además, están acostumbrados a tener acceso preferente a ciertos servicios y tiempos de espera reducidos en el ámbito privado. 

En términos prácticos, esto significa:

1. Mayor presión en los centros de atención primaria y especializada

Muchos de los funcionarios que actualmente recurren a la sanidad privada a través de Muface tendrán que ser atendidos en los ambulatorios y hospitales públicos. Esto podría agravar las listas de espera en comunidades autónomas ya tensionadas, como Madrid, Cataluña o Andalucía.

El caso de Madrid es especialmente preocupante por tener un colectivo muy importante de población (más de un 33%) con doble aseguramiento. Muchos de ellos perderían ese doble aseguramiento con esta medida.

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También tiene una atención primaria especialmente tensionada en muchas áreas donde se están dando citas para un médico de familia en plazos que superan los quince días y donde vuelven a sonar los tambores de guerra de los médicos, al no haber visto cumplidas muchas de las promesas que hizo la Consejería de Sanidad para acabar con la huelga de hace unos meses. 

2. Adaptación de recursos humanos y materiales

La falta de médicos y enfermeros es un problema crónico en España. Según estimaciones recientes, se necesitarían más de 10.000 profesionales adicionales para absorber este incremento en la demanda.

Profesionales, además, que cada vez encuentran ofertas laborales más atractivas fuera del SNS e incluso fuera de nuestras fronteras, lo que dificulta, y va a dificultar aún más en el futuro, su contratación.

A esta circunstancia se une la previsión de jubilaciones masivas de la generación del Baby Boom.

Además, los hospitales públicos podrían requerir una ampliación de infraestructura para evitar colapsos en servicios clave como las urgencias.

3. Impacto económico

Aunque el plan presentado por Sanidad argumenta que la integración reducirá costes administrativos y fomentará una mayor eficiencia, lo hace con muy poca argumentación técnica y mucha carga ideológica.

Lo cierto, y en esto hay consenso entre expertos, es que el cambio exige una inversión significativa para garantizar una transición ordenada. Transición que, por supuesto, no se puede llevar a cabo en unos meses, como se apunta en dicho informe.

Esto exige dedicar más recursos a la sanidad, sin duda. Pero, sobre todo, la implementación de sistemas de gestión eficientes, muy alejados de los actuales, adaptados a las nuevas circunstancias.

Circunstancias no sólo derivadas de este incremento de población a atender. También de los profundos cambios habidos en la sociedad y en la propia asistencia sanitaria.

"Es imprescindible la colaboración de Gobierno y comunidades autónomas, coordinando esfuerzos y priorizando estrategias"

Sinceramente, creo que el modelo Muface no es un modelo sostenible. Tampoco responde a unos criterios de equidad respecto al conjunto de la población y la asistencia sanitaria que reciben.

No cabe hacer una distinción, con cargo a las cuentas públicas, de ciudadanos de primera y de segunda.

Este modelo pudo tener su justificación en su concepción inicial, hace casi cincuenta años, pero hace tiempo que dejó de tener sentido ético y económico.

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El cambio no puede ser resultado de la negativa de los proveedores a prestar el servicio, sino consecuencia de una decisión política consensuada y planificada en el tiempo, y que garantice una transición ordenada y el respeto de los derechos de los ciudadanos. Tanto de los que han disfrutado de la capacidad de elegir sistema sanitario como del resto, que no la han tenido, y que ahora podrían verse perjudicados por la incorporación precipitada de este gran colectivo. 

Es imprescindible la colaboración entre Gobierno y comunidades autónomas, coordinando esfuerzos y priorizando estrategias, entre las que destaca:

A) El incremento presupuestario inmediato.

B) Establecer un período transitorio suficiente que permita a los funcionarios adaptarse progresivamente al nuevo modelo.

C) Reforzar la colaboración público-privada en beneficio del conjunto del SNS y de todos sus beneficiarios, y no sólo de unos pocos, reforzando en aquellos aspectos en donde lo público, por unas u otras razones, no alcanza a satisfacer las demandas actuales.

D) Y, por supuesto, escuchar a los afectados.

La comunicación con los funcionarios y la sociedad en general será esencial para generar confianza en el proceso. Esto incluye ofrecer garantías de que no se reducirán los derechos adquiridos y explicar con transparencia los beneficios a largo plazo del cambio.

El cierre de Muface y la integración de un millón y medio de funcionarios en la sanidad pública representa una decisión histórica con consecuencias de gran alcance. Aunque la medida puede considerarse un paso hacia una mayor equidad, también plantea retos considerables en términos de sostenibilidad y organización.

La clave para evitar una crisis sanitaria radicará en la capacidad del Gobierno para anticiparse a las dificultades, destinar los recursos necesarios y mantener un diálogo abierto con todas las partes implicadas.

Sólo así se podrá transformar este desafío en una oportunidad para fortalecer el SNS y garantizar el derecho a la salud para todos los ciudadanos.

*** José María Antón es viceconsejero de Humanización Sanitaria de la Comunidad de Madrid.