"La policía marroquí nos llevó en autobús a Agadir. Estábamos heridos, pero no les importó. Algunas personas murieron en el interior del autocar y otros tenían dolor por las heridas. Nos dejaron como animales en las ciudades, sin nada. No tenemos ropa ni comida", relata a EL ESPAÑOL | Porfolio Yousef (20 años), un migrante sudanés que participó en el trágico intento de salto a la valla de Marruecos a Melilla el 24 de junio.
Entre Nador y Agadir distan 1.060 kilómetros. Los que recorrió Yousef con una herida abierta en la cabeza durante 12 horas en un autobús. Al día siguiente del violento episodio a las puertas de España en el que fallecieron al menos 23 personas migrantes, las autoridades marroquíes enviaron al centro y al sur del país en autobuses custodiados por las fuerzas de seguridad a 1.300 migrantes que no consiguieron saltar la valla.
Como Yousef, cientos de personas están heridas y abandonadas en diferentes localidades alejadas de la frontera con Melilla. No fueron atendidas en el hospital Hassani de Nador. Incluso, los migrantes explican que, si intentaban entrar al hospital, los echaban.
Como Yousef, cientos de personas están heridas y abandonadas en localidades alejadas de la frontera con Melilla
Este el modus operandi de Rabat para controlar las salidas a España. Podría parecer que las expulsiones forzosas de migrantes de unas regiones a otras del país son puntuales. Sin embargo, el traslado de personas de países africanos subsaharianos a kilómetros de distancia de sus asentamientos es frecuente, con la intención de alejarlas de las fronteras o de las rutas marítimas, pero también cuando Marruecos firma acuerdos migratorios con la Unión Europea, que suele gestionar España.
El motivo "es reducir el número de personas migrantes cercanas a la frontera, porque toda persona negra que esté en el norte de Marruecos es considera por las fuerzas del orden marroquí como posible migrante irregular. Para prevenir potenciales saltos", explica en una entrevista con EL ESPAÑOL | Porfolio Lorena Gazzotti, investigadora en la Casa de Velázquez (institución cultural en Madrid que depende del Ministerio de Educación Superior e Investigación de Francia).
En muchas ocasiones, precisa esta experta en migraciones desde Melilla, "las personas detenidas y expulsadas en autocares son también desplazadas de manera arbitraria. No son siempre migrantes que están a punto de subirse a una patera o de saltar la valla".
En el pasado, hay casos documentados en que las autoridades marroquíes han detenido a personas migrantes subsaharianas con documentación en regla o que habían sido reconocidas como personas refugiadas por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), y, por lo tanto, tenían una situación legal en Marruecos.
Gazzotti recuerda cómo un afroamericano, ciudadano de Estados Unidos, fue detenido y desplazado desde su casa en Rabat a Beni Melal, una población en las montañas del Atlas, porque lo confundieron con un subsahariano. "Todas las personas que tienen piel negra son consideradas como potencial migrante irregular y se arriesgan a ser desplazadas al otro lado del país", mantiene esta investigadora.
Ley desde los atentados
Además, Marruecos emprende campañas de detención. Aunque lo hace de manera más regular en los puntos calientes, también se extienden, en momentos particulares, a ciudades como Rabat y Casablanca. La persona es abandonada a su suerte a cientos de kilómetros de donde tiene sus pertenencias.
Desde el Ministerio del Interior en Rabat se escudan en la ley 02-03, que permite "vetar determinadas zonas a los migrantes, y por eso se les traslada a otras localidades", explican a EL ESPAÑOL | Porfolio.
Esta ley, que se adoptó en 2003 después de los atentados de Casablanca, criminaliza la entrada y la salida irregular del país con detenciones y multas para personas que quedan de forma irregular. También penaliza la facilitación de la migración.
En 2013, con la nueva política migratoria marroquí, hubo una propuesta para reformar esta ley, que casi diez años después sigue siendo la misma. Prevé toda una serie de disposiciones a quiénes y qué modalidades de extranjeros tienen que pedir un permiso de residencia para quedarse en el país.
Marruecos discrimina a los africanos negros respecto a los europeos en la misma situación, señala una experta
Sin embargo, "en Marruecos viven muchos europeos que salen cada tres meses para renovar el sello en su pasaporte y no caer en situación irregular, aunque no tienen el permiso administrativo, la tarjeta de residencia. Esta sí se les exige a los migrantes negros", mantiene Gazzotti. Por lo que considera que hay una definición "muy racializada".
Rabat prepara deportaciones
De la misma opinión es Elsa Tyszler, socióloga y miembro de Migreurop (red euroafricana de asociaciones e investigadores para la defensa de los migrantes y el estudio del fenómeno migratorio). Apunta Tyszler que la nueva política migratoria y la Estrategia Nacional de Inmigración y Asilo (SNIA), aprobada por el gobierno marroquí en diciembre de 2014, "nunca han sido realmente eficaces en el norte de Marruecos".
