Hasta hace un año, Luis Argüello (Meneses de Campos, Palencia, 1953) era el responsable de dar explicaciones ante la prensa como secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE). En 2020 el Papa le aconsejó que cuando le llegara la edad de jubilación se mudara a vivir a Roma para jugar en el equipo de fútbol del Vaticano porque “gambeteaba muy bien a los periodistas”. Todavía no ha llegado ese momento, de hecho Francisco lo nombró el año pasado arzobispo de Valladolid y él decidió abandonar sus responsabilidades en la CEE para centrarse en su diócesis. Ahora, con elecciones previstas para el próximo marzo, es el principal favorito para suceder a Juan José Omella al frente del órgano de gobierno de los obispos.
Argüello da muestras de esa habilidad que mencionaba el Papa cuando le preguntan por esta cuestión. Aunque tampoco oculta que está para lo que se le pida, como buen entregado a la causa. De esta forma, el sector conservador recuperaría el control de una institución que en los últimos ocho años ha estado en manos de hombres cercanos a la línea del papa Francisco, primero con Ricardo Blázquez y, especialmente, después con Omella. Ambos se han caracterizado por no inmiscuirse demasiado en los asuntos políticos y por mantener una buena relación con los distintos gobiernos.
El arzobispo de Valladolid también tiene capacidad para entenderse con todos. Ha seguido la línea del Papa argentino en la defensa de los migrantes, pero en los últimos tiempos se ha acercado más a un sector muy conservador, como queda patente con su colaboración en el el Instituto de Ciencias Sociales, Económicas y Políticas, dirigido por personas del entorno de Vox y apoyado por la ultra francesa Marion Maréchal Le Pen. Lo que ocurra a partir de marzo es una incógnita, pero Argüello ya pide una “mayor movilización política” de la ciudadanía para defender los valores que propugna la Iglesia.
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De momento él ha sido uno de los obispos que se han manifestado abiertamente en contra de la ley de amnistía del Gobierno. En esto no hay regateos, sino una postura clara que defiende justo antes de la Asamblea Plenaria que la Conferencia Episcopal celebrará desde este lunes hasta el próximo viernes. Pese a las opiniones que algunos han hecho públicas, los obispos deben determinar en esta cita si quieren fijar una posición común sobre la amnistía, la situación política y otros asuntos. También deben preparar una inminente visita a Roma, ya que el Papa ha convocado a todos los obispos españoles al completo a una reunión en el Vaticano el próximo 28 de noviembre, justo después de que se conociera el informe del Defensor del Pueblo sobre los abusos en la Iglesia.
PREGUNTA- Acaba de iniciar una ronda de visitas que le llevará por 40 colegios privados y concertados religiosos para comprobar cuál es su situación en estos momentos. ¿A qué atribuye la caída de las vocaciones y el progresivo alejamiento de la Iglesia por parte de la sociedad?
RESPUESTA- Creo que al poner el acento en la propia libertad personal, en la realización de cada uno, hay una dificultad para entender la vida como respuesta, como entrega. Eso como fenómeno general. Luego, en el campo concreto de la fe, hay dos factores: uno interno, que es una progresiva disminución de gente que participa de la vida de la Iglesia por la secularización producida en nuestras sociedades occidentales, incluida la española; y otro fenómeno cuantitativo, ya que antes las familias tenían, en general, muchos hijos y hoy nos encontramos con una situación demográfica bastante débil.
P- ¿Cómo cree que afecta a la sociedad española esa secularización de la que habla?
R- Al ir desapareciendo la trascendencia, como decía antes, surge una concepción de la persona marcadamente individualista. Y lo que predomina, en palabras de Benedicto XVI, es el relativismo, él hablaba de dictadura del relativismo. Es paradójico, porque el relativismo pretende ser muy tolerante y, a veces, termina siendo intolerante. Cada cual se cree en posesión de ser fuente de la moralidad, por lo que hay que regular las relaciones de unos con otros, de uno que quiere ser independiente con otro que también quiere ser independiente, de uno que quiere autodeterminarse… Y eso afecta a las sociedades en las que vivimos.
La amnistía podría ser valiosa si fuera recíproca y los amnistiados renunciaran a un proceso ilegal y unilateral, si fuera fruto de un acuerdo con mayoría cualificada, si no amparase la violencia contra las personas. Si no es así, amenaza la convivencia a la que dice servir.
