Un mazo empleado en un procedimiento judicial.
Ofrecido por:
Juzgan al administrador de unas empresas por un delito concursal en A Coruña
El Ministerio Público señala que, desde mediados de 2011, el empresario era conocedor de su situación de insolvencia y, pese a ello, siguió aumentando las deudas con la Tesorería General de la Seguridad Social y la Agencia Tributaria
9 enero, 2022 10:47A CORUÑA, 8 Ene. (EUROPA PRESS) –
La sección segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña celebrará el miércoles, día 12, el juicio contra el administrador de un grupo de empresas, así como personas jurídicas, por un delito concursal, en una causa procedente de un juzgado de Ordes.
El fiscal sostiene que el encausado fue el administrador desde hace más de una década del grupo de empresas que conforman las personas jurídicas, siendo una la financiera, mientras que otra se constituía como la empresa conocida en su sector, dedicada a labores relacionadas con el alumbrado público de diversos ayuntamientos de la provincia coruñesa.
El Ministerio Público señala que, desde mediados de 2011, el empresario era conocedor de su situación de insolvencia y, pese a ello, siguió aumentando las deudas con la Tesorería General de la Seguridad Social y la Agencia Tributaria, sin tener libros legalizados desde abril de 2004. "El listado de bienes de la empresa es incompleto, no reflejando un préstamo de 901.132’17 euros de la empresa al administrador único en 2010, el cual lo extrajo en metálico con la finalidad, según dijo, de pagar el bautizo de su hijo, no siendo una finalidad empresarial, no estando acreditado y no habiéndose adoptado garantías de retorno", cita, entre otros ejemplos, el Ministerio Público.
"La concursada –añade sobre una de las empresas– ha realizado préstamos a otras dos del mismo administrador por valor de 601.133, 33 euros y 500.950,06 euros, no teniendo ninguna finalidad empresarial real más allá de descapitalizarse para no atender a los legítimos acreedores". También apunta a impagos a la Agencia Tributaria y la Seguridad Social por más de 600.000 euros en algún caso. Para el administrador, se piden penas que suman más de 10 años de prisión, además de pago de multas a las personas jurídicas.
