Desde el punto de vista económico, la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) clasifica como clase media los hogares con una renta situada entre el 75% y el 200% de la renta media de su región y año. Es decir, se trata de una medida relativa, lo que explica la confusión que existe a menudo alrededor de este concepto. Entre otras cosas, porque la percepción individual sobre dónde se sitúa cada uno es algo subjetivo. En la mayoría de los países, se consideran clase media más personas de las que realmente son. No es el caso de España.

En nuestro país se suele entender por clase media un estrato de categoría social que engloba a personas que disfrutan de un nivel económico intermedio entre una "clase alta" o privilegiada, y otro estamento inferior denominado "clase baja", obrera o desfavorecida.

Las expectativas de mejorar o reproducir el estilo de vida de las clases medias por parte de la clase media-baja, y alcanzar el nivel de vida de la media-alta por la clase media a secas, ha sido el impulsor del progreso en el mundo occidental. Es lo que se ha denominado el "sistema permeable" o de "movilidad abierta" entre los diferentes estamentos sociales. Siempre para mejorar, naturalmente. Algo intrínseco al desarrollo económico y social de los últimos siglos.

A continuación, se van a describir siete actividades concretas que, por la continuidad de una crisis como la que estamos padeciendo, ya nunca volverá a realizar la clase media en España. O, si las vuelve a hacer, ya nunca serán como fueron en el ayer o se realizaron en el pasado. 

Uno de los principios que subyacía, hasta hace poco, en el subconsciente colectivo de las clases medias era el de la "gratificación retardada". Es decir, los integrantes de este grupo social estaban convencidos de que su esfuerzo de hoy estaba destinado a conseguir una vida mejor el día de mañana.

Una actividad donde se podía comprobar lo anterior era la vacacional. Gracias al desarrollo y extensión de las clases medias en las sociedades de bienestar, tras la II Guerra Mundial es cuando se hizo posible la extensión social del viaje de vacaciones. El llamado boom del turismo.

Pero los tiempos están cambiando. Aunque los datos del primer trimestre de 2022 publicados por el INE (Instituto Nacional de Estadística) mejoran, como es lógico, respecto a los años fuertes de la pandemia (2020 y 2021), lo cierto es que la tendencia respecto al asueto de los españoles sigue siendo a la baja: en torno al 45% de nuestros compatriotas no puede salir de vacaciones ni siquiera una semana al año. 

En torno al 45% de los españoles no puede salir de vacaciones ni siquiera una semana al año, según el INE

A lo anterior hay que añadir la escalada de la inflación antes del periodo estival: julio cerró con una subida de precios del 10,8%. Este reventón ha tenido efectos demoledores: cerca del 40% de los españoles que se van de vacaciones de verano afirma que se han visto obligados a posponerlas debido al encarecimiento de los precios. Estos datos, publicados por la plataforma global de investigación de mercados Appinio, confirman que la inflación no descansa y obliga a los españoles a cambiar sus planes de asueto tanto en la duración, la elección del destino y el gasto presupuestado. 

Así, un 34% de los afortunados ha viajado este verano de 6 a 8 días, el 30% de 2 a 5 días, mientras que el 2% considera que un solo día vale para cumplir el precepto de "irse de vacaciones". Un 79% pasa sus vacaciones dentro de España, mientras un 7% elige un destino fuera de Europa. En cuanto al dispendio, un 24% gasta aproximadamente 51-70 euros por noche de alojamiento, frente a aquellos que calculan un gasto menor de 30 euros por día de vacaciones.

Actualmente poca gente se puede comprar un coche nuevo. Y a nadie se le escapa que el parque móvil de nuestro país ha envejecido considerablemente durante los últimos años. Durante el año 2021, la edad media de los coches en España ha escalado hasta los 13,45 años de vida, frente a los 8 años que este indicador marcaba en 2007 (año anterior a la crisis de 2008). Cada vez se venden menos coches nuevos. En 2021, por cada turismo nuevo matriculado (859.476 coches tramitados en Tráfico), se han vendido cerca de 1,4 vehículos con "más de 10 años" (1.257.787 unidades revendidas). De esta cifra, uno de cada cuatro coches corresponde a vehículos con varias ITV a cuestas: "Más de 20 años de antigüedad". Como se ve, el reclamo de "compramos tu coche, compramos tu coche" es más que un eslogan publicitario.