— Mons. Luis Argüello (@MonsArguello) November 5, 2023
P- Hace unos días usted decía que los valores de libertad, igualdad, solidaridad y seguridad jurídica están en entredicho. Justo ahora que se acaba de formar un nuevo Gobierno…
R- Sí, lo dije en referencia a lo que estamos viviendo estos días en España, aunque creo que es un fenómeno que va más allá y que afecta a muchas democracias occidentales. Una política que renuncie a tener detrás una propuesta ética tiene el riesgo de convertirse puramente en un positivismo jurídico. Yo creo que en este momento en España, y no sólo en España, vivimos el riesgo de que el ejercicio del poder que la soberanía nacional otorga a través del voto recaiga en unas personas sin referencias éticas. Y, por otra parte, empieza a removerse el Estado de derecho, entendido desde el principio de legalidad, la separación de poderes o la organización de nuestra vida en común, y eso está afectando a la libertad, la igualdad, la solidaridad y el principio de bien común que tiene una expresión en la seguridad jurídica, en el orden público. Son principios previos a nuestra propia Constitución y deben de regir las normas jurídicas.
Vivimos el riesgo de que el ejercicio del poder que la soberanía nacional otorga a través del voto recaiga en unas personas sin referencias éticas
P- ¿Cree entonces que el Estado de derecho está amenazado?
R- Se han encendido algunos timbres de alarma. Llevamos ya años en el que nuestras Cortes Generales no acaban de ponerse de acuerdo a la hora de la renovación del Consejo General del Poder Judicial, en los criterios que los partidos políticos tienen para el nombramiento de quienes están en el Tribunal Constitucional o en el predominio tan grande que ha habido en el Congreso de los Diputados en tramitar decretos leyes emanados por el Gobierno, con una disminución de los debates parlamentarios. Nuestros partidos políticos tratan de evitar el debate interno para ser más bien maquinarias construidas para ganar elecciones y actúan de forma que los líderes de los partidos parece que están por encima de sus propias bases. Yo no puedo decir que en la sociedad española actual el Estado de derecho haya desaparecido, Dios me libre, pero sí que hay alarmas que hacen que los ciudadanos tengamos que asumir también nuestras propias responsabilidades en la participación política.
P- El Gobierno ha presentado una ley de amnistía, que defiende en aras de la convivencia. ¿A usted le preocupa esta ley?
R- Para un cristiano todo lo que tenga que ver con el perdón y con la propuesta de nuevas oportunidades, al menos debe ser escuchado. Lo que ocurre es que los propios amnistiados rechazan mucho que se hable de una propuesta de perdón. Yo creo que la amnistía podría servir a la convivencia si verdaderamente hubiera supuesto el final de un camino, no el principio de otro. No se ha afrontado un diálogo respecto a qué quiere decir el artículo de la Constitución que habla de que en la nación española existen nacionalidades y regiones. Si hubiera un acuerdo sobre eso, que pudiera incluir una reforma de los estatutos de autonomía o incluso de la propia Constitución, podría expresarse el deseo de concordia entre todos con un ejercicio de este tipo. Pero ciertamente es difícil hablar de que pueda contribuir a la concordia, cuando estamos viendo también en estos días que lo que está provocando es un aumento de la polarización y de la división en muchísimos sectores de la vida social española.
P- ¿Cuáles cree usted que son las verdaderas motivaciones para aprobar una ley de este tipo?
R- Hay un motivo inmediato, que es la necesidad de componer una mayoría y las exigencias que han puesto unos partidos políticos y otros a la hora de dar sus votos. Y otro que tiene que ver más con un deseo de querer resolver un conflicto, pero para eso habría que sentar las bases de qué significa ese conflicto. Cuando se habla de referencias históricas, los políticos deberían escuchar a los historiadores para no inventarse un determinado relato que pudiera justificar un conflicto. Yo creo que en nuestra Constitución podría ser posible la amnistía, pero no esta amnistía.
P- Decía antes que los ciudadanos debemos aumentar nuestras responsabilidades en la participación política y, por otra parte, habla de la polarización que se vive en estos momentos. En las manifestaciones que se están celebrando todos estos días frente a la sede del PSOE, en un ambiente de mucha tensión, se ha llegado a escuchar que “España es cristiana y no musulmana”. ¿Cómo cree que hemos llegado hasta aquí?
R- Creo que hay que distinguir entre el clima general que uno se puede encontrar en la calle de lo que aparece en las manifestaciones; y más aún de lo que los medios de comunicación ponen legítimamente en el foco durante esas manifestaciones. Yo sí que detecto preocupación en el ambiente social general de España, pero no esta polarización extrema. Eso se ve más en las expresiones de partidos políticos y otros sectores. Creo que hay que hacer todo lo posible por decir y manifestar legítimamente lo que cada uno cree, pero no echar leña al fuego en esos enfrentamientos.
