Es difícil dejar de ver la quema de los montes como un negocio si existen paradojas como que el PIB de España aumenta cuando más incendios hay o que las instituciones públicas permitan que organizaciones como el Grupo 6 puedan operar de forma impune y en connivencia con la clase política. O que la Ley de Montes, reformada en 2015 por el gobierno del Partido Popular, abra la puerta a una presunta recalificación de terrenos quemados. O que la Ley Ómnibus, tramitada en febrero de 2022 por el ayuntamiento presidido por Isabel Díaz Ayuso, permita en la Comunidad de Madrid la "rehabilitación" de suelos rurales para "destino residencial u hostelero", tal y como denuncian organizaciones ecologistas.

Madera para Ikea y Leroy Merlín

Aún hay más mito y teoría de la conspiración que realidad en torno a los posibles intereses que se ocultan tras los fuegos forestales. No, no existen complots de grandes madereras que busquen provocar incendios de miles de hectáreas para aprovecharse de los restos quemados. Tampoco un ejército de políticos corruptos que, con fines especulativos y prevaricadores, quiera quemar masas forestales para recalificar terrenos y urbanizarlos con resorts de lujo. Más allá de las posibles responsabilidades penales que pueda haber en casos aislados como el del Grupo 6, no existe evidencia de actividades delictivas que deriven en una suerte de lucrativa "economía del fuego".

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Sin embargo, no es cierto que nadie se beneficie de un incendio. Quien mejor lo sabe es Olga González Raposo, gerente de la Federación de Asociaciones Forestales de Castilla y León (FAFCYLE), entidad que asesora a los propietarios de hectáreas en montes. Si las tierras de sus clientes se queman, FAFCYLE los ayuda a vender al mejor precio sus árboles calcinados a empresas madereras y papeleras. Una vez arde un monte, la madera parcialmente quemada tiene una segunda vida en forma de leña, carbón para barbacoas o pellets.

Un ejemplo. En el incendio de la Sierra de la Culebra, en Zamora, 10.800 parcelas quedaron afectadas por las llamas. "Evidentemente, una de las partes tiene algo de lucro, pero el que pierde valor del producto, el que sale perdiendo, es el propietario forestal, ya sea público o privado", asegura González Raposo. "Un amigo mío, empresario, había invertido mucho dinero en tener su maquinaria y en diversificar su terreno para adaptarlo al turismo rural y ahora se ha quedado sin trabajo durante el resto de su vida laboral. Tiene una materia prima bestial que, realmente, no le beneficia porque hay demasiada madera en el mercado, lo que provoca que, además de estar devaluada por estar quemada, no se venda tan cara debido al exceso de stock". 

El sistema, recuerda González Raposo, funciona como una cadena: una vez arde un monte, el cliente se pone en contacto con la Federación, que lo asesora. Después, la madera es subastada por la Junta de Castilla y León y tratada por los conocidos como 'rematantes', pequeñas empresas locales que se encargan de hacer el aprovechamiento de material.

"La madera suele acabar en manos de empresas de fabricación de tableros, como Ikea o Leroy Merlín, que le dan un nuevo uso, o en pequeñas empresas locales cercanas a las zonas en las que se produce la catástrofe", añade la gerente de FAFCYLE. Aunque grandes multinacionales puedan sacar algún beneficio de la madera quemada comprada a bajo precio, no es un negocio especialmente lucrativo para las empresas pequeñas, principalmente por los gastos de transporte derivados de movilizar el material.

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La mayor parte de la madera, asegura González Raposo, se queda en España, lo que estimula, a su vez, la rueda de la economía. Al menos hasta este año, ya que debido a la crisis energética "2022 está siendo una excepción: muchas empresas portuguesas están viniendo a comprar madera de los bosques quemados de España porque se prevé un invierno complicado. Hay mucha demanda de materia prima para fabricación de pellets", de los que podría incluso haber carestía este invierno.

La paradoja del PIB ascendente

Una de las grandes paradojas económicas derivadas de los incendios reside que el PIB aumenta cuando las llamas son más devastadoras. Puede ir en contra de toda lógica, pero Fernando Rodríguez, profesor de Economía del Medio Ambiente de la Universidad de Salamanca, asegura que no es ninguna teoría descabellada. Y no, no es por que se venda madera calcinada.

"El PIB contabiliza todos los bienes y servicios que se producen en un país en un año", recuerda el experto. "Si las administraciones públicas se gastan más dinero en pagar hidroaviones, helicópteros o grupos de personas que trabajan en la extinción de incendios, esos servicios también contribuyen a la estimulación de la economía. Por tanto, se puede decir, aunque suene retorcido, que cuando hay más labores de extinción de incendios, el Producto Interior Bruto sube".

