El Tribunal Supremo (TS) ha ratificado los siete años de inhabilitación para cargo público a los que fue condenado Antonio Pensado, alcalde de Coristanco entre los años 1991 y 2015. La condena ha sido firme por prevaricación, al autorizar a una empresa en 2012 a que almacenara residuos de demolición y construcción en una finca.

La Sala de lo Penal ha rechazado el recurso presentado como acusación particular por un empresario que se consideró afectado por esta actuación, en una sentencia que ha sido recogida por Europa Press.

El antiguo regidor de Coristanco fue condenado en el año 2022 por la Audiencia Provincial de A Coruña, ya que dicha autorización no se incluía dentro de sus competencias como alcalde, sino que correspondían a la consellería de Medio Ambiente de la Xunta. A esto se añadió que llevó a cabo los hechos al margen de cualquier tipo de expediente y sin valorar el impacto medioambiental.

Los magistrados entendieron que Antonio Pensado actuó "concertadamente" con los empresarios "para tratar de dejar sin efecto" las sanciones del gobierno autonómico por el depósito de materiales no autorizado. Sin embargo, fue absuelto de los demás delitos de prevaricación que le imputaba la Fiscalía, además de el de falsedad.