Gritos de "Esa policía a las fronteras, España cristiana y no musulmana" pic.twitter.com/KoWOG6H8B2
— Elena Berberana (@ElenaBerberana) November 7, 2023
P- Es decir, ¿que la polarización viene derivada básicamente de los discursos políticos?
R- De los discursos políticos que recaen en una sociedad que se ve cada vez más afectada por estas corrientes culturales a las que yo me refería al principio, de individualismo, relativismo y elogio desmedido de la propia autonomía. Hay menos tejido social, con lo cual es más fácil que uno se deje llevar por las opiniones dominantes de los discursos políticos o de las tertulias de tantos y tantos medios que generan un determinado ambiente.
Los políticos deberían escuchar a los historiadores para no inventarse un determinado relato que pudiera justificar un conflicto. Yo creo que en nuestra Constitución podría ser posible la amnistía, pero no esta amnistía.
P- El próximo lunes se reúne la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal. ¿Se va a fijar una posición común en cuestiones como ésta, de la amnistía, que ocupan actualmente un lugar predominante en el debate público?
R- Bueno, si el asunto es planteado en la propia Asamblea plenaria y hay un diálogo entre los obispos, yo creo que la experiencia en los diversos temas que tratamos nos dice que siempre llegamos a acuerdos muy mayoritarios. Y si creemos que es necesario que alguno de ellos pase a la opinión pública, pues así se hará.
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P- En este sentido, la Conferencia Episcopal no ha querido pronunciarse hasta ahora. Pero sí ha habido obispos, como usted, el señor Sanz [arzobispo de Oviedo] o el señor Munilla [obispo de Orihuela-Alicante] que se han manifestado abiertamente en contra. ¿Han roto la unidad de acción? ¿Hay división en este tema?
R- La Conferencia Episcopal es un ámbito de comunión y coordinación entre los obispos, lo cual no quita la responsabilidad que cada uno tiene en su propia diócesis. Esto no rompe la comunión, lo haría si hubiera habido un acuerdo previo y después cada uno dijéramos una cosa. Sin embargo, todas las opiniones o reflexiones que cada uno de nosotros hemos hecho perfectamente las podemos poner en común.
P- Dentro de unos meses la Conferencia Episcopal debe elegir un nuevo presidente para sustituir a Juan José Omella. Le pregunto directamente, ¿a usted le gustaría ser presidente?
R- No es un problema de gustos, pero todos tenemos derecho a voto y todos podemos ser candidatos. En ese sentido, lo que puedo decir es que en la Conferencia Episcopal estoy con toda la disponibilidad para cualquier encomienda que la Iglesia me haga, sin ningún deseo específico.
P- Y con este clima social del que estamos hablando, ¿le gustaría que a partir del próximo año la Iglesia se movilizara más, tomara un papel más activo en diferentes aspectos de la vida social?
R- A mí me gustaría. Movilizada, en todos los sentidos de la palabra. Acabo de venir del Sínodo [el Sínodo de los obispos, celebrado en Roma el mes pasado, con representantes de la Iglesia de todo el mundo] y en lo que se insiste en otros lugares del planeta es que la Iglesia debe estar en camino, no encerrada en sus templos. Y ese camino significa movilización para anunciar el Evangelio, para ayudar a los más empobrecidos…
P- ¿Y en los aspectos que tienen más que ver con la política?
R- Por supuesto. Porque, fíjese, el corazón de la Iglesia está en los laicos. Y a veces se piensa que la participación de los laicos se mide sólo en aspectos eclesiales. Yo soy un firme partidario de que los laicos intervengan bajo la doctrina social de la Iglesia en los ambientes e instituciones de todo tipo: familiares, culturales, educativos, políticos, económicos, empresariales o sindicales, y que se produzca esa movilización en el ejercicio de la caridad política. Sí, sí, desearía una fuerte movilización de caridad política en favor de la dignidad humana, de la defensa de la vida y del bien común.
P- También este lunes, ¿podrán conocer ya el informe de los abusos que la Iglesia le encargó al bufete de abogados Cremades?
R- Espero que se pueda conocer, si no el informe entero, al menos un buen avance. Me consta que el trabajo está muy avanzado.
P- Aunque el compromiso era haberlo presentado ya.
R- Sí, sí, es así, y ojalá se pueda presentar. Pero lo que puedo decir es que la Iglesia española son muchos rostros, muchas diócesis, centenares de congregaciones religiosas, decenas de asociaciones de todo tipo… y creo que al menos durante los últimos cinco años ha habido una fuerte movilización para poner a las víctimas en el centro de la prevención y de la reparación integral. El informe presentado por el Defensor del Pueblo reconoce que en los últimos 20 años las denuncias de abusos claramente han disminuido respecto a los casos conocidos de décadas anteriores.
