Un informe de Amnistía Internacional sobre la supuesta desprotección de la población ucraniana a manos de su ejército está provocando una cascada de dimisiones en esta organización, la mayor pro-derechos humanos del mundo. El comunicado, hecho público el 4 de agosto y titulado Las tácticas de combate ucranianas ponen en peligro a la población civil, asegura que las fuerzas armadas de Volodímir Zelenski están “violando las leyes de guerra al operar junto a zonas pobladas cuando deberían hacerlo cerca de los frentes para no poner en el peligro a civiles”.
Esta es exactamente una de las narrativas del Kremlin cada vez que bombardea objetivos civiles en Ucrania: que detrás de escuelas, estaciones, mercados y teatros se encontraban uniformes del Ejército de Ucrania. El propio Zelenski ha sido el primero en responder: “Amnistía Internacional intenta trasladar la responsabilidad del agresor a la víctima”.
La organización humanitaria con más credibilidad del planeta se convierte así en una víctima colateral más de la guerra. Su delegado en Suecia, el prestigioso escritor Per Wastberg, y su representante en Ucrania, la activista Oksana Pokaltchuk, han dejado sus cargos, así como unos sesenta miembros de la sección noruega de AI.
El centro de arte dramático de Mykolaiv, Ucrania, rinde homenaje a los soldados actores que fueron a la guerra REUTERS
En declaraciones a EL ESPAÑOL | Porfolio, la portavoz de Amnistía Internacional en España para asuntos de Ucrania, Yolanda Vega, sin poner en cuestión el comunicado, se muestra favorable a una revisión de su oportunidad, idoneidad y contexto: “Expertos externos internacionales van a analizar en qué circunstancias se produjo su difusión”, relata.
La pregunta que se esconde detrás de este informe es la siguiente: ¿Debe un país invadido ser tratado igual que uno invasor en materia de Derecho Internacional? ¿Qué debe hacer el ejército agredido si el agresor dispara sobre áreas civiles? Desde que comenzó la invasión, AI ha emitido 16 comunicados recordando a los contendientes sus obligaciones y denunciando las masacres provocadas por Rusia. Pero sólo uno, el último, ha puesto en cuestión las prácticas ucranianas. Éste es el que ha hecho saltar su imparcialidad por los aires.
La relatora del caso Khashoggi
El 29 de julio, la secretaria general de Amnistía Internacional, la francesa Agnès Callamard, disponía en su mesa de trabajo de Londres –sede de la organización– de un informe que, según asegura, envío ese día al presidente Zelenski para que emitiera su opinión e incorporarla al comunicado.
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Las primeras líneas resultaban ya inequívocamente perjudiciales para la posición de Ucrania: “Las fuerzas ucranianas ponen a la población civil en situaciones de riesgo al establecer bases y operar sistemas de armas en zonas habitadas por civiles, incluso en escuelas y hospitales, para repeler la invasión rusa que comenzó en febrero”.
Y a continuación: “Estas tácticas violan el derecho internacional humanitario y ponen en peligro a la población civil, pues convierten bienes de carácter civil en objetivos militares. Los ataques rusos resultantes en zonas pobladas han causado la muerte de civiles y destruido infraestructura civil”.
Vista de los restos de un centro de empleo de la región de Járkov devastado por un ataque aéreo REUTERS
Agnès Callamard, de 57 años, es una activista internacional en derechos humanos que ha desarrollado su actividad en organizaciones no gubernamentales, en el ámbito universitario y en Naciones Unidas. Desde este organismo ha dirigido investigaciones sobre ejecuciones extrajudiciales en más de treinta países, algunas tan importantes como los asesinatos del general iraní Quasem Solimani o del periodista saudí Yamal Khashoggi. Cuando está a punto de enviar a la prensa su informe sobre las tácticas ucranianas acaba de cumplir 15 meses en el cargo.