Los datos son del Informe Anual elaborado por la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac) y no dejan nada bien a nuestro país si los comparamos con el resto de Europa: la edad media de los coches del Viejo Continente es de 11,5 años, dos años menos que la media española. El parque automovilístico español es el más viejo de todos los tiempos y uno de los más vetustos de todo el continente europeo.

La realidad es que, a día de hoy, tanto particulares como empresas demoramos la sustitución de nuestros vehículos más antiguos. Se estima que más del 40% de los coches de nuestro país supera los diez años de vida. Según los estudios realizados, esta senectud duplica las posibilidades de sufrir algún tipo de accidente, siendo a partir de 14 años cuando se triplican esta probabilidad. 

Ante la dificultad de comprar, otras alternativas surgen en el mercado: el clásico leasing, el moderno renting, el alquiler del vehículo eléctrico diario e incluso la realidad, cada vez más visualizada en nuestras ciudades, del patinete eléctrico o del clásico pedaleo bicicletero. 

El Banco de España no deja lugar a dudas en su última Encuesta Financiera de las Familias publicada el pasado mes de julio: un 57,1% de los españoles está endeudado, la proporción más alta desde 2002, cuando el porcentaje quedó establecido en el 42,54%. Proporción más alta, pero cantidades totales más bajas. En cifras exactas, el importe medio adeudado es de 33.000 euros, pero hay que diferenciar los estamentos: mientras que las rentas más bajas oscilan entre un pasivo de 5.600 y 18.400 euros, la media de las más altas se mueve entre los 60.400 y los 88.000 euros.

El pico máximo de la deuda en los hogares españoles se alcanzó en noviembre de 2008 –en el estallido de la crisis–, con un valor de 916.096 millones de euros, de los que más de la mitad, 678.952 millones, correspondían a préstamos para la adquisición de la vivienda. A partir de este mes, la deuda de los hogares disminuye, hasta los 740.470 millones de euros de marzo de 2015. De esta cantidad, la cifra más importante sigue correspondiendo a préstamos de vivienda, 579.716 millones, y el resto, 160.754 millones, a otros préstamos de consumo. Hasta diciembre de 2021, la deuda de las familias españolas ha seguido una tendencia descendente: situándose en 704.000 millones de euros, únicamente 4 millones más que el año anterior. Aunque el importe que las familias destinan a pagar sus hogares sigue ocupando la mayor parte de su endeudamiento, ya que supone el 61,7% del mismo. 

Las familias destinan a pagar sus hogares la mayor parte de su endeudamiento, el 61,7%

Pues bien, ya no solo es endeudarse para invertir y adquirir una vivienda, sino que, como consecuencia de la crisis, las clases medias no han podido reducir su endeudamiento respecto a los préstamos adquiridos con anterioridad. Es verdad que las entidades financieras siempre han gravado mediante comisiones abusivas la amortización anticipada de los préstamos. Pero, además, los consumidores españoles, al obtener unos ingresos menores y tener a alguno de los miembros de su núcleo familiar inmersos en el desempleo, no pueden permitirse el lujo o el alivio de reducir las deudas adquiridas mediante la amortización anticipada de sus préstamos. 

La salida de la crisis de 2008 la marcó el consumo. La bajada de los tipos de interés y los manguerazos de dinero con los que, tanto la Reserva Federal de Estados Unidos como el Banco Central de la Unión Europea, inyectaron de masa monetaria la economía mundial contribuyeron a esta dinámica. Ahora todo es distinto, tipos cada vez más altos, las máquinas de fabricar dinero (dólares y euros) sin engrasar y, como resultado, las consecuencias más pesimistas que se podían prever: recesión económica e inflación con carácter duradero. Como se ve, no todo es debido al encarecimiento de los precios de la energía.

El ahorro de los hogares españoles se desploma. Los españoles gastamos más de lo que ingresamos. Datos que, unidos a la inflación y al riesgo de pobreza, no permiten ser optimistas.

