La CIG se concentra en A Coruña contra el "pacto de pérdidas" del Estado, CCOO y UGT

Delegados del Área Pública de la Confederación Intersindical Galega (CIG) se han concentrado este jueves en la Delegación del Gobierno en A Coruña contra el "pacto de pérdidas" acordado entre el Gobierno de España y los sindicatos de CCOO y UGT y que supondrán que "el personal empleado público pierda alrededor de un 10% de su poder adquisitivo en los próximos tres años".

"No es que se recupere la capacidad adquisitiva que llevamos perdida desde el 2010, de en torno a un 20%, sino que se pacta que sigamos perdiendo salarios en 2022, 2023 y 2024", ha denunciado el portavoz del Área Pública de la ICG, Luis Carballo.

Carballo ha destacado que el incremento acordado para este 2022 es de un 3,5%, cuando el IPC de septiembre alcanzó casi el 9%. Para el próximo año "el incremento sería del 2,5%, al que se le podría sumar un 0,5% más en octubre", en función de si el IPC armonizado suma más del 6% y otro 0,5 si el PIB nominal del 23 supera la previsión del Gobierno.

En un contexto "de crecimiento imparable" del costo de la vida, ha advertido Carballo, "el Gobierno prevé para su plantilla un aumento previsto en tres años que ni siquiera permite recuperar el poder adquisitivo perdido en 2022″.

Subida del 5% y cláusulas de revisión

En la Mesa Xeral de Negociación, la CIG propuso una subida del 5% durante tres años y la incorporación de cláusulas de revisión salarial, de tal manera que, si al finalizar el año el IPC quedaba por encima de lo acordado, "se recuperaría la diferencia en un único pago", apuntan desde la CIG.

A este respecto, el secretario nacional de CIG-Ensino, Suso Bermello, ha calificado el acuerdo del Estado con CCOO y UGT "un insulto a la inteligencia de las miles de personas que trabajamos en sectores esenciales para la sociedad".

"Con este acuerdo lo único que está garantizado es que vamos a perder poder adquisitivo" ha comentado Bermello, cuando "además estas centrales sindicales están inmersas en una campaña en la que amenazan con entrar en conflicto si no hay aumentos salariales acordes a la carestía".