Turbas en las redes
Según ella misma ha desvelado, durante cinco días no hubo respuesta de Kiev. El 4 de agosto Amnistía Internacional publicó finalmente el informe mediante un comunicado de prensa. Quien sí respondió inmediatamente fue la embajada rusa en Reino Unido a través de un tuit: “Estos datos son, exactamente, lo que hemos estado diciendo todo el tiempo”.
Las cuentas prorrusas de Telegram y Twitter entraron en faena para alardear de que el informe reivindicaba al ejército ruso contra las acusaciones de crímenes de guerra. La misión rusa en Ginebra, una de las sedes de la ONU, tuiteó que AI confirmaba que “Ucrania estaba convirtiendo las estructuras civiles en 'objetivos legítimos'".
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La propia Callamard se vió en la obligación de intervenir para pedir a las “turbas y trolls de las redes sociales” que detuvieran su “desinformación”. “Lamento la angustia y la ira causada por el informe, pero aún así –dijo– respaldo plenamente sus hallazgos”. También lo hace la portavoz de AI en España, Yolanda Vega: “El informe revela pruebas claras de que el ejército ucraniano actúa desde posiciones civiles. Ello no justifica la continuidad de los ataques rusos. En cualquier caso, solicitamos una revisión de las circunstancias en las que se produjo la decisión de hacerlo público”.
19 ciudades del Dombás
Pero, en definitiva, ¿qué dice el informe? Fue elaborado entre abril y junio. Durante varias semanas, un equipo de AI entrevistó a supervivientes, familiares y testigos de ataques rusos en las regiones de Járkov, el Donbis y Mykolaiv. “El equipo encontró indicios de que las fuerzas ucranianas lanzaban ataques desde el interior de zonas residenciales habitadas y de que se habían establecido en edificios civiles de 19 ciudades y pueblos de las regiones citadas”. Los redactores se muestran contundentes al afirmar que “existían otras alternativas posibles” y que “en ningún caso se avisó del peligro a la población civil o se ordenó su evacuación”.
A continuación, el informe citó casos concretos con una redacción que parece cargar toda la responsabilidad de la muerte de civiles en las fuerzas armadas defensivas y no en las agresoras. La madre de un hombre de 50 años que murió en un ataque con cohetes el 10 de junio en un pueblo al sur de Mykolaiv dijo a Amnistía Internacional: “Los militares estaban en una casa al lado de la nuestra y mi hijo llevaba a menudo comida a los soldados. Murió en el acto. Su cuerpo quedó hecho trizas”.
Mikola, que vive en un bloque de pisos en la ciudad de Lisichansk, en el Dombás, donde hubo una víctima por un bombardeo ruso, reveló: “No entiendo por qué nuestro ejército dispara desde las ciudades y no desde el campo”. Otro residente: “Sin duda hay actividad militar en el barrio. Cuando hay fuego saliente oímos después fuego entrante”.
Una anciana de 86 años camina cerca de la ciudad de Toretsk REUTERS
Uno de los detalles que sorprende en el informe es el tono categorizante que utilizan sus redactores. “El ejército ucraniano ha establecido bases de forma habitual en escuelas de ciudades y pueblos de la zona del Dombás y de Mykolaiv”. Las escuelas están temporalmente cerradas para el alumnado desde que comenzó el conflicto, “pero en la mayoría de los casos los edificios estaban cerca de barrios habitados por civiles. Los ataques rusos cerca de escuelas han causado la muerte y heridas a varias personas civiles entre abril y finales de junio; el 28 de junio murieron una niña y una anciana en un ataque con cohetes contra su casa”.
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En Bajmut, las fuerzas ucranianas usaban un edificio universitario como base cuando lo alcanzó un ataque ruso el 21 de mayo y, según informes, causó la muerte de siete soldados. “La universidad es colindante con un edificio de viviendas de gran altura que resultó dañado en el ataque junto con otras viviendas civiles situadas a unos 50 metros”. AI recuerda en su informe que Ucrania es país firmante de la Declaración sobre Escuelas Seguras en conflictos armados que permite a las partes hacer uso de escuelas abandonadas o evacuadas “únicamente cuando no haya una alternativa viable”.
