El Concello de A Coruña no tendrá que hacer un desembolso económico para hacerse con la antigua prisión provincial de A Coruña, conocida como la antigua cárcel, en las inmediaciones de la Torre de Hércules, monumento Patrimonio de la Humanidad.

Esto se debe a una sentencia emitida este miércoles 6 de noviembre por el Juzgado de Primera Instancia número 5 de A Coruña, que determina que el convenio entre Concello de A Coruña (en aquel entonces dirigido por Paco Vázquez) y el Estado firmado en 2005 sobre este inmueble histórico es ilegal.

La principal razón para esta determinación y que el gobierno local no tenga que abonar a la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado (SIEPSE) los 2,8 millones de euros que exigía el año pasado, es que los terrenos cedidos en 2005 son de interés público, por lo que no hay posibilidad de cesión legalmente, aunque así se haya hecho en su momento.

Fuentes municipales detallan que este acuerdo bilateral consistía en que el Concello de A Coruña cedió al Estado los terrenos que actualmente ocupa el Centro de Inserción Social Carmela Arias y Díaz de Rábago, a pocos metros de la antigua cárcel, a cambio de que la prisión pasase a manos del gobierno coruñés meiante el pago de un millón de euros. Los sucesivos gobiernos locales que pasaron por el Palacio de María Pita después de 2005 rechazaron lo acordado, mientras el Supremo apoyó el convenio.

Por su parte, en este contexto Prisiones presentó una demanda para exigir al Concello coruñés el importe correspondiente a las obras realizadas en el centro de inserción y al mantenimiento de la antigua cárcel (como un servicio de seguridad privada), lo que se elevaba a uan cantidad de 15 millones de euros.

Esto supone, según apuntan desde el Ejecutivo de Inés Rey, una "vuelta al punto de partida" en las negociaciones sobre la antigua cárcel, ya que es manifiesto que el gobierno local herculino quiere hacerse con este inmueble y que sea de titularidad municipal.

Es de destacar, que hasta que no se negocie de nuevo entre las partes próximamente, actualmente el Concello de A Coruña es el propietario del suelo cedido al Estado y el Estado de la antigua prisión provincial.

Cesión gratuita

En enero de 2023, BNG, PP y Marea Atlántica defendieron una moción en la que pedían al Concello de A Coruña que renegociase la cesión gratuita del inmueble una vez fuese restaurado por su actual titular, la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios. La moción fue rechazada por el PSOE y la propuesta municipal pasaba por el pago de 2,3 millones de euros para su recuperación.

Los grupos, además, pidieron al Gobierno local que abriese a la participación ciudadana los posibles usos del inmueble. Organizaciones como Defensa do Común defendieron que la antigua prisión podría acoger diversos usos como un espacio para la interpretación de la Torre de Hércules, una zona de fomento de la creación y apoyo a la producción cultural o un espacio de atención a la Memoria Histórica.

La antigua cárcel provincial fue construida en unos terrenos adquiridos por el concello por 19.000 pesetas y cedidos al Gobierno central en 1925. Inaugurada en 1927, la prisión ocupa una parcela de 12.792 metros cuadrados y tiene una superficie construida de 7.178 metros cuadrados, según datos proporcionados por Defensa do Común.

Asimismo, el PSOE que gobernaba la ciudad en 2005 firmó un convenio con la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y Seguridad del Estado (Siepse) comprometiéndose a pagar 1,12 millones de euros al Ministerio de Interior y a ceder una parcela de 9.000 metros para construir el Centro de Reinserción Social.

Los reclusos fueron trasladados finalmente a Teixeiro, pero el concello no pudo disponer del terreno porque el Ejecutivo exigía el pago de la cantidad comprometida.

Estado de abandono y vigilancia

La antigua cárcel de A Coruña en julio de 2023 pasó a tener vigilancia 24 horas tras ser desalojado del interior un hombre que residía en el inmueble y que incluso llegó a ofrecer visitas. Se procedió al desalojo y se comprobó el estado del edificio por parte del personal técnico de la Policía Nacional y de la Policía Local, junto a los Bomberos de A Coruña, que evaluaron el interior y determinaron que, por seguridad, lo mejor era restringir el acceso.

Una llamada alertó en aquel momento a los diferentes servicios y los efectivos desplazados indicaron que el edificio tenía cierto deterioro estructural, aunque no muy grave, pero sí que existía un riesgo de caída de cascotes y constituía "un polvorín", ya que se encontraron apilados colchones y zonas con gran cantidad de basura, vegetación y hasta mobiliario oxidado.

Otros incidentes en los últimos años giraron sobre la presencia de okupas en el interior e incluso algunos pequeños incendios. Asociaciones como Proxecto Cárcere llevan más de una década reclamando una vida mejor para el edificio y expusieron hace meses que el acuerdo concello-estado "chega tarde" porque en estos años "o edificio foi tremendamente maltratado", sobre todo por sufrir vandalismo en multitud de ocasiones, lo que provocó numerosos destrozos en su interior.

ICOMOS-España, representación nacional de la organización internacional no gubernamental asociada con la UNESCO que promueve la conservación, protección, uso y desarrollo de los monumentos, llegó a enviar durante este largo proceso judicial un escrito al Concello de A Coruña donde le pidió medidas preventivas para que se implementase la normativa que tutela al edificio histórico. 

Asimismo, en relación al coste de rehabilitación del inmueble, la alcaldesa Inés Rey manifestó hace algún tiempo que "los pagos y los usos futuros ya se concretarán cuando toque", aunque aseguró que el presupuesto será "elevadísimo"

Ejemplos exitosos de rehabilitación

Este edificio tiene ejemplos cercanos de rehabilitación exitosa como el proyecto presentado a los fondos europeos Next Generation para la cárcel de Tui (Pontevedra), que rehabilitará el interior del edificio, declarado Bien de Interés Cultural en 1967, para adaptarlo y transformarlo en un lugar de recepción de peregrinos. Otro sería el de la vieja cárcel de Lugo, que fue sometida a una rehabilitación completa mediante el plan Urban, cofinanciado por la UE, el Concello y la Diputación y que alberga exposiciones, salas dedicadas al uso de artistas y asociaciones, biblioteca y hasta un auditorio con casi 150 butacas.