El gobierno de A Coruña dirigido por la alcaldesa Inés Rey, ha acordado este jueves en el pleno municipal junto a Marea y el Bloque Nacionalista Galego (BNG) eximir a los negocios del pago de las tasas de basuras, agua y depuración durante el tiempo que tengan que estar cerrados en 2021 a causa de la crisis sanitaria. Así lo han trasladado esta mañana poniendo como principal razón de esta decisión "la difícil situación por la que están atravesando diversos sectores económicos de la ciudad como la hostelería, el comercio y la cultura".

El portavoz municipal y concejal de Economía y Hacienda, José Manuel Lage Tuñas, valoró positivamente esta alianza porque “en parte recupera el camino que se abrió en junio de 2019” y apuntó que desde el gobierno “trabajaremos para mejorar las relaciones tendiendo puentes con las otras fuerzas políticas”. El pacto que se logró hoy viene provocado por la propuesta que llevó el PP a pleno y “que está fuera del marco de la legalidad”, por lo que Lage Tuñas señaló que buscaron una alternativa para dar respuesta a los vecinos que más lo necesitan.

De este modo, se comprometerán a establecer una segunda reducción del 50% en la cuota que tienen que abonar las personas autónomas, micropymes y pymes en los restantes períodos del año 2021 en los que la Xunta de Galicia decrete cierres totales o parciales como autoridad sanitaria. En este paquete de medidas acordadas, se incluirán posibles beneficios fiscales que puedan aminorar el impacto de la crisis económica derivada del coronavirus.

En concreto, el gobierno municipal agilizará la ejecución de las líneas de ayudas del PRESCO e iniciará de inmediato, en diálogo con los sectores afectados y los grupos municipales, los trabajos para elaborar y aprobar nuevas medidas de reactivación económica y social para el año que viene. En este punto, reservarán un apartado específico de apoyo a los establecimientos afectados por la restricciones horarias nocturnas, derivadas del estado de alarma, tales como las salas de conciertos, los café-bares especiales y los locales análogos.

De este modo, se constituirá una mesa de diálogo en la que participarán todas las fuerzas de la corporación, con el comercio y la hostelería de la ciudad con el fin de evaluar el desarrollo del PRESCO y recoger sus propuestas y sugerencias de cara a implantar nuevas determinaciones. El ejecutivo de Inés Rey se ha comprometido también a introducir en su propuesta de modificación de las ordenanzas fiscales para el año 2022 los cambios precisos para proveer de una bonificación del 50% en la tarifa establecida a núcleos familiares monoparentales, entendiéndolos como los formados por un progenitor o progenitora (madre o padre) y uno o varios hijos o hijas menores de 22 años, o con una discapacidad de un 33% o superior, o incapacitados para trabajar, con independencia de su edad.

Este límite de edad se amplía hasta los 25 años en los casos en que cursen estudios universitarios o de formación profesional de grado superior o similares. Para cumplir los acuerdos que firmaron hoy, el Gobierno Municipal realizará los trámites necesarios antes de 31 de enero de 2021.