En lo que parece un añadido ante la controversia suscitada, AI se vió en la obligación de recordar que ”la práctica del ejército ucraniano de emplazar objetivos militares dentro de zonas pobladas no justifica en modo alguno los ataques indiscriminados rusos”. Pero esta precisión no evitó la dimisión inmediata de uno de los representantes más veteranos de la organización.
Decenas de dimisiones
Per Wasberg es un prestigioso escritor y periodista sueco de 89 años, miembro del Comité del premio Nobel de Literatura. Fundó la rama sueca de Amnistía Internacional hace sesenta años. Fue expulsado de Rodesia (actual Zimbabue) y Sudáfrica por sus denuncias del apartheid y dirigió durante seis años el mayor periódico sueco, Dagens Nhyeter.
El 4 de agosto, cuando leyó el comunicado de prensa de su organización sobre Ucrania, dimitió con estas palabras: “Con gran tristeza, doy por terminada mi larga y fructífera cooperación debido a las declaraciones de Amnistía sobre la guerra en Ucrania. Tienen un falso aire de objetividad, pero olvidan el hecho de que las tropas ucranianas están librando una guerra que no provocaron contra un agresor que las ataca en áreas civiles, donde no tienen más remedio que operar”.
El cadáver de un niño de 11 años asesinado por un ataque aéreo ruso yace en el suelo en la ciudad de Chapline
Oksana Pokalchuk es una jóven abogada feminista ucraniana. Desde hace cinco años figura como cabeza representante de Amnistía Internacional en el país invadido. A finales de julio tuvo acceso a las conclusiones del informe polémico antes de ser publicado. “Me pareció una herramienta de la propaganda rusa”, dice. Pidió a Callamard en Londres que lo enviara al gobierno ucraniano para incorporar su versión. “No les dieron suficiente tiempo para responder”, asegura. El pasado 4 de agosto, al verlo editado en la web central de la organización, dimitió con estas palabras: “Esta es otra pérdida que me ha causado la guerra”.
Según pública el periódico británico Sunday Times, otros 60 miembros de Amnistía Internacional en Noruega han abandonado la organización. Este diario también ha difundido la opinión de Eyal Benvenitsi, profesor de Derecho Internacional en la Universidad de Cambridge, que resume la posición de los dimisionarios: “Hay un caso en que situar un objetivo militar en un área civil no está prohibido: cuando estás defendiendo tu territorio invadido”.
Callamard, desde Londres, intentó frenar la insurrección con un nuevo comunicado: “Nada de lo que hemos documentado sobre acciones de las fuerzas ucranianas justifica en modo alguno las violaciones de derechos humanos cometidas por Rusia. Rusia es la única responsable de las violaciones de derechos humanos que ha cometido contra civiles ucranianos”. Pero ya era demasiado tarde: el mal estaba hecho.
El informe número 16
Amnistía Internacional ha publicado 16 comunicados desde que comenzó la invasión de Ucrania. El 25 de febrero ya habló de ataques indiscriminados rusos. Dos días después denunció el uso de bombas de racimo por parte de las fuerzas de Putin. En marzo, la matanza de civiles en Cherginov. En abril, los bombardeos aéreos sobre Jarkov y los asesinatos de Bucha. En mayo, nuevas masacres indiscriminadas en viviendas de Jarkov. En junio, el teatro de Mariupol. En julio, el complejo de Sheerivka.
En todos estos casos, AI ha calificado de crímenes de guerra las acciones rusas “por las que deberán responder sus responsables ante tribunales internacionales”. Por eso, el revuelo provocado por el comunicado número 16 es que todas estas acusaciones podrían quedar en nada si Rusia se escuda en que había tropas ucranianas entre la población civil por más que el mayor crimen de guerra haya sido la invasión misma.