El economista incide, no obstante, en que el PIB no es un buen indicador del bienestar nacional porque contabiliza todo lo que se produce, y hay bienes y servicios "que no son positivos para el bienestar, sino para solucionar problemas que ha generado la propia producción". Por ejemplo, el PIB cuenta la gasolina consumida en un atasco o el gasto sanitario de curar a personas que han tenido un accidente de tráfico, "pero eso no necesariamente trae bienestar".

Una manera de corregir este tipo de sesgos pasaría por delimitar indicadores de producción que realmente representaran la producción que aporta bienestar en términos netos. "Se podría hacer si cuantificáramos todos los bienes y servicios de un país y las pérdidas de otro tipo de flujos. Es decir, si calculáramos no sólo el PIB sino, además, un PIR, un Producto Interior Responsable en el que se restara la pérdida de capital natural por desertificación o incendios. Entonces sumaríamos bienes y servicios producidos y restaríamos los flujos perdidos por deterioro de capital natural".

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Esto, lamentablemente, no lo hace ningún país, pero es un reclamo tanto de grupos ecologistas, científicos y expertos en medio ambiente como de la propia Organización de Naciones Unidas, que lleva años luchando por conseguir un sistema integrado. En 2021, la ONU propuso establecer un nuevo protocolo en el sistema de cuentas económico-ambientales (SEEA) que tuviese en consideración la pérdida de servicios ecosistémicos. Si se llegara a estandarizar, los países reportarían su PIB, pero también la pérdida de naturaleza y ecosistemas, como cuando se produce un incendio.

Ese es, precisamente, uno de los reclamos del ecólogo del Centro Superior de Investigaciones Científicas y divulgador Fernando Valladares. "Una de nuestras cruzadas es que el PIB no se use como descriptor de desarrollo. Crecer en PIB parece que siempre es bueno, pero hemos llegado a un punto en el que a veces es todo lo contrario", asegura.

Según el System of Integrated Environmental and Economic Accounting (SEEA) que propone la ONU, el sistema económico debería tener en cuenta las pérdidas de capital natural. La reforma que introdujo en 2021 propuso que la notificaciones de cuentas incluyese un balance de servicios ecosistémicos que tuviese en cuenta el consumo de agua y su reparto; el número y estado de los ecosistemas; el nivel de cumplimiento de la situación de conservación de las especies, etc.

Estas, según Valladares, no se toman en consideración, ya que cuando se hace balance de pérdidas del PIB sólo se valoran las actividades asociadas damnificadas por un incendio, como el turismo o la agricultura, pero no la pérdida de un ecosistema completo, que deberían ser contabilizadas en ese hipotético PIR.

"El sector empresarial, la patronal, las empresas: todas se mueven a golpe de PIB", denuncia Valladares. "A la empresa le interesa traer tal o cual pieza de un helicóptero o si los retardantes han podido vender más toneladas de madera, pero no les importa si se ha perdido biodiversidad o funcionalidad de los ecosistemas. Por eso hace falta voluntad política para crear un sistema de medición económico integrado que tenga en cuenta todo el capital natural, que son recursos como las plantas, los minerales, los animales, el aire o incluso el petróleo de la biosfera, vistos como medios de producción de bienes y servicios ecosistémicos".

Una polémica Ley de Montes

Uno de los grandes reclamos de los sectores conservacionistas más críticos con la, según ellos, "laxa legislación" en materia de protección de nuestros montes recae sobre la modificclásusulasación de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes o, simplemente, Ley de Montes. Esta ley fue aprobada por primera vez en 2003 y sufrió posteriormente tres modificaciones, una en 2006; otra en 2015; y, la última, una ampliación mediante Decreto Ley el 1 de agosto de 2022.

La que más polémica suscitó fue la de 2015, modificada bajo el mandato de Mariano Rajoy. Entonces se cambió su artículo 50: Mantenimiento y restauración del carácter forestal de los terrenos incendiados. El nuevo texto aprobado por el Gobierno del Partido Popular fue el siguiente: "Con carácter excepcional, las comunidades autónomas podrán acordar el cambio de uso forestal cuando concurran razones imperiosas de interés público de primer orden que deberán ser apreciadas mediante ley".

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"La polémica en torno a esta ley está muy justificada", considera Fernando Valladares. "Estamos viendo que este tipo de 'excepcionalidades' pueden ser empleadas con fines políticos torticeros y cortoplacistas para rentabilizar catástrofes y beneficiar a unos pocos a expensas de un bien público. Esas cláusulas pueden autorizar usos muy escasamente sostenibles del terreno. En una Ley de Montes debe primar eso, el monte, y por este tipo de fisuras se pueden colar intereses económicos", denuncia.

Quien pone en tela de juicio cualquier tipo de uso perverso o interés prevaricador en las normativas aprobadas es Inés González, vicedecana del Colegio Oficial de Ingenieros de Montes (COIM) y coordinadora de Juntos por los Bosques. Ella niega que el artículo 50 de la Ley de Montes abra la puerta a la recalificación de terrenos y recuerda que unos epígrafes antes, esta estipula que "queda prohibido el cambio de uso forestal al menos durante 30 años".

