Frente a la Torre de Hércules de A Coruña, patrimonio de la humanidad, las ruinas de una antigua prisión olvidada manchan el orgullo monumental de la ciudad, afean un extenso Paseo Marítimo que empezó a construirse hace más de 30 años y en el que las distintas mejoras y servicios realizados a lo largo de su trazado no han tenido reflejo en ese punto negro frente al faro romano.

La cárcel provincial abandonada es una herida con gangrena por la que el Ayuntamiento y el Estado han litigado en los tribunales, sin futuro definido a la vista, protagonista de nuevo de un último capítulo judicial que vuelve a enfrentar a las administraciones en un paso atrás (nunca ha parecido que los hubiera adelante) de un asunto condenado a la incertidumbre.

¿Qué querrían hacer el Estado y el Ayuntamiento con la titularidad garantizada del terreno en el que se asienta la cárcel? Ni una parte ni otra se han pronunciado. Es difícil que lo tengan claro respeto a un inmueble severamente deteriorado en toda su dimensión, cuya restauración obligaría a realizar un desembolso millonario que no parece prioritario para ninguna administración y que depende de un recorrido judicial que aún no ha terminado.

Un juzgado de A Coruña acaba de anular el convenio del año 2005, durante el mandato municipal de Francisco Vázquez, por el que el Ayuntamiento recuperaría la parcela municipal cedida al Estado para construir la prisión a cambio de 1,2 millones de euros y la finca que ocupa en la actualidad, a pocos metros de distancia, el Centro de Inserción Social (CIS) Carmela Arias y Díaz de Rábago. Este fallo judicial no es firme, puede ser recurrido por la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado (Siepse), propietaria del edificio.

A día de hoy, con esta última sentencia, el futuro de la cárcel, aún lejos de resolverse, vuelve a un punto de partida que puede librar al Concello de tener que pagar por la instalación. De momento la alcaldesa, Inés Rey, ha pedido al Estado que no recurra el fallo para no alargar un proceso que parece interminable, aunque también admite que su administración no podría asumir el coste de rehabilitar el edificio si finalmente acaba siendo su titular. Repasamos en Quincemil las etapas claves del conflicto.

Una cárcel que nadie usa

El enfrentamiento entre Estado y Concello ha dado lugar a resoluciones judiciales que han impedido a los gobiernos de A Coruña obtener la reversión gratuita de la prisión de la Torre, que en 2014 promovió el alcalde del PP Carlos Negreira. Otros tres ejecutivos de distinto color (Marea Atlántica y PSOE) le sucedieron con las mismas intenciones respecto al penal, pero la cárcel sigue como estaba. Peor incluso, ha habido algún pequeño incendio y allanamientos, y la seguridad de la estructura es más que dudosa. En los últimos años ha habido servicio de vigilancia de manera interrumpida; actualmente lo hay.

La prisión, abierta en 1927, dejó de tener uso penitenciario en 1998, al convertirse en centro para presos que solo acudían a pasar la noche. Así se mantuvo hasta 2009, una vez construido el CIS en las inmediaciones. La Siepse cerró el edificio debido a la acumulación de desperfectos. Desde entonces solo se reabrió alguna parte para usos ciudadanos promovidos por el Concello y por colectivos en el mandato del Gobierno del PSOE y el BNG (2007-2011) y más tarde en el de Marea (2015-2019).

Del convenio a la reversión gratuita

El acuerdo firmado por Vázquez con el Estado en 2005 establecía que la cárcel provincial sería devuelta al Concello, para lo cual este debía abonar 1,2 millones. El Gobierno del PP quiso recuperar el penal sin tener que pagar y propuso cambiar el acuerdo de hace 19 años mediante una revisión de oficio con el argumento de que el convenio era lesivo para los intereses municipales. Las alegaciones de la Siepse fueron desestimadas por el Gobierno local, que acordó en 2014 declarar la nulidad de pleno derecho del acuerdo suscrito con el Ministerio del Interior.

La Siepse presentó demanda civil en un juzgado coruñés, proceso que fue suspendido pero que motivó un recurso contencioso-administrativo contra la declaración de nulidad del convenio ante la Audiencia Nacional, que en 2016 anuló la resolución municipal y obligó al Concello a pagar 1,2 millones para recuperar la cárcel.

El órgano estatal también recurrió en el juzgado el acuerdo del Ejecutivo local para la reversión gratuita de la parcela cedida por el Ayuntamiento al Estado un siglo antes para la construcción de la cárcel. La estimación del recurso fue apelada por el Concello, pero el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) tumbó la apelación municipal.

Reapertura efímera

Con Marea en María Pita, el Concello solicitó al Estado una cesión temporal de la cárcel para que el edificio acogiese actividades culturales mientras la titularidad se debatía aún en los tribunales. La Siepse aceptó con la condición de repartirse al 50% con el Gobierno local los 300.000 euros necesarios para la rehabilitación de parte del inmueble. El colectivo Proxecto Cárcere, que en 2010 ya defendía la recuperación de la prisión para uso ciudadano, ganó en 2017 un concurso público para asumir su gestión temporal, proceso polémico que el PP de A Coruña llevó a los tribunales por supuesta adjudicación irregular.

Proxecto Cárcere inició su gestión en el verano de 2018, que solo duró cuatro meses al advertir la Xunta al Concello de que se habían realizado obras no autorizadas en el penal. La prisión volvió a cerrar. Y a mediados de 2020 el Tribunal Supremo acabó con el deseo del Ayuntamiento de recuperarla para su patrimonio: una sentencia firme ratificó el fallo de la Audiencia Nacional de cuatro años antes tumbando el recurso de casación, al estimar que el Concello se contradecía por adoptar decisiones que hacían efectivo el acuerdo de 2005 mientras a la vez solicitaba su anulación para evitar pagar los 1,2 millones de euros.

Negociación sin respaldo

Concello y Estado se sentaron a la mesa para acordar en 2021 el cumplimiento de la sentencia. El proceso fue archivado provisionalmente y las partes pactaron extrajudicialmente aplicar una quita de medio millón de euros que no liberaba al Concello de tener que pagar 2,3 millones, incluidos 1,1 en concepto de intereses, por conseguir la titularidad del edificio. 

Este acuerdo económico pasó por el Pleno municipal a finales de 2022 y fracasó: PP, BNG y Marea (entonces en la Corporación) votaron en contra y exigieron la reversión gratuita. El Gobierno local, a la espera del cumplimiento del fallo judicial, dijo que volvería a negociar con el Estado, aunque la Siepse llevó de nuevo el asunto a los tribunales para reclamar las cantidades acordadas, intereses, daños y perjuicios y otros 14 millones por la construcción del CIS.

¿Qué se puede hacer con la vieja cárcel?

La última sentencia, la del juzgado coruñés, no acepta las pretensiones del Estado y anula el convenio del mandato de Vázquez invalidando la permuta de las parcelas de la cárcel y el centro de inserción social, al entender que esta es de dominio público y no un bien patrimonial. La resolución, que no es firme, abre un escenario que no abandona la incertidumbre perpetua que acompaña a la antigua prisión porque el penal sigue estando en manos del Estado.

Sea de una u otra administración, sigue sin saberse qué futuro le depara al ruinoso edificio. En sus años de abandono hubo voces que sugirieron que la cárcel se recuperase como parador, museo de memoria histórica y polo para el sector audiovisual. Cualquiera que sea su nuevo uso, si lo acaba teniendo, será demasiado caro tanto para las arcas del Estado como del Ayuntamiento.