La Casa Cornide de A Coruña es inmueble que ha sido declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en 2023, una consideración que implica su apertura al público general para visitas, algo que no se está cumpliendo. Los responsables son la familia del dictador Francisco Franco, que defienden que ellos son los "propietarios de buena fe" de la Casa Cornide de A Coruña y que la han usado de forma "pública, pacífica, ininterrumpida y en concepto de dueños" desde hace 62 años.
El origen de este conflicto se deriva a acuerdos plenarios que, en 1962, llevaron a la adquisición del inmueble por parte de Pedro Barrié de la Maza y su posterior cesión a la familia Franco. A día de hoy esto deriva en problemas y ante la negativa de los Franco a abrir el inmueble ha sido propuesta por parte de la Xunta una sanción leve de 3.000 euros. Fuentes de este organismo han determinado que "están evitando abrir, razón por la que se les multa".
Las mismas fuentes concretan que se ha notificado una propuesta de resolución y que ahora la familia del dictador tiene un plazo de 15 días para presentar alegaciones. Paralelamente, la Xunta ha solicitado en un escrito a los familiares del dictador antes del verano la apetura del inmueble declarado BIC y el gobierno local ha iniciado trámites para recuperar para el patrimonio municipal el edificio, cuya propiedad ostentan los Franco.
Asimismo, ante la negativa de abrir la Casa Cornide hace unos meses ha presentado una queja al respecto la Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica da Coruña, que la valedora do Pobo, María Dolores Fernández Galiño, recordó en su momento a la Xunta que era de obligada respiesta.
Debido a la tardanza para poder visitar la casa Cornide en A Coruña, la valedora do Pobo, María Dolores Fernández Galiño, ha recordado a la Xunta la obligatoriedad de respuesta que tiene ante una queja presentada por la Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica da Coruña por la ausencia de visitas a la Casa Cornide, propiedad de la familia y que fue declarado Bien de Interés Cultural en mayo de 2023.
Esta misma entidad presentó a mediados de abril una queja formal ante el Alto Comisionado del Parlamento gallego para que intercediese ante la Consellería de Cultura ante el incumpliento de la ley que obliga a los propietarios de BIC a permitir visitas durante, al menos, cuatro días al mes.