Convocan una marcha para pedir justicia para el coruñés Diego Bello tras archivarse su causa

A CORUÑA, 19 Jun. (EUROPA PRESS) –

Amigos y familiares de Diego Bello Lafuente, el joven coruñés que murió en una operación policial el pasado 7 de enero en la isla de Siargao, en Filipinas, han convocado una marcha para exigir "justicia para Diego" tras archivar la Audiencia Nacional la causa que se seguía por su muerte.

Así lo ha confirmado a Europa Press Francisco Lafuente, tío de Diego y portavoz de la familia, que ha señalado que la Audiencia Nacional estima "que no es competente para juzgar este delito en España al tratarse de un caso de homicidio y no ser esta una de las causas que la justicia española contempla como incluida en la justicia universal y que posiblitaria el inicio de la causa".

La Audiencia Nacional había abierto diligencias previas cuando se hizo cargo del caso, ordenando, entre otras acciones, la realización de una autopsia al cuerpo de Diego cuando llegó a Madrid, procedente de Manila, a finales del mes de enero.

La familia de Diego ha avanzado que presentará un recurso contra el archivo del caso, ya que entiende que la muerte de su allegado está relacionada con el tráfico de drogas.

"Tal como se hace constar en el atestado policial filipino y por tanto la Audiencia Nacional sí es competente para iniciar juicio, al ser esta circunstancia una de las contempladas en la legislación española como motivo para aplicar la justicia universal al caso".

Además de este recurso, familia y amigos de Diego reunidos en la plataforma ‘xustizaparadiego’ iniciarán nuevas acciones para reivindicar "el buen nombre de Diego, puesto en cuestión por una policía, la filipina, sobre la que pesan sospechas tanto a nivel de Comunidad Europea como en la comisión de Derechos Humanos de la ONU", argumentan.

Implicación del Gobierno

En concreto, han convocado una marcha para el 3 de julio, que saldrá a las 20,00 horas del Obelisco y finalizará ante la Delegación del Gobierno, según han informado. Su objetivo es exigir el esclarecimiento de los hechos.

"Se trata del primer español asesinado por la policía filipina, y consideramos que el Gobierno español debería exigir a Filipinas pruebas de la relación de Diego con el tráfico de drogas".

"Pruebas que, seis meses después de su muerte, aún no han sido presentadas, por lo que entendemos que se trata de un asesinato a sangre fría que el Gobierno no puede permitir que quede impune", argumentan desde la familia, que han negado en todo momento que el joven estuviese relacionado con la venta de estupefacientes.