La SNIA se creó con el objetivo de contemplar a las personas migrantes como palanca del desarrollo económico y social del país, en línea con el compromiso de Marruecos en la Agenda Africana para las migraciones y en el proceso de elaboración del Pacto Mundial para las migraciones.
Sin embargo, "el enfoque de seguridad de la migración en esta zona, y especialmente en la región de Nador, obstaculiza sistemáticamente el acceso a los derechos y servicios públicos de los migrantes, sobre todo de los africanos negros", detalla Tyszler.
A ello se unirá, tras el salto de Melilla, el mayor proceso de deportación de migrantes que no solicitaron asilo a sus países de origen, según han informado a este medio autoridades de la región de Nador.
A pesar de que el país magrebí detuvo las deportaciones en 2006 y de llevar a cabo dos procesos de regularización en 2014 y 2016, centenares de migrantes han sido deportados desde Tánger, Casablanca y el Sáhara Occidental a partir de 2018. No obstante, hay varios países africanos que no han cooperado al respecto con Rabat.
"Se han diversificado las violaciones y transgresiones de los derechos de los migrantes, refugiados y solicitantes de asilo, como el acoso, las detenciones arbitrarias y las expulsiones, así como la violencia física y psicológica, la destrucción de hospedajes, el no disfrute de sus derechos fundamentales, la negación a los solicitantes de asilo del derecho a ser reconocidos como refugiados y de su derecho a la protección y a la reagrupación familiar", mantiene el informe anual sobre la situación de los derechos humanos en Marruecos durante 2021, elaborado por la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH).
Fuera del Sáhara
Precisamente, esta asociación viene denunciando en los últimos meses que "esta represión se está generalizando contra los migrantes subsaharianos en todo Marruecos". Desde su delegación en Nador aseguraron, semanas antes del último salto, que "también actúan contra los campamentos de migrantes cercanos a Melilla como primeros resultados de la última reunión de los dos ministros de Interior marroquí y español [celebrada en Madrid el 15 de junio]".
Los lanzan al desierto "sin una botella de agua", alerta la Asociación Marroquí de Derechos Humanos
De hecho, la semana del viernes 24 de junio, la gendarmería real realizó redadas en los montes cercanos a Melilla en dos ocasiones, atacando entonces a las personas que más tarde corrieron durante kilómetros hasta la entrada del puesto fronterizo de Barrio Chino (al sur de la Ciudad Autónoma) para intentar llegar a España.
La ola de detenciones y expulsiones forzosas se ha extendido desde Tánger y Nador, en el norte del país, al Sáhara Occidental. "Después de diez horas en el autobús de devolución, los migrantes subsaharianos detenidos en El Aaiún son lanzados muy lentamente por la mañana en la región desértica de Tata. Ni siquiera una botella de agua. Solo para demostrar a España que Marruecos hace un buen trabajo como policías", denunció la AMDH en sus redes sociales a mediados del mes de junio.
"Nos han enviado muy, muy lejos, donde nunca imaginamos, a un pequeño pueblo de la montaña. Nos dejaron en la calle, a la salida de la localidad", se queja a EL ESPAÑOL | Porfolio Aïda −nombre ficticio−, una de las mujeres subsaharianas expulsadas el 16 de junio de El Aaiún, capital del Sáhara Occidental.
Precisamente, este es uno de los puntos desde donde salen las embarcaciones por la costa atlántica africana rumbo a las Islas Canarias. "Vinieron a nuestra casa alrededor de las seis de la madrugada, llamaron a la puerta, estábamos acostados. Cuando escuchamos llamar a la puerta, y nos dimos cuenta de que era la policía, entramos en pánico", relata Aïda.
Las fuerzas auxiliares (un cuerpo de naturaleza militar que depende del Ministerio del Interior) entran en las casas de los migrantes, los detienen, los encierran en centros de detención improvisados, como colegios, y les quitan los móviles. Después los envían en autobuses hacia el norte, a la frontera con Argelia, a pueblos perdidos e incomunicados en las montañas de Marrakech, a Tata y a Casablanca. "Nos mezclan a todos. Cogen a las mujeres, incluso a las embarazadas. Detienen a todo el mundo, también a los niños", dice Aïda.
"Los policía marroquíes rompen nuestras puertas, usan la violencia con las mujeres y roban nuestro dinero"
En estos momentos, al menos 30 hombres subsaharianos están encerrados en un centro de detención "vacío y sucio" en El Aaiún, antes de ser expulsados a otras regiones, según explica Aïda, otra mujer que sufrió la intimidación esta semana en su casa en El Aaiún.. Este miércoles entraron a su casa a la una de la madrugada, "arrestaron a los hombres. Nosotras nos opusimos categóricamente, estamos enfermas".
Aïda enumera un sinfín de vulneraciones que sufren. "Los policías marroquíes rompen nuestras puertas, entran sobre nosotros, usan la violencia con las mujeres y roban nuestro dinero".
Sánchez y Mohamed VI
Las expulsiones forzosas comenzaron en Tánger en el mes de marzo, como ya adelantó EL ESPAÑOL, después de que se resolviera la crisis entre España y Marruecos tras el envío de la carta del presidente Pedro Sánchez al rey Mohamed VI reconociendo el plan de autonomía como la solución "más creíble, seria y realista" para resolver el conflicto del Sáhara Occidental.
