La galería de Vigo que presentó oferta por los murales de Lugrís de la calle Olmos ha retirado su oferta de 40.100 euros. Hasta el momento era la puja más alta, por delante de los 36.000 que comprometía un particular y los 35.000 que ofreció la Xunta de Galicia. Este paso atrás se debe a la incoación del expediente de Bien de Interés Cultural iniciado por el Gobierno autonómico.
Así se lo ha confirmado a Europa Preess el propietario de la galería viguesa, Víctor Montenegro. El empresario asegura que no quiere "interferir en el desarrollo de la operación" después de conocerse que el Gobierno gallego publicará mañana mismo en el DOG la incoación del expediente.
La decisión la ha tomado después de que la Xunta anunciase que iniciaría el proceso para declarar los 12 ubicados en el antiguo restaurante de la calle Olmos como BIC bajo la categoría de monumento. Tras esta novedad en el procedimiento, el Juzgado de lo Mercantil número 3 de A Coruña tendrá que valorar las tres ofertas restantes: la de un particular, por 36.000; la de la Xunta, por 35.000 euros; y la empresa interesada en adquirir los inmuebles, por 30.000.
"Nuestra idea era ofertarlos al Museo de Bellas Artes"
El propietario ha explicado que "nuestra idea era que se repararan y no se perdieran y ofertarlos al Museo de Bellas Artes". Una estrategia que perdería el sentido tras la incoación como BIC y la propuesta de la propia Xunta de Galicia de trasladar los frescos al Museo de Bellas Artes.
En su conversación con Europa Press el empresario, explicó que, de no lograr efectuar la compra al Museo de Bellas Artes, su intención era ofertarlos a otros museos de Galicia o de España. De tampoco lograr esta vía pasaría a intentar trasladarlo a una fundación y, en último caso, venderlo a coleccionistas privados.
No obstante, ha afirmado que ante el proceso para declararlos BIC y la voluntad de trasladarlos al Museo de Bellas Artes, de ser la opción elegida, no quiere "interferir" en el proceso. "Me parece correcto", ha argumentado sobre esta posibilidad. Ahora será el juzgado, tras un informe que deberá emitir el administrador concursal al estar en concurso de acreedores la empresa propietaria, el que tome la decisión.