Soy partidario de que los laicos intervengan bajo la doctrina social de la Iglesia en ambientes e instituciones de todo tipo y que se produzca una movilización en el ejercicio de la caridad política
P- De ese informe presentado por el Defensor del Pueblo usted ha dicho que es discutido y discutible.
R- Por discutible, me refiero a lo que dice la propia Ley Orgánica del Defensor del Pueblo y a su reglamento en lo que respecta a quién tiene que investigar el Defensor del Pueblo. El propio informe hace un esfuerzo por situarse dentro de su ámbito de actuación, con constantes referencias a las instituciones públicas, que son a las que el Defensor del Pueblo tiene que investigar. En cualquier caso, nosotros aceptamos colaborar y don Ángel Gabilondo, bien lo sabe. Otra cosa era participar dentro de la comisión, como el Defensor quiso, y eso ya no lo aceptamos. En cuanto al contenido, el informe reconoce una problemática dentro de la sociedad española muy grande, aunque sólo pone el foco en las medidas que sugieren para un sector de la población, que es la Iglesia. Nosotros las aceptamos e incluso muchas de ellas ya las tenemos puestas en marcha, pero no caigamos en una dialéctica de contrarios, que si digo que hay aspectos discutibles no significa que no vaya a aceptar algunas de las propuestas que son valiosas.
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P- Y discutido lo dice porque se ha elaborado mediante un sistema de extrapolación, al igual que ha ocurrido en otros países. [En España el informe sostiene que un 1,13% de las personas encuestadas afirma haber sido agredida sexualmente por un sacerdote u otra persona relacionada con el ámbito eclesiástico, lo que eleva el número de víctimas a 440.000]. ¿No cree que ese dato sea real?
R- Francamente no, porque desde un punto de vista penal esas cifras tendrían que tener rostro. Y, por otra parte, en una encuesta telefónica que se pregunta con el ambiente y la mentalidad de hoy sobre experiencias que se han podido tener hace 20, 30, 40, 50 años es muy difícil poder perfilar. Por eso nosotros encargamos otra auditoría al despacho Cremades para tratar de poner rostro y recapitular todas las informaciones de la Fiscalía, las aparecidas en los periódicos o lo que nosotros hemos recogido de nuestras propias oficinas, de las congregaciones religiosas y de las diócesis. Podríamos converger en que ha habido entre 1.000 y 5.000 situaciones de abuso, teniendo en cuenta que los abusadores habrán abusado de más de una persona y que siempre hay una cifra oculta debido a que hay gente que ha fallecido o personas que no pudieron denunciar su situación.
P- ¿Van a hablar de indemnizaciones? Es algo que no han hecho hasta ahora, mientras que en la mayoría de países cuando se han presentado informes de este tipo la Iglesia automáticamente ha pedido perdón y se ha puesto a cuantificar el coste de la indemnización a las víctimas.
R- Por mi experiencia en la Conferencia Episcopal, cuando se dialoga con personas o familias que han vivido este tipo de situaciones acerca de una reparación integral piden muchas otras cosas antes que una indemnización económica. Yo creo que nosotros lo que sí afrontamos es una reparación integral y si eso conlleva gastos económicos, los asumimos, pero no hablamos de ellos desde el inicio. No queremos hablar de bolsas económicas para asumir indemnizaciones, sino tratar el tema de forma completa.
Afrontamos una reparación integral con las víctimas de abusos y si eso conlleva gastos económicos, los asumimos, pero no hablamos de ellos desde el inicio
P- Termino. El próximo 28 de noviembre el Papa ha convocado en el Vaticano a todos los obispos españoles de forma conjunta. ¿Qué espera de esa reunión?
R- Es una llamada a cuidar la formación de los sacerdotes. Nosotros acordamos un nuevo plan de formación que tenemos que revisar; ya lo estamos haciendo con la congregación romana y ahora con el Papa.
P- Es cierto que formalmente la visita es para hablar de los seminarios. Pero no es habitual que se convoque a todos los obispos al completo y, además, se produce justo después de ese informe acerca de los abusos. La última vez que ocurrió algo así fue con los obispos de Chile, tras un gran escándalo de pederastia.
R- Sí, pero los obispos de Chile fueron convocados explícitamente para hablar de ese asunto. Nosotros la convocatoria escrita que tenemos de Roma es para plantear algo que ya estaba puesto en marcha con el tema de los seminarios. Evidentemente, en orden a la prevención de los abusos es muy importante la selección de candidatos, la formación afectivo/sexual o la formación espiritual.
P- ¿No lo entienden entonces como una llamada a capítulo?
R- No, no, ni mucho menos.