El Consorcio das Mariñas y el Concello da Coruña se reunirán el próximo lunes para tratar el contrato de Nostián, pendiente de licitar. Lo municipios de forman parte de la entidad advirtieron la semana pasada al ayuntamiento coruñés que si no presentaba algo "consistente, serio" y con futuro antes de 10 días (que justo terminan el 29 de enero), tomarían sus propias decisiones.

Fuentes municipales han confirmado a Quincemil que el próximo lunes se reunirán con el Consorcio das Mariñas para hablar sobre el contrato de Nostián y "solventar todas las dudas que pueda haber". El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) anuló el contrato de recogida de la basura, por lo que ahora ambas partes trabajan para poder seguir con el servicio de forma conjunta.

"La decisión del Tribunal Superior, que se acaba de ratificar, lo que ofrece es una oportunidad. Quiero recordar que el Gobierno municipal que yo presido lo que hizo en el anterior mandato fue terminar un trámite que estaba ya prácticamente finalizado, simplemente adjudicando ese contrato una vez que se había sacado la licitación con el anterior Gobierno", señaló ayer la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey.

La regidora señaló que su Ejecutivo solo había adjudicado el contrato según los parámetros que la mesa de contratación había determinado. "Después otra empresa ha recurrido y los tribunales han determinado esta cuestión. Lo que hacemos es acatar y respetar las sentencias. Ya lo ha comentado el teniente de alcaldesa: es una oportunidad para mejorar el servicio y hacer una nueva licitación", concluyó la alcaldesa.

El PP pide retirarle las competencias a Lage Tuñas

El PP de A Coruña, por su parte, presentará una moción en el pleno del 1 de febrero en la que insta a Inés Rey a retirar las competencias de contratación al concejal delegado, José Manuel Lage Tuñas, "por responsabilidad política" en los contratos de Nostián y recogida de basura. "Tiene que retirarle estas competencias porque ha demostrado su incompetencia", señala el portavoz popular, Miguel Lorenzo.

"Hay que exigir responsabilidades políticas porque la planta de tratamiento lleva sin contrato desde hace cuatro años y sin perspectivas de licitar el nuevo y el TSXG acaba de anular el de recogida, por importe de casi 100 millones de euros, que adjudicó el gobierno socialista en octubre 2020", señala Lorenzo, que acusa a la regidora de no querer asumir responsabilidades.