El BNG de A Coruña presentará una moción en el próximo pleno del 13 de abril en la que exigirá un proceso de investigación interna del gobierno local sobre la trama del sindicato de la limpieza STL destapada recientemente y ya judicializada y hacen un llamamiento a que el ejecutivo de Inés Rey ejerza su "potestad sancionadora" imponiendo sanciones y rescindiendo contratos de concesión si se prueba que las empresas concesionarias del servicio de limpieza de la ciudad inhibieron responsabilidades delegando en un determinado grupo su política de personal, que actuó en base a su propio beneficio con prácticas como "intercambio de favores o persecución laboral".

Todo ello ha sido trasladado por el candidato nacionalista a la alcaldía de A Coruña, Francisco Jorquera, este martes en rueda de prensa, donde alegó que la huelga de limpieza que tuvo lugar hace meses en A Coruña no fue convocada legalmente, fue encubierta y causó un serio daño económico al concello. Por este motivo, ha pedido que se aclare si esta huelga fue pactada entre las concesionarias de la limpieza y un determinado grupo, concretamente el integrado por las personas que están siendo investigadas actualmente y detenidas hace unas semanas en el marco de una operación de la Policía Nacional.

El caso del Sindicato de Trabajadores de la Limpieza de A Coruña (STL) se destapó en febrero, cuando se efectuaron registros en varios puntos de la ciudad relacionados con el sindicato. Un operativo saldado con cuatro detenidos (ahora en libertad con cargos) y la incautación de elevadas cantidades de dinero en efectivo, coches de lujo y propiedades. En el momento de las detenciones, la extrabajadora de STL, Ximena Romero y la mujer del secretario de STL y gerente de Imprego (una empresa vinculada a STL), Cristina Martínez, también fueron detenidas. Tras las indagaciones policiales se comprobó que si alguien no accedía a los pagos de "mordidas", no se le permitía entrar en la plantilla y si dejaba de pagar, era despedido bajo cualquier pretexto.

Tras lo sucedido, Jorquera reivindica ahora que "os criterios de contratación do persoal e de promoción interna teñen que ser equitativos e transparentes, non son competencia dun grupo nin dun señor. Son competencia da concesionaria e o concello ten que velar pola equidade e transparencia nos criterios de contratación", aseguró esta mañana. A su vez, en el pleno del 7 de julio del 2022 el BNG registró una pregunta escrita en la que exponen que ponían en conocimiento del gobierno de Inés Rey "feitos de extrema gravidade nestes servizos" y se preguntaba al gobierno municipal si se iba a abrir una investigación y a tomar las medidas oportunas.

Unos hechos que señalan que se centran en "falta de equidade e transparencia na política laboral", además de "prácticas que manifestamente atentaban contra o dereito de liberdade sindical e os dereitos fundamentais das persoas", dicen los nacionalistas, sobre lo que matizan que se trataba de "acoso, amenazas y daños a las propiedades que sufrieron los trabajadores que se dieron de baja en el sindicato mayoritario de los servicios de limpieza". Esta información, según Jorquera, fue aportada por sindicatos diferentes a la CIG (que recientemente ha solicitado personarse como acusación particular en el caso STL) y denuncian desde el BNG que estos datos "non tiveron nunca unha resposta clara por parte do goberno local".

"Resposta tardía e contradictoria"

Tras siete meses desde la presentación de la pregunta escrita del BNG, tuvo lugar una investigación judicial y las detenciones y registros pertinentes, y el BNG critica que en este proceso el gobierno de Inés Rey "tivo unha actitude vacilante e unha resposta tardía e contradictoria". En este sentido, apuntan a que en un primer momento desde el gobierno local se manifestó que no se iniciaría una investigación interna, algo que cambió semanas después con el anuncio de que el gobierno municipal se personaría en la causa. "Son feitos de extrema gravidade que requiren unha resposta contundente", dijo Jorquera.

El líder de los nacionalistas coruñeses hizo hincapié en que tras el inicio del proceso judicial contra STL, solo denunció los hechos en pleno el BNG y que mientras "non houbo reaccións do goberno municipal nin dos grupos". "A partir da nosa intervención houbo xa unha cadena de intervencións públicas", concreta. A preguntas sobre su punto de vista acerca de si otros grupos municipales que estuvieron en la alcaldía tenían conocimiento de determinadas prácticas del sindicato de limpieza, ha opinado, apelando a la prudencia, que cree que sí había conocimiento, e instó a que estos hechos "sexan investigados en ámbito político".

Asimismo, Jorquera concluyó argumentando que "á marxe das actuacións xudiciais, que dirimirán as presuntas responsabilidades penais, o concello ten a potestade e a obriga de velar pola correcta prestación destes servizos, incluíndo a verificación de que as concesionarias ás que corresponde a contratación cumpran coas obrigacións previstas nos pregos dos contratos e a igualdade de oportunidade no acceso ao emprego".