Los funcionarios de Justicia de A Coruña seguirán convocando paros generales en mayo

Esta mañana los funcionarios de la Administración de Justicia de A Coruña se han vuelto a manifestar a las puertas de los juzgados.

Buscan la paralización de la tramitación parlamentaria de la Lei Orgánica de Eficiencia Organizativa (LOEO) y ante la "falta de capacidad negociadora del Ministerio de Justicia" convocarán más jornadas de paro general desde el 4 de mayo. A estas movilizaciones se unirán las de jueces y fiscales, que anunciaron ir a huelga general desde el 16 de mayo.

El representante de UGT Sergio Ribeiro cifraba el seguimiento en A Coruña de entre un 15-20%, siendo en Galicia del 25%, "no es el seguimiento esperado", declaró. Estas movilizaciones están convocadas por los sindicatos CSIF, STAJ, CCOO y UGT y esta huelga surge a raíz del acuerdo de los letrados de justicia con el Ministerio, con la que lograron una subida salarial que ahora reclaman los funcionarios de los cuerpos generales de justicia. En este caso, centran sus reclamaciones en la LOEO, una ley "muy perjudicial para los ciudadanos y trabajadores que no fue negociada con la parte social", explican. Además, reclaman un reparto de las funciones.

Piden la dimisión de la Ministra de Justicia

Desde los sindicatos critican la "falta de negociación" del Ministerio de Justicia: "Están jugando al desgaste con nosotros y pedimos la dimisión de la Ministra", declaró Ribeiro. Sobre las reuniones que ya tuvieron explicó que fueron de "tanteo", sin propuestas sobre la mesa. Convocarán paros generales en toda España el 4 de mayo, para seguir posteriormente los días 11, 12, 13, 16, 17 y 18, a nivel nacional. "Tenemos a la vista una huelga de jueces y fiscales que atienda a la bola de nieve que se le puede montar en los juzgados teniendo en cuenta la cantidad de suspensiones de los últimos mes", explicaron.

¿A qué afecta la huelga?

La incidencia de la huelga abarca: declaraciones, notificaciones, citaciones, comparecencias, juicios, embargos, desahucios, diligencias del registro civil e institutos de medicina legal y de toxicología. "Se están viendo afectados, siempre bajo el respeto al cumplimiento de los servicios mínimos que garantizan la atención a las víctimas más vulnerables y a la garantía de los derechos fundamentales", subrayaron representantes de los sindicatos de funcionarios gallegos.