"La Ley de Montes no permite construir en zonas incendiadas", asegura González. "La recalificación de los terrenos quemados está penada por el Código Penal desde los años ochenta. La modificación de 2006 precisamente incluyó que no se pudiera transformar el terreno calcinado en terreno urbano hasta 30 años después, y en el año 2015 se hizo una pequeña matización".

Ese criterio se aplica a todos los incendios, sin excepciones. Además, la vicedecana del COIM recuerda que si se quisieran modificar los usos del terreno, primero el ayuntamiento local correspondiente tendría que hacer un replanteamiento urbanístico y, después, ese plan tendría que ser aprobado a nivel autonómico. 

Inés González no cree que los incendios sean rentables para nadie. Si activan algún tipo de sector de la economía, sería el sector encargado de apagar incendios forestales. Pero es "absurdo demonizarlos, porque al fin y al cabo hacen su trabajo", y sugiere que sería como decir que las empresas que fabrican vacunas o mascarillas se lucran con la pandemia. Tienen beneficios, sí, pero son necesarios en caso de una emergencia.

Hacia una bioeconomía rural

Año 1990. En los vastos montes de pinos silvestres de Orea, en Guadalajara, todas las mañanas una cuadrilla de 25 personas se lanzaba a desbrozar cunetas, caminos y montes. Ellos eran quienes mejor conocían las fuentes, los puntos de agua, los accesos y los lugares a los que había que acudir si había un incendio. Una tarea que, además de generar puestos de trabajo, entroncaba con la esencia de la tradición rural. Era un trabajo duro, pero nadie protestaba. Quienes lo practicaban honraban a sus antepasados, vivían por y para el bosque; se sentían en una perfecta simbiosis con la naturaleza. Formaban parte de un ecosistema real.

Año 2022. 15 personas se reparten el mismo trabajo divididos en 9 pueblos diferentes. En invierno nadie sale a desbrozar. Hoy apenas se ofertan puestos de trabajo y los bosques a notan el paso y el peso de los años. También el descuido de las instituciones públicas. El Estado transfirió las competencias de gestión de los montes en 1984 a las Comunidades Autónomas. Se crearon los primeros escuadrones anti incendios, se diluyó la gestión del territorio, el grifo de la inversión menguó, proliferaron las figuras de protección y se perdió el vínculo con la naturaleza en favor del éxodo a la ciudad.

La alcaldesa Marta Corella recuerda a EL ESPAÑOL | Porfolio que los bosques son una fuente continua de recursos sostenibles, mucho más lucrativos sin quemar que tras las llamas. "Un territorio se queda desolado tras un incendio. Pero también las personas que viven en él. Muchas veces se habla del lucro, de las hectáreas calcinadas, de los operativos... pero no se piensa en las personas que pierden su hogar. Para quienes vivimos en el monte, el bosque es nuestra casa. Tras un incendio las ilusiones se hacen carbón y la gente ve un futuro negro, sin brotes verdes, de almas derrotadas".

A Corella le irritan los discursos ecologistas emitidos desde los despachos de Madrid. "Cuando la gente habla de 'salvar el planeta' me resulta pueril. No necesita que le salvemos de nada. De hecho, creo que está deseando que desaparezcamos", denuncia, y reclama que, en vez de invertir tanto en protocolos para extinción de incendios, lo que deberían hacer tanto el Estado como las Comunidades Autónomas es mejorar los protocolos de gestión integral de los montes. "En las ciudades se piensa que ocupar un espacio implica destrucción, pero eso no es así: las comunidades locales hemos sabido mantener sus territorios. Aquí hay bosques centenarios".

"Es mucho más caro y menos efectivo gastar más dinero en extinción que invertir en gestión", denuncia la alcaldesa Marta Corella

Lo que se necesita, según denuncia Corella, es una mejor gestión de lo rural. "No tenemos bosques no antropizados, así que dejar de intervenirlos conlleva un riesgo altísimo. Si tú no lo haces, lo hace la naturaleza. Y el fuego es un elemento natural. ¿Hay incendios por imprudencia humana? Sí. ¿Consecuencia del cambio climático? También. Pero antes un fuego era fácilmente atajable porque había usos, gente viviendo cerca del monte, ojos custodiando". Hoy todo eso se diluye, desaparece, la España rural se convierte en la España despoblada, vacía, olvidada.

"Si queremos oportunidades como humanos debemos emprender el camino hacia una economía verde que aproveche los recursos sostenibles que da la propia naturaleza. Recuperar la gestión integral del territorio e incluir a la gente que vive en el mundo rural", añade Corella, y concluye: "Es mucho más caro y menos efectivo gastar más dinero en extinción que invertir en gestión, porque así creas territorios resilientes, oportunidades para que la gente pueda vivir en el mundo rural y pones en el mercado productos sostenibles. Es lo que necesitamos: dar el salto hacia una bioeconomía y dejar de ver el monte como un recurso más.