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La tasa de ahorro de los hogares españoles se situó en el 7,5% de la renta disponible entre enero y marzo, sin tener en cuenta los efectos del calendario. Los datos publicados por el INE suponen un descenso de 2,1 puntos sobre el último trimestre de 2021 y el dato más bajo desde antes de la pandemia. Coincide, asimismo, con la aceleración de la inflación, que ese mismo mes de marzo llegó al 9,8% y ahora en el mes de julio ha cerrado en el 10,8%.

La pandemia elevó el ahorro de los hogares a tasas nunca vistas: un 22,3% en el segundo trimestre de 2020, marcado por el confinamiento de la población en sus domicilios. El ahorro ha ido cayendo progresivamente a medida que se levantaban las restricciones, y desde este verano está en cifras similares a las de 2019, aunque por encima de los datos de años anteriores.

Los expertos apuntan que lo ideal sería mantener un mínimo de ahorro equiparable a seis meses de ingresos familiares. Esta más que deseable utopía (aunque solamente fueron tres o dos meses de ahorro) es imposible en el modelo económico familiar español. Nuestro estilo de vida también lo hace más difícil. Aquí se impone un modelo de existir mediterráneo de "vivir al día" o "vivir con lo puesto". Pero esta forma de vivir no ayuda a afrontar gastos y situaciones imprevistas, como puede ser hacer frente a una situación de desempleo, una enfermedad, fallecimientos u otros gastos sobrevenidos. 

El gasto total de pensiones en España fue de 10.845,85 millones de euros en julio de 2022, lo que supone un aumento del 6,31% con respecto al mismo mes del año pasado. Sin embargo, la cifra total del gasto en pensiones supuso una caída del 0,3% con respecto a abril, siendo el primer retroceso mensual de la serie histórica. Otro dato importante también del pasado julio: el número total de pensionistas en España es 9,95 millones, lo que representa una variación al alza del 0,79% comparado con el mismo mes de 2017.

En un sistema de reparto como es el de la jubilación en España, es evidente que, al depender su mecanismo del número de cotizantes que contribuyen al sistema y del número de pensionistas que reciben la prestación, todo dependerá, de cara al futuro, de la situación económica, del mercado de trabajo y de la evolución de la curva demográfica. Ninguna de las tres variantes presenta buenas perspectivas en la actual coyuntura y menos de cara al futuro. 

El Gobierno de Pedro Sánchez decidió eliminar la deducción fiscal anterior a la rentabilidad de los planes

Hasta ahora los planes de pensiones privados se habían constituido como un complemento interesante para la futura pensión de jubilación estatal. Cuatro de cada diez hogares españoles tienen parte de sus ahorros en planes individuales privados, sin contar los planes de jubilación que promueven las empresas y las instituciones. En total, hay en España 7,52 millones de cuentas de partícipes de pensiones individuales y otros dos millones en el sistema de empleo.

Con los tipos de interés altos, como ocurre en la actualidad, los planes de pensiones tienen más rentabilidad. Hay que descontar las comisiones (siempre altas y no justificadas por parte de los fondos) y la carga fiscal en el caso de que se recupere el dinero de golpe. Los planes de pensiones privados no han sido la solución hasta ahora. Y hoy, para más inri, aparecen más obstáculos: el Gobierno de Pedro Sánchez decidió que la deducción fiscal anterior desaparezca. Este era el único incentivo que mucha gente tenía para suscribir un plan de pensiones. Hasta el ejercicio 2021 era posible desgravarse de la base imponible del IRPF hasta un máximo de 2.000 euros o el 30% de los rendimientos netos del trabajo. En 2022 se planea una reducción de 1.500 euros. Y los llamados Fondos de Pensiones de Promoción Pública (siempre el papá Estado al rescate) ni están, ni se les espera. 

Tradicionalmente en España, la vivienda es el componente fundamental de la riqueza de las familias y, por tanto, uno de los factores que contribuyen a explicar sus decisiones de gasto, de ahorro, etcétera.

Los españoles tienen muy claro que al adquirir una vivienda en propiedad alcanzan la doble consideración de inversor y de consumidor: gastan en la cuota hipotecaria una cantidad, a veces menor, de lo que pagarían por alquiler, adquiriendo una propiedad que implícitamente están arrendando a sí mismos. En nuestro país, en contraposición a lo que ocurre en otros países europeos, la vivienda en propiedad es la gran inversión de una familia. Pero esto exige una financiación externa que, a largo plazo, produce un nivel de endeudamiento vitalicio.