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El gobierno ucraniano ha reaccionado con contundencia. Su presidente, Volodímir Zelenski, ha mostrado su indignación “por el desprecio del informe ante las bajas civiles” y ha calificado a la organización humanitaria de “manipuladora”. El Centro de Comunicaciones del Gobierno ucraniano ha precisado que los datos fueron obtenidos en áreas ocupadas por Rusia y controladas por su policía secreta, “con la consiguiente presión de los entrevistados por parte de sus perseguidores”. Amnistía niega que fuera así.
Comparación con Palestina
Expertos de la web transversal 1945 destacan el diferente rasero que ha demostrado AI entre este conflicto y el palestino-israelí. Tanto en 2009 como en 2015, Amnistía Internacional negó que la actuación de palestinos armados cerca de edificios civiles convirtiera a éstos en objetivos militares legítimos para el ejército de Israel.
“El informe crea la falsa impresión de que el ejército ucraniano esté poniendo en peligro voluntariamente a su población. Por ejemplo, acusa a las fuerzas ucranianas de operar en áreas residenciales en Lisichansk, una ciudad en el este de Ucrania tomada recientemente por Rusia, pero ignora los continuos esfuerzos de las autoridades locales para reubicar a los civiles”.
En efecto, al menos en tres ocasiones, el gobierno de Zelenski ha hecho llamamientos masivos para que la población del Dombás abandone sus viviendas ante la inminencia de ofensivas rusas: el 6 de abril, el 18 de abril y el 30 de julio. El establecimiento de corredores humanitarios no siempre ha contado con la colaboración del enemigo.
La guerra es un traje largo
Amnistía Internacional es la organización pro-derechos humanos más influyente del mundo. Cuenta con oficinas permanentes en 70 países y está presente en otros ochenta. Dispone de unos diez millones de miembros y simpatizantes que son quienes financian exclusivamente sus actividades. No recibe dinero de ningún gobierno. Presume de independencia absoluta ante los estados.
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Fue fundada el 1 de octubre de 1962 en Londres por el abogado Peter Benenson tras la publicación de su artículo sobre Los prisioneros olvidados. Su objetivo inicial fue acabar con los presos de conciencia en el mundo. En estos sesenta años ha ampliado su abanico de acciones “para impedir y poner fin a los abusos graves contra los derechos civiles, políticos, sociales, culturales y económicos”. Y sus críticos aseguran que se ha burocratizado.
Sus métodos de trabajo también han evolucionado. Desde el envío de cartas corteses a gobiernos acusados de violación de algún derecho contra personas identificadas, a la realización de informes sobre el terreno de áreas conflictivas, como el de Ucrania que ha generado la polémica actual. La edición de sus informes anuales pone a temblar a todos los gobiernos del mundo, sean democráticos o no.
Un hombre retira restos de un ataque aéreos cerca de Chapline, Ucrania REUTERS
Su portavoz española, Yolanda Vega, anuncia a EL ESPAÑOL | Porfolio que se llevará a cabo una comisión de expertos ajenos a la organización para que revise la controversia creada por el informe de Ucrania, pero defiende la imparcialidad de su organización: “Nada va a poner en duda nuestros principios de trabajo, aunque sus resultados puedan ser utilizados puntualmente por algún gobierno”. AI nació para defender la libertad de conciencia individual. Quizá una guerra es un traje demasiado largo.
Una noticia salta en el móvil un minuto antes de poner fin a este artículo: 25 civiles muertos, entre ellos dos niños, y más de 50 heridos, en el bombardeo ruso contra la estación de Chapline, en la región ucraniana de Dnipropetrovsk. El ministerio de Defensa de Rusia asegura que el objetivo era un tren militar y que el misil mató a 200 soldados.
