El alcalde de Abegondo, José Antonio Santiso, ha impulsado una nueva reunión de los Concellos gallegos afectados por el paso de la AP-9. La cita tuvo lugar este jueves 24 de octubre en la casa consistorial abegondesa, con la participación de un total de 22 ayuntamientos.
Acudieron Abegondo, Ames, Bergondo, Betanzos, Cabanas, Cambre, A Coruña, Ferrol, Mesía, Miño, Mos, Narón, Neda, Oleiros, Ordes, Oroso, Paderne, Padrón, Pontedeume, Portas, Teo y Valga. Estaban confirmados, pero finalmente no pudieron asistir Culleredo y Pontecesures.
Los Concellos decidieron constituirse en asociación de afectados para "reivindicar nuestros derechos tras 50 años de agravios", apuntó Santiso. El trabajo se empezará de inmediato con la redacción de los estatutos, que tendrán que ser aprobados por cada ayuntamiento integrante. Se trasladará esta posibilidad al resto de Concellos por los que pasa la AP-9 aunque hoy no acudiesen por si quieren sumarse.
Cobro de atrasos del IBI, actualización catastral y petición de bonificaciones
Con esta agrupación, son tres frentes por los que lucharán los ayuntamientos afectados. En primer lugar se buscará el cobro de atrasos del IBI. Corresponden a los últimos cuatro meses del año 2023, desde que en agosto finalizó la exención del 95% que la concesionaria tenía por una ley de la época franquista.
Las administraciones recaudatorias, que en la mayoría de los casos son las Diputaciones, aplicaron el cobro del 100% sólo desde enero del 2024, al considerar que el devengo se realiza por año natural. Pero tomando como base que el Concello de Valga acaba de lograr cobrar también esos cuatro meses últimos de 2023 solicitándolo de forma individual, se tratará de pedir lo mismo.
El alcalde de Pontedeume, y miembro del gobierno provincial de A Coruña, Bernardo Fernández, avanzó que se estudiará esta reclamación. Se calcula que el 95% no cobrado de esos cuatro meses a nivel Galicia supondría una cifra de 2,2 millones
En segundo lugar, la asociación defenderá ante el Catastro la actualización catastral de las infraestructuras de la AP-9 y apuntan que la última data de 2007. "Si la mayoría de los ciudadanos experimentó una actualización de sus propiedades, también es justo que se extienda a la autopista. Esto redundaría en un incremento de la cuantía del IBI", subrayan.
En tercer lugar, los Concellos explorarán la vía de petición de bonificaciones a sus ciudadanos por el uso de la AP-9. Servirán de ejemplo otros casos, como el de Navarra, que está establecida a las personas empadronadas. Asimismo, con esta acción, los Concellos han dejado claro que "quieren hacer fuerza conjunta" en la causa.