Los jóvenes españoles son los que peor expectativas tienen en este sentido. De hecho, la edad media en que los españoles compran su primera vivienda es a partir de los 31 años. Las subidas de tipos de interés que se mantendrán con el tiempo dificultarán aún más las condiciones de financiación. La precariedad laboral, la dificultad para ahorrar y la ausencia de ayudas institucionales son los otros motivos que dificultan o hacen prácticamente imposible embarcarse en este tipo de operaciones.  

Las clases medias en España están desamparadas a la hora de adquirir una vivienda. La inversión media en vivienda protegida en la zona euro es de 127,3 euros, mientras que en España tan solo se queda en 35,4 euros. Una cantidad cuatro veces menor y que se hace más alta cuando se compara con los países europeos que más ayudan a la adquisición de una vivienda: Reino Unido, Dinamarca, Luxemburgo, Finlandia y Alemania superan los 200 euros. En nuestro país a lo que estamos acostumbrados es a los anuncios reiterados de futuras "Leyes de vivienda" que al final quedan en nada.

España ha vivido durante 35 años bajo una regulación laboral que no ha podido garantizar un empleo de calidad y, por el contrario, sí ha conseguido una de las tasas más altas de paro de Europa, sobre todo en los sectores más jóvenes. 

Los jóvenes españoles ya saben que el concepto de trabajo estable y duradero ha pasado a mejor vida. El pluriempleo, el trabajo por horas, el cambio de profesión, las contrataciones por temporadas, los bajos salarios..., van a ser cada día más frecuentes y para más amplias capas de la sociedad. 

Para el Gobierno, lo anterior era consecuencia de la diversidad de los tipos de contratos de trabajo que convivían en nuestro sistema laboral. Hasta la reforma de Yolanda Díaz teníamos de todo: prácticas, temporales, por temporada, por obra, por horas… En la actualidad, en teoría, todo es más sencillo, aunque sigue apareciendo un abanico de tipos diferentes de contratación: los indefinidos, los formativos, los fijos-discontinuos y los de duración determinada que, tras la reforma de 30 de marzo de este año, solo podrán celebrarse por circunstancias de la producción o por sustitución de persona trabajadora.

A fin de cuentas, algo muy parecido a lo anterior. Porque el Gobierno a nivel estadístico se hace trampas en el solitario, ya que muchos de estos empleos llamados "indefinidos" desaparecerán después del verano. Y el otoño, todo apunta, será más caliente que nunca.

España se acerca a los 20,5 millones de ocupados, la cifra más alta desde 2008, aunque se perderá empleo tras el verano

Es verdad que los datos de empleo después de la pandemia siguen mejorando (algo lógico después de la paralización): en el segundo trimestre de este año se ha creado un total de 383.300 nuevos puestos de trabajo, por lo que España se acerca a los 20,5 millones de ocupados, la cifra más alta desde el año 2008, aproximándose al máximo histórico del verano de 2007, cuando se superaron los 20,7 millones de trabajadores. 

El mercado laboral se ha visto alterado por la nueva revolución industrial, "la tecnológica", que, para bien y para mal, ha alterado antiguos empleos haciendo que desparezcan muchos de ellos, pero creando a su vez nuevas expectativas de trabajo en otras áreas relacionadas con las nuevas tecnologías. La informatización de las empresas y, también, de la administración pública ha provocado la reducción de empleo en diferentes áreas, pero también la especialización de estos trabajos, lo que ha traído consigo la desaparición de muchos puestos que realizaban una función más manual y con escasa formación. La "brecha digital" no solo afecta por generaciones, también provoca quiebras y más profundas entre los diferentes tipos de renta y de formación. 

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Lo que sí aparece como una realidad de este siglo XXI es que la idea que tuvieron nuestros padres de un trabajo seguro y para toda la vida (nacer, crecer y morir laboralmente en la misma empresa) es algo del pasado. De ahora en adelante se nos presenta un futuro inestable en todo lo que se refiere a las relaciones laborales y los contratos de trabajo.