Entonces, los propios migrantes subsaharianos que residen y trabajan en Tánger denunciaron en vídeos y a través de una campaña de recogida de firmas que las autoridades no solo les deniegan la tarjeta de residencia, sino que además las fuerzas auxiliares los detienen y los expulsan fuera de la ciudad en autocares destartalados. Los trasladan al sur y les impiden comprar billetes de vuelta. Además, hay controles en las carreteras para evitar su retorno.
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Las redadas y los movimientos de migrantes dentro del país se intensificaron la semana del 15 de junio en el Sáhara Occidental, cuando se reunieron en Madrid los ministros de Interior de España y Marruecos, Fernando Grande-Marlaska y Abdelouafi Laftit.
Precisamente, uno de los objetivos que busca España con el restablecimiento de las relaciones con el país vecino es reducir las llegadas de personas migrantes a las islas Canarias, que es la ruta que todavía no está controlada por las fuerzas de seguridad marroquíes. Del 1 de enero al 15 de junio, llegaron 8.582 personas migrantes al archipiélago canario por vía marítima, el 50,6% más que en el mismo periodo de 2021, con 5.698 entradas.
En la foto de familia tras esa reunión en el Ministerio de Exteriores en Madrid aparece también el director de Migración y Vigilancia de Fronteras del país vecino, Khalid Zerouali. Es la única voz autorizada por el gobierno marroquí que ha hecho declaraciones sobre la tragedia del 24 de junio en la valla de Melilla.
"La gobernanza migratoria de Marruecos es humanista, pero pervertida por las redes de tráfico"
"La gobernanza migratoria de Marruecos está estructurada por una lógica humanista, pero desgraciadamente pervertida por las acciones criminales de las redes de tráfico", afirmó dos días después de la mayor tragedia en la frontera terrestre. De esta manera, secunda la posición del gobierno español, que desde el primer momento señaló a las mafias como culpables de las muertes de las decenas de migrantes en la frontera de Barrio Chino.
Esta acusación de los gobiernos marroquí y español la niegan los migrantes, los investigadores y las organizaciones defensoras de los derechos humanos. "Cruzar la barrera suele ser el medio utilizado por los migrantes más pobres, ya que es gratis. Si una persona tiene dinero, preferirá pagar para intentar cruzar por mar o, mejor aún, escondida en el doble fondo de un coche que cruzará la frontera terrestre. En general, una persona que puede adelantar una gran suma de dinero pasará menos tiempo en el bosque esperando su turno, saldrá más rápidamente y, por lo tanto, sufrirá menos la represión militar", afirma la socióloga Elsa Tyszler desde el Centro de Investigaciones Sociológicas y Políticas de París.
De hecho, en sus estudios etnográficos, distingue entre dos tipos de campamentos de migrantes en la frontera: aquellos en los que la gente espera para cruzar el mar, con una población de género mixta, y en los que los hombres (casi exclusivamente) intentan cruzar las vallas.
"A nivel del mar, se trata de cruzar en barco a uno de los enclaves o directamente a la península española. En la región de Nador, según el modo de cruce previsto, la gente vive en diferentes campamentos situados en el bosque. El capital económico inmediato también condiciona los intentos de entrar en Europa", detalla Tyszler.
Este repliegue obligado de los migrantes desde el norte y el Sáhara Occidental al centro de Marruecos, a quienes se les detiene y mueve según los intereses, "es resultado del acuerdo entre los dos países. Lo que está haciendo Marruecos es implementar el acuerdo con España", afirma Cynthia Magallanes-González, investigadora de la Universidad de Michigan y experta en movimientos migratorios.
"Esa intensidad de seguridad que se está aplicando ahora en sitios como Dajla, El Aaiún o Nador, donde España mira porque es de donde la gente sale a Canarias y a la península, hace que los migrantes que no tienen dinero para pagar para esconderse de la policía, para esperar a poder salir, estén frustrados y quieran pedir asilo en un país con más derechos humanos que Marruecos", reflexiona esta especialista en flujos migratorios.
Amenazas híbridas
En este episodio, España y Marruecos repiten el mismo discurso; pero no siempre ha sido así. En mayo de 2021, en plena crisis diplomática por la acogida de Brahim Ghali, secretario general del Frente Polisario, las fuerzas de seguridad marroquíes dejaron cruzar a 12.000 personas migrantes desde Castillejos a Ceuta, según los datos de la Ciudad Autónoma. Entonces se vio la migración como un arma que utilizaba Rabat por su enfado con España.
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Por eso, el gobierno español ha querido contar con el apoyo de los Estados miembros de la OTAN en la cumbre de Madrid. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, celebró que entre las amenazas híbridas provenientes del sur se reconozca "el uso político inaceptable de los movimientos migratorios irregulares", la "utilización como arma de la desesperación de la gente que busca un futuro mejor".
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